Andalgalá-Catamarca: la CIDH se hace eco de denuncia contra la megaminería y la contaminación ambiental

Una reciente resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se hizo eco de la denuncia por la que un grupo de vecinos de la ciudad de Andalgalá se oponen al proyecto MARA (Minera Agua Rica Alumbrera) que señalan sistemáticas violaciones a los derechos humanos (vigilancia sobre vecinos, armado de causas judiciales, detenciones arbitrarias y represiones, son algunos de los hechos denunciados, junto a la negación de justicia).

Como resultado de ello, la CIDH puso en conocimiento al gobierno nacional de la denuncia, quien deberá responder haciendo las observaciones del caso, para lo cual la Cancillería argentina tiene un plazo de tres meses para requerir la información de todos los organismos que han intervenido y volcar su punto de vista para que la CIDH pueda determinar la admisibilidad de la denuncia de los vecinos.

A partir de este momento el gobierno de Catamarca pierde la potestad (a pesar que hace unos meses el gobierno de Milei había dispuesto que la presidencia del YMAD, los dueños del yacimiento (asociación de la universidad de Tucumán y el gobierno de Catamarca) de manera irrevocable lo iba tener el gobierno de Catamarca y por lo tanto la potestad sobre el emprendimiento, pero, ahora, con la intervención de CIDH no podrá decidir ningún avance del proyecto MARA. A partir de esto, los vecinos ya no litigarán contra el gobierno provincial, sino con la Cancillería de la Nación pues en la medida en que el Estado argentino es federal, las causas internacionales, aunque el conflicto sea con algún estado provincial o municipal, se transforma en un litigio con el Estado nacional.

Frente a este requerimiento de la CIDH, el gobierno nacional no puede escapar. La CIDH es un organismo de la OEA junto con la Corte interamericana de Derechos Humanos y la declaración de DDHH que emitieron en su oportunidad. Estos tratados y declaraciones tienen raigambre constitucional a partir de la reforma constitucional de 1994, y como tal el Estado argentino tiene que acatar sus resoluciones. Estas surgirán si el caso es considerado admisible y pasa a la Corte Interamericana quien es la que finalmente va a tener que emitir el fallo, en una primera instancia si hace lugar a la demanda de medidas de reparación, y si hay incumplimiento, el juicio y la sentencia. Mientras tanto el proyecto MARA se paraliza.

Un poco de historia

Las movilizaciones para impedir la explotación del yacimiento Agua Rica tienen una larga historia en Andalgalá. Ya en la década de 1970 una revuelta popular logró frenar el proyecto, que entonces se promocionaba con el nombre “Mi Vida”.

En 2009, el gobierno provincial a cargo de la actual diputada nacional y referente del kirchnerismo provincial, Lucía Corpacci, arremetió nuevamente con el proyecto de explotación y lo autorizó a espaldas del pueblo.

Con La Alumbrera a todo vapor, con los enormes beneficios obtenidos, facilitados por todo el cambio de la legislación minera bajo el gobierno peronista de Menem, las grandes corporaciones mineras decidieron ampliar sus negocios encarando la explotación de Agua Rica, un yacimiento de cobre, oro, plata y modbileno, entre otros minerales, ubicado a 17 km de la ciudad de Andalgalá y con proyecciones que duplicarían las reservas comprobadas en relación a La Alumbrera.

Otra vez hubo movilizaciones en contra, que se acompañaron de un reclamo por la vía judicial. “El 19 de enero de 2010 se presentó un amparo colectivo” impulsado por la Asamblea El Algarrobo. Sin embargo, la respuesta fue el silencio, primero, y la negación de justicia, después.

El pueblo de Andalgalá vivía en carne propia, al igual que el pueblo de Belén y Santa María, la experiencia del primer emprendimiento megaminero a cielo abierto de la Argentina en 1997, con el cual se daba inicio a la explotación de Bajo la Alumbrera, un yacimiento 10 en grado de importancia en la producción de cobre y 15 en la producción de oro a nivel mundial. En esa época, se hicieron discursos y promesas: creación de 6000 puestos de trabajo, un barrio de 5000 viviendas, un hospital de alta complejidad, hasta llegaron a prometer que el “open pic” o sea el enorme hueco que queda cuando se agota el yacimiento, lo iban a transformar en una gran piscina para la pesca recreativa. TODO FUE UN GRAN MACANEO. Nada de nada se cumplió. Lo que quedaron fueron amplias zonas contaminadas por los derrames, un crecimiento de diversas patologías por la contaminación de las aguas, un pasivo ambiental, que en acta secreta queda a cargo del Estado, el saqueo y la perpetuación de la pobreza, a la par de enorme delitos y causas abiertas que nunca avanzan, de contrabando, evasión fiscal, contaminación, etc.

