Tiempo de lectura: 22 minutos
Desde el 7 de octubre de 2023, medios de comunicación y gobiernos de todo el mundo no han dejado de caracterizar a la incursión de Hamás en el sur de Israel como un “ataque terrorista”; lo mismo hizo la mayor parte de la izquierda internacional, así como en Argentina (‘lo justificamos por la opresión que los palestinos sufren desde décadas, pero no lo apoyamos’). El asalto del 7 de octubre no tuvo, sin embargo, esas características. De aquella jornada no participó sólo Hamás, sino por lo menos cinco organizaciones armadas y un número indeterminado de civiles palestinos. No se ha determinado qué rol ocupó cada uno en el ataque, ni si los protagonistas actuaron en forma concertada (algo improbable dado el sigilo que requiere una operación semejante). La organización Human Rights Watch asegura que se trató de una masacre contra 1.200 civiles asesinados y violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, el gobierno israelí ha bloqueado, hasta el presente, cualquier investigación concretas de los hechos.
Hamás y otros grupos armados de la Franja de Gaza habían protagonizado una operación relámpago que no tiene precedentes. El propósito era incursionar en bases militares israelíes con el objetivo de capturar rehenes con la expectativa de intercambiarlos con algunos de los miles de prisioneros palestinos que sufren torturas y vejámenes en Israel desde hace años, sin ningún proceso legal. El canje debería levantar el espíritu político de las masas y reforzar la autoridad de sus actores. Unos seis meses antes, el ejército sionista había irrumpido en el sur de Gaza, asesinando a centenares de palestinos. En 2011, Hamás había logrado canjear un soldado israelí, Gilad Shalit, a cambio de 1.027 prisioneros palestinos, cuando contó, asimismo, con el apoyo de Hizbollah, que reaccionó militarmente a los ataques de Israel contra Gaza. Cualquier tipo de “masacre” premeditada o violaciones a los derechos humanos contra población israelí echaría por tierra este objetivo principal de Hamás. Los movimientos islamistas se oponen, por cuestiones de principios confesionales, a la violación de mujeres; no ha ocurrido lo mismo con las mujeres palestinas violadas por tropas del ejército israelí. La Procuración General de Israel archivó el caso de las violaciones, por la ausencia de querellas acusadores de parte de mujeres individuales y de las organizaciones feministas del sionismo.
El asalto a un sitio fuertemente protegido, incluidos los más modernos sistemas electrónicos de vigilancia, por parte de grupos irregulares, contra un bastión de las fuerzas armadas más poderosas, fue una acción histórica extraordinaria –una sublevación de una masa miserable de oprimidos contra una ciudadela internacional de opresores. En ese año, 2023, había recrudecido la usurpación de tierras en Cisjordania y las agresiones fascistas contra los palestinos, por parte del gobierno de Netanyahu. El régimen sionista había alcanzado un nuevo récord de niños palestinos asesinados. En este accionar también se incluyen las repetidas y públicas operaciones policiales contra la Mezquita de Jerusalén. Israel se encontraba en proceso de “normalización” de relaciones diplomáticas con ciertos países árabes (el “acuerdo de Abraham”, propiciado por Donald Trump), con el propósito de relegar la cuestión de Palestina al olvido eterno. Fue, hasta cierto punto, un levantamiento contra los Estados árabes.
La incursión quebró el cerco más vigilado y tecnológicamente más custodiado del mundo. Según Middle East Eye, que se basó en una “fuente cercana a los dirigentes políticos de Hamás”, el 7 de octubre fue planificado como “una misión táctica diseñada para asegurar dos docenas de rehenes militares como máximo, (pero) se convirtió en un caos completo cuando la División de Gaza de Israel colapsó”. De los 1.500 combatientes que había enviado, descontando que una mayoría no sobreviviría, regresaron alrededor de 1.400. El derrumbe de la resistencia de las fuerzas israelíes abrió el camino para que los diferentes sectores y civiles que entraron a Israel siguieron avanzando y atacando lugares que no estaban en la lista original de objetivos. El territorio atacado era el mismo del que fueron despojados los palestinos, en la guerra del terror desatada por Israel en 1948 (Nakba).
