Pullaro, garante del oscurantismo y el Estado clerical

La sanción de la nueva constitución provincial fue presentada como la consagración de un “Estado laico”, es decir, definitivamente separado de los diferentes cultos religiosos.

Lo que no dicen los abanderados de ese supuesto “laicismo” es que la cláusula que reivindican fue mocionada por un pastor evangélico. Se trata de Walter Ghione, quien, además, es diputado provincial del oficialismo gobernante. Desde el comienzo de la gestión del gobierno se viene ejecutando un trabajo silencioso, pero sistemático, de bloqueo a las conquistas de la salud reproductiva y el dinero que se le retacea al sistema público de salud abunda a la hora de privatizar la asistencia social y sanitaria, nuevamente, en favor del clero.

La cláusula mencionada “no establece religión oficial”, pero, a renglón siguiente, señala que la relación entre el Estado, la iglesia católica y “los cultos legalmente reconocidos” se rige “por autonomía, igualdad, no discriminación, cooperación y neutralidad”. La nueva Constitución no separa al Estado de la religión; por el contrario, lo compromete con todos los cultos y no sólo con la Iglesia católica. En realidad, el texto legaliza una colaboración del Estado provincial con la Iglesia evangélica que, en los hechos, Pullaro viene ejecutando desde mucho antes de esta votación. Pullaro ha participado de actos, marchas y manifestaciones con este culto, que es la “vanguardia” de la reacción política en materia de libertades y derechos reproductivos.

Aborto legal y salud reproductiva

El bloqueo a la implementación de las leyes relacionadas con la salud sexual reproductiva se ejerce desde los primeros pasos de la gestión. En 2023, profesionales de este área han llevado adelante trabajos de investigación dirigidos a actualizar los contenidos de la formación profesional de Enfermería, en relación a la salud sexual y a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Pero estas investigaciones fueron silenciadas y bloqueadas por los funcionarios de Pullaro, para “no relacionar a la provincia con el Aborto” (sic). Además, no se ha hecho nada, por ejemplo, para publicitar los derechos de acceso de personas con capacidad de gestar al aborto legal. A ello se suma el desguace de la dirección de salud sexual de la provincia, que gasta sus escasos recursos en propagandizar “logros” inexistentes mientras desmantela servicios esenciales. Por caso, fusionaron la dirección que se encarga de lo más sensible y vulnerable -infancia y adolescencia- con la dirección de salud sexual integral.

Una de las evidencias más lacerantes de este abandono es el recrudecimiento de la sífilis, una enfermedad de transmisión sexual que se encontraba en vías de erradicación. Aunque es frecuente escuchar a los funcionarios culpar a los jóvenes por “conductas imprudentes”, lo cierto es que toda la política estatal ha creado el marco para esta recidiva.

No se implementa la Educación Sexual Integral (ESI), si no se promociona el uso de preservativos ni se los distribuye; tampoco se capacita al personal de salud, el cual atraviesa condiciones de trabajo precarias y salarios de hambre. Mientras tanto, estos trabajadores hacen malabares para asistir a la mayor demanda, que tiene lugar en medio de la vulneración constante de necesidades básicas de alimentación, educación o vivienda, entre otras.

Privatización de la asistencia social

Acaba de denunciarse la remisión de la friolera de 1.000 millones de pesos a una ONG recién fundada -la Asociación Perseverar, sin trayectoria alguna, supuestamente dedicada al tratamiento de las “adicciones”. Nuevamente, entre los directores de esta asociación están allegados al “pastor de Pullaro”, Walter Ghione. Mientras las agencias estatales abocadas a este tema desfallecen en recursos, el presupuesto provincial viene alimentando a un largo listado de “asociaciones” ignotas y ligadas al evangelismo. El “tratamiento de adicciones” es la pantalla para la penetración de la reacción política y religiosa en los barrios y, naturalmente, para el reforzamiento de una caja con ese fin.

Ninguno de los partidos del régimen ni sus personeros -provengan del Partido Socialista o del peronismo- han cuestionado al falso laicismo de la nueva Constitución, que encubre a una fantástica penetración clerical en la vida social. Naturalmente, los agentes de la iglesia católica miran para otro lado, porque protegen sus propios vínculos políticos y financieros con el Estado.

La indefensión de la mujer trabajadora santafecina, en relación a sus derechos reproductivos, es parte de la extraordinaria degradación social que envuelve a la provincia. Esa degradación se dispara desde la miseria salarial, la precarización en el trabajo y el hacinamiento habitacional. El primero de los derechos reproductivos, el derecho a la maternidad, está cuestionado. Los partidos capitalistas se aferran a la reacción clerical para perpetuar ese estado de cosas. La emancipación en todos los planos de la mujer trabajadora está asociada a la emancipación de la clase obrera y a una verdadera salida socialista.