La población, esta vez mayoritariamente se oponía al proyecto. Se habló de explotar otros yacimientos como es el caso de Filo Colorado, pero la gota que rebalsó el vaso fue cuando trascendió que en la agenda de las mineras estaba Pilciao 16 a cargo de la BHP Billinton (la actual empresa minera australiana más grande del mundo) que tenía por base el casco urbano, o sea la expulsión de la población para que pudiera avanzar el proyecto. El rechazo se generalizó, hubo recursos judiciales, y todo este proceso terminó en una enorme pueblada en febrero del 2010 con la quema de las instalaciones mineras, la municipalidad y la sede del peronismo. El levantamiento popular obligo a la justicia provincial a ordenar la suspensión del emprendimiento.

A partir de ese momento, se fueron sucediendo diversos hechos donde las mineras teniendo como aliados a los gobiernos (el de Kirchner, el de Cristina, Macri, el de Fernández y Cristina y ahora el de Milei), a todos los gobernadores, a todas las autoridades de la (UNT) Universidad de Tucumán y la (UNCA) Universidad de Catamarca, y la Justicia en sus diversas instancias buscaron todos los medios para desarmar la resistencia y abrir paso por la vía de los hechos el avance de los planes mineros.

En contraposición, en la ciudad de Andalgalá quedó de manera permanente una organización de vecinos agrupados en la Asamblea del Algarrobo, que, desde el Andalgalazo, todos los sábados de manera ininterrumpida han mantenido las marchas de los vecinos que se oponen (ya han realizado más de 800 marchas).

En 2016, con el cambio del gobierno municipal donde por primera vez se había desplazado al gobierno peronista del municipio, un intendente radical que un año antes había ganado la elección con la bandera de prohibir la megaminería a cielo abierto, promulga una ordenanza que prohíbe precisamente que se ponga en marcha Agua Rica. Esta ordenanza es rechazada por el gobierno de Lucía Corpacci y posteriormente por la Corte Suprema de Catamarca.

Queda abierto un conflicto, mientras de manera ilegal, clandestina, con apoyo de la policía y bandas de matones las mineras comienzas a abrir instalaciones en la ciudad, abrir caminos, llevar maquinarias e iniciar las primeras tareas exploratorias.

Mientras tanto, en 2016 el caso llegó a la Corte de la Nación que hace lugar al amparo de los vecinos, ante lo cual las mineras deciden crear ficticiamente otra empresa y asociarse con las mineras que operaron La Alumbrera y transformaron lo que era AGUA RICA en MARA (Minera Agua Rica Alumbrera), en la cual, la minera Glencore pasa a tomar el timón del emprendimiento.

Para demostrar que no se violaba el medio ambiente, plantearon que en el yacimiento solo iban a triturar los minerales extraídos y luego con una cinta transportadora se iba a llevar el mineral a las instalaciones ahora en desuso de La Alumbrera para diluir los minerales en un barro para ser transportado por el mineralducto que llega hasta Tucumán para luego en FF.CC. de la empresa, (luego del secado de los minerales), transportarlos al puerto de Rosario.

Este cambio de fachada, la denuncia sobre los hechos de contaminación ocurrido con los derrames en Catamarca y en Tucumán, las nubes toxicas que van a ocurrir con las explosiones en el yacimiento, el uso del agua que superará la que usó La Alumbrera (100 millones de litros por día, cuando la OMS sostiene que una persona necesita por día 50 litros), todo ello, y luego de 15 años de denunciar, movilizarse, recorrer todos los medios.

En 2021 cuando se desarrollaba la marcha 584, y en el marco de una marcha masiva, el gobierno monta una provocación, se incendian instalaciones de la minera, la sede del PJ, en un marco en que las fuerzas de seguridad están ausentes. Horas después, tanto la policía provincial y fuerzas federales desatan una cacería con numerosos detenidos, apertura de procesos, etc.

Con estos antecedentes y en el marco en que las mineras ya han entrado a la fase de exploración avanzada (la previa al inicio de la explotación propiamente dicha), es que se produce la intervención de la CIDH.

La lucha no ha concluido de ninguna manera.