Según las fuentes de Hamás citadas por el diario, el colapso de la resistencia israelí permitió que “otras fuerzas” (fuera de control) “atravesaron la valla y tuvimos una masacre”. Este colapso fue tan llamativo que, dentro y fuera de Israel, levantó la sospecha de una falla en la inteligencia del sionismo y de complicidad del gobierno de Netanyahu con este hecho; el presidente de Egipto, por ejemplo, había informado al gobierno de Israel de la inminencia de un ataque. La denuncia de complicidad implicaba a Netanyahu, que habría estado interesado en una guerra para sostener al gobierno ante las tenaces movilizaciones que pedían su renuncia. Con independencia de sus contradicciones y propósitos, y con independencia en especial del carácter político confesional de las organizaciones actuantes, nuestro partido, Política Obrera, defendió, a diferencia del resto de la Izquierda, el derecho del pueblo palestino a resistir y combatir la opresión nacional ejercida por el Estado sionista.
El gobierno de Netanyahu continúa bloqueando una investigación sobre los hechos
A partir del asalto de las fuerzas de Hamás el 7 de octubre de 2023, el gobierno israelí desató contra la población palestina el mayor genocidio del presente siglo. Los acontecimientos del 7 de octubre de 2023, sin embargo, permanecen todavía en una nebulosa; el gobierno israelí de Benjamín Netanyahu ha rechazado y bloqueado sistemáticamente cualquier tipo de investigación sobre los hechos. En una fecha tan tardía como julio de 2024, nueve meses después de la incursión, Netanyahu rechazaba cualquier investigación porque había que “derrotar a Hamás” antes que nada. Un portavoz de Netanyahu aseguró entonces que “lo que la gente quiere que hagamos ahora mismo es evitar que emprendamos una investigación interna drástica mientras nuestros rehenes siguen retenidos y tantos soldados han sacrificado sus vidas para proteger al país”. Un general del ejército había advertido que “terminaremos en peleas de barro y acusaciones mutuas dentro del ejército, lo cual será más perjudicial que beneficioso”. Netahyahu comenzó una campaña para responsabilizar de las fallas de seguridad a los servicios de inteligencia y a sus jefes, muchos de los cuales fueron empujados a la renuncia de sus puestos.
En respuesta a las peticiones de la Corte de Israel, que exigió una comisión de investigación estatal, Netanyahu respondió que “el Tribunal Supremo no tiene derecho a ordenar una comisión estatal de investigación sobre los atentados del 7 de octubre” (Times of Israel, 3/12/24). Este mismo medio aseguraba que “Netanyahu ha estado tratando de impulsar una legislación que prohibiría el establecimiento de una comisión estatal de investigación”. En abril de 2024, una comisión de la ONU acusó a Israel de obstruir investigación sobre el 7 de octubre, impidiendo que los investigadores de la ONU hablen con testigos y víctimas. En marzo de este año, “presionado por los legisladores para que explicara por qué no se ha establecido una comisión estatal de investigación sobre los fallos del 7 de octubre después de 17 meses, el primer ministro Benjamin Netanyahu declaró el lunes su oposición a un panel 'políticamente sesgado'” (jewishpress.com, 3/3). Mientras se desarrollaba una investigación de las propias Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el contralor estatal Matanyahu Englman acusó a los militares de "intimidar" a altos oficiales que daban testimonio en el marco de su investigación y que el ejército enviaba administradores a todas las entrevistas y grababa el testimonio de los oficiales, “lo que envía un 'mensaje de disuasión e intimidación'” (Times of Israel, 6/1/2024).
Los familiares de las víctimas del 7 de octubre reclamaban “iniciar la investigación de inmediato, cuando el recuerdo esté fresco para todos los involucrados”. Los pedidos de investigación no sólo se relacionan con las precisiones sobre la incursión palestina en Israel, sino también sobre las fallas en el sistema de seguridad y sobre el grado de conocimiento que en los distintos niveles de jerarquía de la inteligencia israelí había sobre los preparativos de más de dos años de Hamás para la incursión. Sobre este punto, los cuestionamientos abundan. El diario The Guardian informó que la madre de una soldado israelí muerta el 7 de octubre, pocos días antes “llegó a casa y nos dijo: «Mamá... va a haber una invasión»”. El diario explicó que “el Primer Ministro Benjamin Netanyahu afirmó que no sabía que los soldados habían expresado su preocupación de que el grupo terrorista estuviera preparando un ataque”. En noviembre de 2024, Netanyahu destituyó a su ministro de Defensa, el genocida Yoav Gallant, entre otras cosas, por pedir una comisión que investigue los fallos de seguridad que permitieron el ingreso de las milicias palestinas el 7 de octubre. A esto se suman las advertencias de Egipto y de Estados Unidos, desestimadas por el gobierno sionista poco antes del ataque.
