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Luego de la masiva movilización docente, estatal y municipal del viernes 29 contra del plan de reformas ajustadoras que impulsa el gobierno de Raúl Jalil, el martes 2 de junio se produjo una gran autoconvocatoria docente que se constituyó en asamblea y marchó alrededor de la plaza central.
Mientras los docentes daban pasos consistentes para superar la política colaboracionista de las burocracias de los sindicatos docentes, en el gobierno tomaban nota del proceso de lucha que, como reguero de pólvora, se iba extendiendo a lo largo y ancho de la provincia.
Inicialmente el gobierno había formado una comisión reformadora del Estatuto Docente cuya función era la de elaborar un proyecto de ley. A dicha comisión se habían integrado en forma inconsulta los dirigentes de los seis sindicatos docentes de la provincia. Cuando comenzaron a florecer los pronunciamientos de repudio y las primeras movilizaciones en el interior, la mayoría de los dirigentes se retiraron de la Comisión Reformadora, procurando reacomodarse ante el descontento en las bases. Días después, el gobierno anunció que la reforma del Estatuto Docente se iba a materializar en conjunto con el resto de la reforma del Estado provincial, por lo cual la cuestión docente la pasaban a esfera del ministerio de Gobierno y procedía a formar una secretaría específica para elaborar los proyectos de reforma estatal.
Toda esta voltereta duró muy poco. El mismo día que se producía la asamblea autoconvocada de la docencia, la Intersindical docente era convocada desde la gobernación. La burocracia de los sindicatos docente volvía a reunirse con los funcionarios y como resultado de ello, salieron a proclamar que el gobierno había dado marcha atrás, que se había comprometido a respetar los derechos adquiridos, que la reforma era para los nuevos docentes, que toda discusión se iba a desenvolver en el marco de las paritarias.
En otras circunstancias, estas declaraciones hubieran servido para calmar las aguas. Viniendo de una dirigencia que no ha movido un dedo por la cuestión salarial (los salarios se mantienen inalterables desde el mes de diciembre) y tampoco frente a los atropellos del sobre trabajo y los costos de la enseñanza online desde que se suspendieron las clases presenciales, en forma inmediata se expresó en las redes la desconfianza (“que den a conocer el acta acuerdo”) y luego el repudio (“es más de los mismo”).
Las declaraciones del día siguiente de parte del ministro de Educación despejaron las dudas, al confirmar que el gobierno mantiene en pie todo su proyecto de ataque a las conquistas contenidas en el Estatuto.
La autoconvocatoria y las perspectivas
La asamblea autoconvocada del 2 de junio, concretada desde las redes, concentró a más de doscientos docentes, mayoritariamente de la capital, pero también de las localidades de Valle Viejo y de Fray Mamerto Esquiú. Unos tras otros, los docentes tomaron la palabra para presentar sus puntos de vista y propuestas. En la asamblea se desenmascaró los propósitos del gobierno de arrasar con cuestiones vitales de los derechos docentes, tanto salariales como laborales.
Las resoluciones fueron votadas a mano alzada y de manera unánime. Se reivindicó la lucha contra la reforma del estatuto que se expresa en toda la provincia.
Se votó impulsar un plan de lucha y la necesidad de una lucha de conjunto, por eso se aprobó impulsar una coordinadora provincial para unificar las acciones que casi a diario se producen en distintos puntos de la provincia.
Ese mismo día, en simultáneo con la asamblea autoconvocada se producían movilizaciones docentes en la ciudad de Belén y en Paclín.
Finalmente se definió una nueva acción de lucha mediante una nueva autoconvocatoria para el viernes 5, esta vez en las inmediaciones del predio de la administración pública provincial.
La rebelión de los trabajadores contra la política ajustadora del gobierno del Frente de Todos catamarqueño se va consolidando. ¡Adelante!
