Milei y los gobernadores discuten el Presupuesto 2026

Este jueves 21 se reunió la 22° Asamblea de Gobernadores del Consejo Regional del Norte Grande Argentino en el Centro Cultural del Bicentenario de Santiago del Estero (CCB). Estuvieron presentes el anfitrión, Gerardo Zamora y los mandatarios Gildo Insfrán (Formosa), Raúl Jalil (Catamarca), Ricardo Quintela (La Rioja), Hugo Passalacqua (Misiones); la vicegobernadora de Chaco, Silvana Schneider; de Corrientes, Pedro Braillard Poccard y de Salta, Antonio Morocco, además del recientemente electo gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez. El objetivo era debatir y unificar una agenda de reclamos del “Norte Grande” para ser presentada de manera conjunta en una audiencia con presidente Milei.

Previo a esta reunión, hubo una instancia protocolar 20 gobernadores protocolar; . posteriormente, reuniones separadas con Santiago Santilli, futuro ministro del interior. De esas reuniones sólo conoce la promesa de aval nacional para que las provincias tomen deuda externa.

El gobierno de Milei, luego del triunfo electoral del 26 de octubre, decidió tomar una iniciativa orientada al fraccionamiento y a la cooptación de los gobernadores dialoguistas y a sus representaciones parlamentarias. Apuesta a conquistar a partir del 10 de diciembre de 2025 la primera minoría de la Cámara de Diputados, alcanzar el quórum de 129 legisladores, y presidir la mayoría de las comisiones.

La descomposición del peronismo

En contraposición, Fuerza Patria, está sufriendo diversas fracturas. En Tucumán, el kirchnerista-manzurista y ex intendente de Tafí Viejo, Javier Noguera, ha roto con los K para incorporarse al bloque Independencia de diputados nacionales alineados con Jaldo. Ya existía otro bloque, Innovación Federal, por fuera del peronismo nacional, articulado por los diputados alineados con el salteño Sáenz y los seguidores del misionero Hugo Passalacqua. En paralelo se conoció que Gerardo Zamora, cuatro veces gobernador de Santiago y alineado con el kirchnerismo, presentará su propio bloque, el Frente Cívico (como se presenta en la provincia).

El catamarqueño Jalil, emulando a Jaldo, habría decidido separarse de Fuerza Patria y conformar un bloque propio de cuatro diputados y un senador. En el caso de Jalil, el gobierno habría decidido ceder el control provincial de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio, una empresa que Milei había incluido en el listado de privatizaciones. En contrapartida, la ex gobernadora catamarqueña Lucía Corpacci, actual senadora y cercana a Cristina Kirchner, podría romper con Jalil en la Legislatura provincial. Jaldo adelantó que empujará para armar un espacio en común. “Para que nuestras propuestas sean escuchadas tenemos que agrupar un mayor número de diputados. Si formamos un interbloque podemos pasar a ser una de las minorías más importantes”, propuso el mandatario tucumano.

La articulación de todos estos mini bloques podría sumar al menos 22 diputados y unos 15 senadores nacionales. Jalil pretende ir más lejos e incluir al mendocino Cornejo y a los gobernadores y parlamentarios de Provincias Unidas.

La reunión en Santiago del Estero

Jaldo calificó al encuentro como “una reunión muy positiva”.

La primera parada de los consensos apunta al Presupuesto 2026, para obteneren los Aportes del Tesoro Nacional (ATN); el impuesto a los combustibles (se prevé una recaudación de $7,6 billones y las provincias reclaman el 54%) y las cajas de jubilaciones no transferida.

En total, la cifra en juego supera los $5 billones, sin contar los fondos previstos por las leyes de presupuesto universitario, emergencia en discapacidad y emergencia pediátrica, que la Casa Rosada no aplica ni contempló en el Presupuesto. Tampoco incluye las demandas particulares de obras públicas de cada provincia.

En relación a los ATN, la ley aprobada pero vetada por Milei, elimina la discrecionalidad política en la distribución y prevé un reparto automático acorde a la ley de coparticipación - a la Nación le corresponderá el 41,2%, mientras que el 58,8% restante se repartirá entre las provincias según los coeficientes de coparticipación.