Recién en febrero de 2025 las FDI emitieron un informe autoinculpándose por su “fracaso total” a la hora de impedir la incursión de Hamás y de proteger a su población civil. Esta autoinculpación, sin embargo, fue denunciada como una maniobra por parte de los familiares de los rehenes y los muertos israelíes del 7 de octubre. Entre sus acusaciones, aseguraron que la investigación tuvo un alcance limitado, que no dio respuestas a la mayoría de los cuestionamientos, que no brindó ninguna información sobre la muerte de civiles que ya se encontraban fuera del festival e incluso cuestionaron la veracidad de los hechos relatados por la FDI. El periódico Wolrd Israel News (3/4) aseguró que un familiar de uno de los muertos israelíes del 7 de octubre, Rachel Moshe, dijo que “no hay respuestas reales en el informe”. El diario continúa: “Moshe enfatizó que las FDI están continuamente 'mintiendo' a las familias” y asegura que mantuvo una videollamada con su hijo mientras sucedían los eventos del 7 de octubre y que puede asegurar que “el orden de los eventos presentado por las FDI fue inventado”.
Un informe del periódico israelí Haaretz pudo comprobar fehacientemente lo que ya se sospechaba desde el comienzo: “Documentos y testimonios obtenidos por Haaretz revelan que [fue emitida el 7 de octubre] la orden operativa Hannibal, que dirige el uso de la fuerza para evitar que los soldados sean tomados cautivos”, lo que resultó en la pérdida de vidas civiles y militares israelíes. La directiva Hannibal es una orden secreta (data de 1986) que implica evitar a toda costa la toma de rehenes por el enemgio, incluyendo su asesinato. El diario israelí Yedioth Aharonoth recogió tiempo después el testimonio de algunos de los rehenes israelíes liberados por Hamás, quienes aseguraron que el 7 de octubre fueron deliberadamente atacados por helicópteros israelíes cuando se dirigían a Gaza (secuestrados por Hamás) y luego fueron bombardeados constantemente por el ejército israelí en territorio gazatí. “Cada día en cautiverio era muy duro. (...) Nos sentábamos en los túneles con un miedo terrible de que no fuera Hamás, sino Israel, quien nos matara, y entonces dirían: 'Hamás los mató'”, aseguró el rehén liberado Nir Oz. En una entrevista con el podcast semanal de Haaretz, el teniente coronel Nof Erez aseguró que “lo que vimos [el 7 de octubre] fue un 'Hannibal masivo'”. El diario, sin embargo, afirmó que “las FDI creen que, más allá de las investigaciones operativas de los acontecimientos, no sería moralmente correcto investigar estos incidentes debido a la inmensa y compleja cantidad de ellos que tuvieron lugar en los kibutzim y las comunidades del sur de Israel debido a las difíciles situaciones en las que se encontraban los soldados en ese momento”. En una palabra, se desconoce cuántos de los muertos israelíes, el 7 de octubre, fueron ejecutados por su propia fuerza armada.
Una reconstrucción particular de los hechos del 7 de octubre realizada por el New York Times relató el caso de la casa de Pesi Cohen, donde se encontraban retenidos 14 rehenes. Luego de algunos intercambios, el general de la FDI a cargo, Barak Hiram, dijo que “Las negociaciones han terminado” y ordenó: “Adelante, aunque cueste bajas civiles”. El diario neoyorkino relata lo que sucedió después: “el tanque disparó dos proyectiles ligeros contra la casa. La metralla del segundo proyectil alcanzó al Sr. Dagan [rehén israelí] en el cuello, cortándole una arteria y matándolo, dijo su esposa. Durante el enfrentamiento también murieron los secuestradores. Sólo dos de los 14 rehenes, la Sra. Dagan y la Sra. Porat, sobrevivieron. Entre los muertos civiles había dos gemelos de 12 años. Yasmin Porat, una de las dos sobrevivientes de la casa de Pessi, dijo a la radio Kan de Israel que los hombres armados de Hamas no habían amenazado a los rehenes y tenían la intención de negociar con la policía para su regreso seguro a Gaza. “Dijo que una unidad especial de la policía israelí había iniciado el tiroteo disparando contra la casa, atrapando a 'cinco o seis´ residentes del kibutz afuera en 'un fuego cruzado muy, muy intenso'. En la entrevista le preguntaron: '¿Entonces nuestras fuerzas podrían haberles disparado?' 'Sin duda', respondió ella” (ABC Australia, 6/9/24).
