Tiempo de lectura: 2 minutos
Tras sacar a dos ministros de Salud, Bolsonaro puso a un militar sin experiencia al frente. En pocas semanas se desató una nueva crisis en el Ministerio de Salud (MS) y un nuevo ataque contra la mujer trabajadora. Miembros del MS pidieron “garantías” para los abortos considerados legales a partir de la publicación de una ficha técnica, que Bolsonaro criticó y el ministro luego debió retirar, lo que pone en peligro no sólo los abortos legales sino al conjunto de derechos de salud sexual y reproductiva.
La mujer
Luego del inicio de la cuarentena en San Pablo, el Hospital Pérola Byington, donde van las víctimas de violencia sexual, suspendió la realización de los procedimientos de interrupción del embarazo. Las mujeres movilizaron y volvieron a realizarse los procedimientos. Hace una semana circuló una “nota técnica” del Ministerio de Salud que designaba al aborto bajo los “casos previstos por la ley”, como un servicio esencial y que no debía ser interrumpido por el sistema de salud durante la cuarentena, como venían denunciando muchas organizaciones.
Bolsonaro tuiteó el 3 de junio que la nota es apócrifa y que el titular del ministerio está investigando quiénes fueron los autores. Dijo que el “Ministerio de Salud sigue fielmente la legislación brasileña”. La nota ‘apócrifa’ fue “elaborada por el equipo de Coordinación de Salud de la Mujer, que hace parte de la secretaría de atención primaria (…) firmado por tres coordinadores y una directora de área, y elaborado con el apoyo de la Organización Pan-Americana de Salud” (Nodal, 5/6). La nota (1/6), responde a una normativa de la OMS de salud sexual y reproductiva como servicio esencial. Habla de “aborto legal” para referirse a las prácticas autorizadas por la legislación brasileña, Bolsonaro la atacó diciendo que en Brasil el aborto no es legal y no lo será. Echaron a dos miembros de MS.
“A pesar de la cita del presidente, el texto de la nota técnica revocada no citaba una propuesta para legalizar el aborto en general, sino solo el mantenimiento de los servicios en los hospitales para los casos previstos por la ley, hoy restringidos a situaciones de embarazo después de violación, que amenazan la vida de la madre y los fetos anencefálicos” (ídem).
El documento dice que “deben considerarse servicios esenciales e ininterrumpidos para esta población: servicios para el cuidado de la violencia sexual; acceso a anticoncepción de emergencia; el derecho de las adolescentes y las mujeres a la SSSR [salud sexual y reproductiva] y al aborto seguro en los casos previstos por la ley; prevención y tratamiento de infecciones de transmisión sexual, incluido el diagnóstico y tratamiento del VIH / SIDA; y, sobre todo, incluir la anticoncepción como una necesidad esencial” (OGlobo, 5/6). Es un ataque en regla a todas las mujeres y al conjunto de la población.
Especialistas denuncian que se utiliza la COVID-19 como excusa para no brindar métodos, no acompañar un embarazo, o realizar la interrupción legal del embarazo. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la incapacidad de obtener anticonceptivos durante la pandemia puede llevar en seis meses a siete millones de embarazos no deseados en el mundo. Los centros sanitarios brindan atención mínima y muchos hospitales no dan respuesta a las necesidades de salud sexual. Las propuestas de brindar atención por medio de la “Telemedicina”, sólo refuerza la diferenciación social. A la par de la pandemia, crece la violencia del Estado contra la mujer.