Zamora señaló que "Hay una ley que está vigente y toma de los recursos provinciales el 1.9 que va para ARCA (la ex AFIP). Eso no está siendo utilizado en su totalidad de acuerdo a los estudios que hicimos por medio del Consejo Federal de Inversiones, por lo que el 1% sobra para cumplir los objetivos y solicitamos que ese casi punto restante vuelva a la masa coparticipable porque son recursos de las provincias".

El mandatario santiagueño agregó que la obra pública también estuvo en la agenda, "no solo para la actualidad sino también hacia el futuro porque tenemos programado un plan maestro de lo que son las rutas del Mercosur y es un tema importante.

Por otro lado, se destacó que en el presupuesto se eliminan los fideicomisos de Infraestructura Hídrica, de Infraestructura de Transporte y de Sistema Vial Integrado y los fondos Compensador del Transporte, de Desarrollo Eléctrico del Interior y de Vivienda.

La asamblea también abordó la situación de las cajas previsionales no transferidas, escenario en el que se encuentran Formosa, Misiones, Corrientes y Chaco, que incluye deudas y falta de previsión presupuestaria, fruto de mora de la Nación.

En el caso de las 13 Cajas de Jubilaciones provinciales no transferidas a Nación, desde la asunción de la gestión libertaria no se giró ni un peso a ninguna, salvo a Entre Ríos y Córdoba por un acuerdo ante la Corte Suprema de Justicia. El presupuesto establece $122.763 millones para atender esas obligaciones legales, mientras que el dictamen de minoría eleva el monto a $950.000 millones. A comienzos del 2024, Nación eliminó por decreto que los giros a estas cajas debían actualizarse con la misma fórmula que las jubilaciones. Se plantea incorporar en la ley de presupuesto nuevamente esa condición para los casos en que la discusión llegue a la Justicia.

Los sistemas previsionales provinciales representan, según el Ieral de la Fundación Mediterránea, aproximadamente el 20% del gasto total de la previsión social. Para las 13 provincias que los administran, aun con diferencias entre ellas, tienen un “impacto fuertemente desestabilizante" en sus finanzas públicas. Por eso el instituto considera que debe haber una respuesta en el presupuesto 2026 que “genere las condiciones para un rápido ordenamiento” del tema. También vincula esa necesidad con dejar de acumular deudas y juicios contra la Anses.

Otro punto fue el apoyo unificado a La Rioja por un punto de coparticipación que la provincia reclama.

Por otro lado, se dialogó sobre el impulso al plan maestro del Norte Grande, con inversiones en rutas viales, ferroviarias y pluviales del Mercosur.

Más allá del presupuesto, en las reuniones también se abordaron aspectos generales de la denominada “modernización laboral” y los cambios que el Ejecutivo analiza en materia fiscal y para el Código Penal, que son punto de la agenda que el gobierno pretende incluir en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso en el mes de febrero.

El proyecto -para el que el oficialismo logró un dictamen de mayoría en comisión- no prevé el cumplimiento de leyes sancionadas con el apoyo de los gobernadores como la emergencia en discapacidad, en pediatría y la mejora de recursos para las universidades nacionales.

La parálisis de la obra pública y la distribución de fondos están en la agenda que los jefes provinciales pretenden llevar a la Casa Rosada. "Resolvimos avanzar en la agenda común y diálogo con el Gobierno", sostuvo el mandatario santiagueño Gerardo Zamora.

La agenda de reclamos que han planteado los gobernadores son contradictorios con el actual curso de la política económica deflacionaria, más allá de todas las proclamas unitarias que los gobernadores del Norte Grandes han publicitaos en estos días. Cada gobernador, tiene abierto negociaciones propias fuera del marco de los reclamos concertados en la asamblea en Santiago del Estero.

En cualquier caso, todos los reclamos no contemplan los reclamos acuciantes de los trabajadores, por el contrario, todos son partidarios de la reforma laboral, penal y tributaria, o sea a favor de una política contra los derechos laborales y democráticos de los trabajadores.