Los datos y testimonios sobre los acontecimientos del 7 de octubre han aparecido en forma dispersa. Una investigación del suplemento “7 Días” del periódico israelí Yedioth Ahraonoth ofreció pruebas de soldados que abrieron fuego contra vehículos que llevaban rehenes, matando a todos los ocupantes. El periódico MondoWeiss obtuvo un nuevo testimonio, afirmando que “Otro soldado israelí admite haber implementado la 'Directiva Hannibal' el 7 de octubre”. El soldado Bar Zonshein aseguró al diario que “esta es la decisión correcta, que es mejor detener el secuestro y que no se los lleven". Un informe de la ONU confirmó el asesinato de otros 14 civiles israelíes por parte de la FDI el 7 de octubre en el marco de la doctrina Hannibal (Middle East Eye, 12/6/24). Un informe del Haaretz afirmó que fueron identificados 77 restos de vehículos que habían sido alcanzados por tanques, helicópteros o drones israelíes. Según testimonios, la Directiva Hannibal ordenaba a los pilotos y demás personal de las Fuerzas de Seguridad israelíes atacar todos los vehículos que regresaran a Gaza ese día. Otro testimonio, esta vez del comandante Avi Rosenfeld, que estaba atrincherado en la División Gaza, ante la imposibilidad de hacer retroceder a las milicias, “la división se vio obligada a solicitar un ataque aéreo contra la propia base para repeler a los terroristas”, es decir, bombardear a los propios israelíes.
Todos estos informes han salido a la luz a cuentagotas y sobre hechos puntuales. Cansados de esperar una verdadera investigación sobre los hechos, en julio de 2024 familiares de los muertos del 7 de octubre conformaron una “comisión civil de investigación” (Times of Israel, 6/10). Por los límites de la propia comisión y los obstáculos puestos por el gobierno israelí, esta comisión no ha podido avanzar más que en algunas denuncias puntuales.
La reunión de una cierta cantidad de informes parciales e investigaciones puntuales sobre diversos hechos del 7 de octubre no puede dar cuenta de la totalidad de lo sucedido. Ellos sólo pueden revelar la punta del iceberg de la realidad del 7 de octubre. Una investigación exahustiva sobre los acontecimientos reales es incompatible con el Estado sionista y sus objetivos de guerra internacional.
Las 'fake news' que allanaron el camino del genocidio
Inmediatamente después de los hechos del 7 de octubre de 2023, el Estado sionista diseminó por el mundo una cantidad inusitada de noticias falsas mientras se preparaba para perpetrar un genocidio contra el pueblo palestino. Una de las más mencionadas, replicadas y difundidas hasta el último rincón de la tierra era la que relataba la decapitación de más de cuarenta bebés por parte de Hamás. El 11 de octubre de ese año, el presidente norteamericano Joe Biden aseguró a la prensa que “nunca pensé que vería, y lo he confirmado, fotografías de terroristas decapitando a niños”. Sus palabras llegaron a los oídos de millones de personas. Un día antes, un periodista de canal israelí i24 (Nicole Zedeck) había dicho a cámara que “unos soldados” le habían contado que había bebés con la “cabeza cortada”. Unos 40, aseguró. En 24 horas la noticia recibió 44 millones de impresiones en redes sociales, en una bola de nieve imparable.
La Casa Blanca se vio obligada más tarde a desmentir tajantemente a su presidente, ya que ni Biden había visto las imágenes ni estaban confirmadas las decapitaciones: solo repetía lo que había leído en la prensa israelí. El periodista Zedeck también reconoció que no había chequeado la información y que el “soldado” que le brindó la información era un colono extremista israelí que reclamaba por la aniquilación de los palestinos. La mayoría de las fake news sobre las decapitaciones de bebés que ya han sido desmentidas por todos los organismos internacionales e incluso por algunos de Israel, siguen posteados en los medios de prensa de todo el mundo sin publicar una rectificación al respecto. Es lo que sucede en Argentina con los medios La Nación, Clarín e Infobae.
Otra de las fake news difundidas por Israel fue la de las violaiciones en masa de mujeres el 7 de octubre. En Israel se formó inmediatamente una “Comisión Civil de los Crímenes del 7 de octubre cometidos por Hamas contra las Mujeres y los Niños”. La comisión está presidida por Cochav Elkayam-Levy, ex abogado del gobierno israelí, ex miembro de la unidad del portavoz militar y estrecho colaborador del primer ministro Netanyahu. A menos de un mes de los hechos, esta comisión de “expertos” israelíes en derechos de las mujeres se reunieron con la misión de las Naciones Unidas para presionar por el reconocimiento oficial de la ONU de “los crímenes de Hamás contra las mujeres y los niños del 7 de octubre”.
Un informe israelí de febrero de 2024 aseguró que la Asociación de Centros de Crisis por Violación en Israel dice que ha reunido evidencia de que hombres armados de Hamas cometieron crímenes sexuales "sistemática e intencionalmente" durante los ataques del 7 de octubre, que evidencian "patrones idénticos" de violencia sexual en múltiples lugares, que incluyen violaciones violentas de mujeres llevadas a cabo "colectivamente" o “frente a un público, como parejas, familiares o amigos, para aumentar el dolor y la humillación de todos los presentes". Agregaban que “algunos miembros de Hamás persiguieron a las víctimas que escaparon de la masacre, arrastrándolas por el cabello mientras gritaban. La mayoría de las víctimas fueron asesinadas posteriormente durante o después de la agresión sexual”. También citaba diversas fuentes que indicaban que los cuerpos de muchas víctimas fueron "encontrados mutilados y atados, con los órganos sexuales brutalmente atacados y, en algunos casos, con armas insertadas en ellos". Un mes antes, un alto oficial de la policía israelí dijo a los parlamentarios británicos que “había 'evidencia clara' -recopilada de investigaciones forenses, así como de cientos de declaraciones de testigos y personal de primera respuesta- de que se habían cometido crímenes sexuales en una escala lo suficientemente grande como para definirlos como un crimen contra la humanidad” (BBC).
Halperin-Kaddari, jurista israelí que se incorporó a la comisión de Elkayam-Levy, “se sintió cada vez más preocupada por la conducta y los motivos de su colega, asegurando que "me di cuenta de que no puedo aceptar la forma en que está manejando las cosas: hablando en algunos puntos de forma irresponsable sin verificar la credibilidad de la información, repitiendo relatos cuestionables". Elkayam-Levy también “distribuyó fotografías de mujeres soldado asesinadas que resultaron ser imágenes de combatientes kurdos en Siria. Halperin-Kaddari y su equipo legal renunciaron a la comisión y recurrieron a la ONU en busca de ayuda. No obstante, Elkayam-Levy sigue siendo la voz pública más destacada sobre la violencia sexual del 7 de octubre y ganó el mayor honor civil del país, el Premio Israel, en abril” (The Times, 7/6/24).
El 7 de octubre, Chaim Otmazgin, comandante voluntario de ZAKA (una fuerza de voluntarios ultraortodoxos que no tienen formación forense, ni se les ordenó hacer nada más que recuperar restos de lo que aún era una zona de batalla activa), vio el cuerpo de una adolescente asesinada a tiros y separada de su familia en otra habitación. Le habían bajado los pantalones por debajo de la cintura. Pensó que era evidencia de violencia sexual y alertó a los periodistas sobre el hecho. Luego, con lágrimas en los ojos, relató lo mismo en una comparecencia televisada a nivel nacional en el Parlamento israelí que tuvo repercusión mundial. “Pero resulta que lo que Otmazgin pensó que había ocurrido en la casa del kibutz no había sucedido” (APNews, 22/5/24). Meses después se reveló que “un grupo de soldados había arrastrado el cuerpo de la niña por la habitación para asegurarse de que no tuviera una trampa explosiva. Durante el procedimiento, se le habían bajado los pantalones”. "No es que haya inventado una historia", dijo Otmazgin a The Associated Press en una entrevista, sino que "no se me ocurría otra opción" que la de que la adolescente hubiera sido agredida sexualmente, dijo. "Al final, resultó ser diferente, así que me corregí". El medio afirma que, al momento de corregirse, “ya era demasiado tarde”.
Otro testimonio, el de Yossi Landau, voluntario veterano de ZAKA, “relató a los medios internacionales lo que creyó ver: una mujer embarazada tendida en el suelo, con el feto aún unido al cordón umbilical arrancado de su cuerpo”. Landau contó la historia a los periodistas y fue citado en medios de comunicación de todo el mundo, donde también declaró que había visto niños y bebés decapitados. Otros testigos del mismo hecho, también del grupo ZAKA, desmintieron a Landau y lo llamaron repetidamente a rectificarse. Finalmente Naciones Unidas declaró que la afirmación de Landau era infundada.
Orit Sulitzeanu, directora ejecutiva de ARCCI, señala “la falta de familiaridad de los voluntarios con los cuerpos de las mujeres que estaban encontrando y su tendencia a centrarse en las lesiones que creían que apuntaban a violencia sexual, como pelvis destrozadas y heridas de bala en los órganos sexuales, ignorando otras lesiones que enturbiaban el panorama” (The Times, 7/6/24). Este mismo medio explica en detalle que “el 14 de noviembre, la policía ofreció su primera conferencia de prensa para los medios internacionales sobre sus investigaciones sobre agresión sexual. A pesar de las prometedoras nuevas pruebas sobre su naturaleza sistemática, no se proporcionó ninguna. Se emitió un breve video con el testimonio del "Testigo S", quien describió con horribles detalles cómo presenció una violación en grupo y un asesinato mientras se escondía en el festival. Hasta la fecha, la policía no ha entrevistado a ninguna sobreviviente. El 24 de diciembre, la policía emitió un decreto a los hospitales ordenándoles que entregaran los testimonios de cualquier sobreviviente de violación que hubiera buscado tratamiento. El 4 de enero, la policía hizo un nuevo llamado a testigos, afirmando que solo habían logrado entrevistar a tres y que no habían podido cotejar sus testimonios con los cuerpos recogidos en el lugar de la masacre”.
Hamás ha negado sistemáticamente que sus hombres armados hayan agredido sexualmente a mujeres durante los ataques, que además están en contra de su religión islámica. Moran Gaz, una funcionaria encargada de las cuestiones de seguridad en la Oficina Fiscal del Distrito Sur de Israel y palestinófoba declarada, declaró al sitio israelí Ynet que “a pesar de haber investigado durante catorce meses la acusación del gobierno israelí de 'violaciones masivas y sistemáticas' el 7 de octubre, su Departamento no ha encontrado evidencias de ninguna clase de violaciones ni violencias, por lo que no ha abierto ningún caso de procesamiento”. Textualmente dijo que: “Al final, no tenemos ningún reclamo. Lo que fue presentado en los medios comparado con lo que eventualmente recojamos será completamente diferente… Nos hemos dirigido a las organizaciones de derechos de la mujer para pedir cooperación. Nos contestaron que ninguna mujer se acercó a ellas con reclamos” (Skawawkbox, 5/1). Al igual que sucedió con la desmentida de los descabezamientos de bebés, la prensa internacional no se hizo eco de estas declaraciones.
Yossi, voluntario de otro grupo religioso llamado United Hatzalah, declaró a los periodistas haber visto una "pirámide de cuerpos", aunque “no se encontró nada parecido” (The Times).
Hasta ahora, el único informe considerado fiable a nivel internacional sobre las agresiones sexuales el 7 de octubre afirmaba que, sin bien existen indicios de hechos de violencia sexual, “no indicó si la violencia sexual formaba parte del plan de batalla. Tampoco mencionó a Hamás, dada la caótica variedad de actores ese día”. La encargada de dicho informe, Pamela Patten, “dejó claro que existían pruebas suficientes de actos de violencia sexual para justificar una investigación exhaustiva y adecuada, y expresó su conmoción por la brutalidad de la violencia. El informe también confirmó que las autoridades israelíes no pudieron proporcionar gran parte de las pruebas que los líderes políticos habían insistido en que existían. En todos los vídeos de Hamás que el equipo de Patten había visto, así como en todas las fotografías que habían visto, no había ninguna representación de violación. Contratamos a un destacado investigador israelí de la web oscura para que buscara pruebas de esas imágenes, incluidas las eliminadas de fuentes públicas. No se encontró ninguna”.
Según The Times, “el informe resultaría confuso para la clase política israelí. Por un lado, otorga credibilidad sustancial y fundamentada a las acusaciones de agresión sexual; por otro, no demuestra que sean sistemáticas y afirma específicamente que Israel no ha podido presentar las pruebas que afirma poseer de las órdenes escritas de Hamás para violar. Patten también solicitó a Israel que investigara las "acusaciones creíbles" de violación y violencia sexual contra mujeres y niñas palestinas recopiladas por la misión de mandato legal de la ONU en los territorios palestinos. Israel rechazó rápidamente la solicitud”.
Vale recordar que, en julio de 2023, la Knesset (parlamento israelí) aprobó una legislación apodada “ley de terrorismo sexual”, que duplicaba la pena por agresión o acoso sexual cometido con un “motivo nacionalista”, lo cual implica que “los hombres árabes o palestinos acusados de violación podrían ser juzgados con un procedimiento totalmente diferente al de los hombres judíos que violan”.
El asalto del 7 de octubre y las fuerzas políticas argentinas
Al día siguiente del asalto de Hamás en el sur de Israel, se realizó el debate de candidatos presenciales en Argentina, que obligó a todas las fuerzas a pronunciarse al respecto. La posición abiertamente sionista del entonces candidato Javier Milei, que desde que asumió el Ejecutivo nacional no ha hecho más que alinearse con el genocidio contra el pueblo palestino, sólo fue superado por la del candidato del peronismo, Sergio Massa, quien empezó su intervención diciendo que “quiero dejar sentada mi solidaridad con todas las víctimas de un ataque terrorista brutal, que hoy enluta al mundo”. Milei le dio la derecha a Massa: “valoro su twit respecto a lo que pasó en Israel” (“condenamos enérgicamente los ataques terroristas que está sufriendo el Estado de Israel. Nos solidarizamos con el Gobierno y el pueblo israelí”). Desde entonces hasta ahora no se conoce una sola publicación del ex candidato presidencial del peronismo sobre el medio millón de gazatíes asesinados, ni del infanticidio y de la hambruma masiva sufrida por palestinos a manos de Israel. Incluso cuando Milei le cuestionó “¿cómo va usted a avanzar en su política internacional si, adentro de su espacio, tiene gente que apoya a los terroristas y es amigo de los países delincuentes?”, Massa respondió que “lo primero que quiero contarte es que no solamente condené hoy, sino que además, desde el año 2014, por ahí, en ese momento no mirabas con atención lo que pasaba en la política, vengo planteando la ley de juzgamiento en ausencia, para que los terroristas que hicieron atentados en la Argentina, puedan ser juzgados y condenados en la Argentina. Desgraciadamente vengo siendo bloqueado, sistemáticamente, por el partido de la señora Bullrich. Pero, quiero ser muy claro, no solamente condeno el ataque terrorista, el 10 diciembre voy a ser Presidente y voy a incluir a Hamás en la lista de organizaciones terroristas de Argentina”. Massa no llegó a ser presidente, pero Milei se encargó de llevar adelante su política de poner a Hamás en la lista de organizaciones terroristas.
Unos pocos días después del debate, en la celebración de un aniversario de la DAIA, Massa aprovechó la ocasión para apoyar la masacre del Estado sionista en Gaza. En esa oportunidad, el juez de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz aseguró que “Israel tiene la obligación de defenderse”, en referencia a la perpetración de una limpieza étnica en la Franja de Gaza. Ninguna voz se escuchó en contra de estas declaraciones ni se reclamó su expulsión de la Corte por reivindicar el genocidio. En ese acto, Massa se abrazó con el embajador norteamericano y repitió aquello de colocar a Hamas como “organización terrorista internacional”, a modo de compromiso hacia el futuro de alinear a la Argentina con el genocidio y la guerra internacional, tal como hizo Milei.
Al año siguiente, ya con el genocidio del pueblo palestino en pleno apogeo, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires dio sanción a la aceptación de la donación de un monumento denominado “Tráiganlos a casa ya”, efectuada por la DAIA y el Club Náutico Hacoaj, para emplazarlo en una plazoleta en el centro de la Ciudad con motivo de conmemorar a los secuestrados en Israel el 7 de octubre de 2023 por Hamás, como parte de “un acto de memoria, solidaridad y reclamo de justicia en respuesta al ataque terrorista perpetrado por Hamas”. Un proyecto de la fuerza de Milei, como parte de una maniobra de ocultamiento del genocidio llevado adelante en Gaza por Israel, al cual votaron a favor 53 legisladores sobre los 60 que hay en total, es decir, con el voto de la mayor parte de los kirchneristas de la Ciudad. Como taparrabos de esta política, La Cámpora y otros sindicatos K como la CTA de Yasky se pronunciaban a favor del pueblo palestino en declaraciones inocuas.
La campaña del imperialismo sobre las “masacres” y el “terrorismo” de Hamás ejercieron su influencia incluso en las posiciones de la izquierda. Un comunicado del PTS días después del debate presidencial “exigió a la Cámara Electoral que aclare la ‘fake news’ sobre el minuto de silencio en el debate”, donde solicitaban, mediante un escrito, “que la justicia electoral emita 'en forma inmediata una aclaración pública para dejar claro que, en el marco de la organización del Debate Presidencial, nunca se le propuso a la candidata Myriam Bregman ni a alguien de su equipo un minuto de silencio en homenaje a las víctimas civiles de Israel', como afirmó en forma falaz y calumniosa Patricia Bullrich, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio”.
En aquel debate presidencial del 8 de octubre, Myriam Bregman esquivó el bulto de la furiosa campaña sionista de todos los candidatos presentes que le hablaban a todo el país. Para salir del paso, se limitó a decir que “nos duelen las víctimas civiles (sic), que ocurren en un conflicto que tiene como base la política del Estado de Israel de ocupación y de apartheid contra el pueblo palestino”. Esa posición fue desarrollada por el PTS en una declaración internacional: “la acción militar de las milicias de Hamas, atacando por igual (sic) puestos militares y a la población civil, fue fácilmente instrumentalizada por Netanyahu y los Estados imperialistas para intentar (sic) legitimar su declaración de guerra. También le ha permitido al gobierno israelí aglutinar a toda la oposición y sectores críticos detrás del apoyo a una ofensiva militar contra la Franja de Gaza. Rechazamos los ataques a la población civil. No compartimos los métodos de Hamas” (La Izquierda Diario, 10/10/23). Según esta afirmación, el genocidio sobre Gaza sería culpa del accionar de Hamas, instrumentado por Netanyahu. El PTS le permitía al pueblo palestino su “derecho a defenderse”; pero siempre y cuando los métodos se encuadran en los cánones del PTS.
El PTS se desmarcó de Hamas alegando la defensa de los derechos humanos. El presente artículo refuta la patraña de esa violación, en tanto campaña u objetivo, y muestra la responsabilidad del Estado sionista en esa violación de derechos contra su propia población (doctrina Hannibal). El derecho del pueblo oprimido a rebelarse, debe condicionarse, para el PTS, al cumplimiento de ciertas reglas de combate. El lamentable texto del PTS recogía todas las fake news que emitía el Estado sionista y que replicaban todos los medios del imperialismo. En su texto señalaban que fueron asesinados “cientos de jóvenes que estaban en una fiesta, familias que vivían en kibutz y otras tantas que no tenían ninguna función militar”, es decir que se habría perpetrado una acción terrorista sobre la población y no una operación de secuestros para liberar a sus presos de las mazamorras del sionismo.
“El odio inmenso de los oprimidos por las exacciones de los opresores puede dar lugar a actos, repetimos, atroces, pero la responsabilidad por ellos siempre será de los opresores, no de los oprimidos. Fue lo que ocurrió sistemáticamente en las guerras de liberación en África, en especial en Kenya, Zimbawe y Sudáfrica, o en el Maghreb (Túnez, Marruecos, Argelia). Con excepción del Partido Obrero de la época, todas las formaciones morenistas -PTS, MST, IS- apoyaron la ocupación de Malvinas por parte de una dictadura genocida, sin mosquearse por los treinta mil desaparecidos. Nuestro partido actuó diferentemente: sólo apoyó la guerra de defensa (nacional) cuando se alistó la flota británica” contra Argentina.
La insistencia del PTS en las supuestas atrocidades de Hamás apuntaba a ocultar el alcance histórico de una acción que no tenía precedentes, para doblegar al Estado opresor y genocida más armado y tecnológicamente más sofisticado del mundo. La incursión de Hamás también puso en evidencia el cuestionamiento objetivo del Estado de Israel, que sólo puede subsistir por medio de la guerra permanente de opresión. “Esta caracterización, sostuvimos entonces, no ve se alterada por ninguna atrocidad”.
A contramano de la posición de Política Obrera, acerca del alcance objetivamente revolucionario a la acción de Hamás, independientemente de la ideología y la estrategia de esta organización, para el PTS la acción de Hamas es tipificada como contrarrevolucionaria.
Esta orientación política también se llevó puesto al aparato del PO. En noviembre de 2023 decidió sacar de circulación un volante que señalaba: “reivindicamos el accionar de Hamás y de la totalidad de las organizaciones de la resistencia palestina de derribar las murallas levantadas por Israel para cercar Gaza”. El aparato del PO lo sustituyó por otro con el propósito de “repudiar lo que antes reivindicaba, porque considera, ahora, que no tiene en cuenta que el accionar de Hamas se hace como parte de una ´estrategia teocrática´ y con métodos que, para este aparato, al día de hoy no han sido ´clarificados´”. Presentó como un conflicto de creencias o de religión a una guerra nacional contra una opresión de despojos colonial. El aparato del PO se sumaba así a la condena de “los métodos de Hamás”, nunca clarificados, en alineación con la política del imperialismo y su propagación de fake news.
