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El 9 de diciembre de 1985 se dio a conocer el fallo del juicio a las Juntas Militares. Aquel veredicto se convirtió en el hito del gobierno de Raúl Alfonsín, que había llegado a la Casa Rosada recitando el preámbulo de la Constitución Nacional en actos de masas. A diferencia de su competidor, el peronista Ítalo Lúder, que consideraba “irreversible” la autoamnistía dictada por el último gobierno militar, Alfonsín prometía revocarla. Lúder era un referente de la derecha peronista. Durante un breve interinato, en 1975, mientras Isabel Perón se encontraba de licencia, había firmado el decreto de “aniquilamiento” de la subversión que inauguró el Operativo Independencia. Esto marcó el involucramiento directo de las fuerzas armadas en la represión interna, un salto cualitativo respecto del policiamiento y terrorismo de las bandas armadas como la CNU y la Triple A contra el activismo que caracterizaron al tercer mandato de Perón. Fue el precedente de la represión que luego aplicaría a una escala todavía mayor la dictadura, su ensayo general. Alfonsín, en cambio, acudía como relevo de Ricardo Balbín, el líder radical que había reclamado “terminar con la guerrilla fabril”. Su discurso entroncaba con la línea democratizante que, luego de respaldar a las dictaduras latinoamericanas durante décadas, había pasado a enarbolar el imperialismo en su ´lucha´ contra la URSS y, fundamentalmente, contra la revolución en Centroamérica. Alfonsín jugaría un papel internacional relevante en la contención de la revolución nicaragüense como parte del “Grupo de Apoyo a Contadora” (integrado por Colombia, México, Panamá y Venezuela) dirigido a sellar ´la paz´ en el continente, en momentos en que Nicaragua y El Salvador atravesaban guerras civiles.
Las ilusiones democráticas comenzarían a ser defraudadas tempranamente por el alfonsinismo. El Juicio a las Juntas fue el resultado de una crisis con los militares. Alfonsín pretendía que los comandantes fueran juzgados por el Consejo Supremo de las fuerzas armadas, pero este rechazó el planteo. Al mismo tiempo, pretendía juzgar a las cúpulas de las organizaciones guerrilleras. Desde un principio adoptó el punto de vista de ´los dos demonios´. Sin embargo, la expectativa del “castigo a los culpables” congregaba multitudes. La recepción de testimonios ante la Conadep se convirtió en una movilización vigorosa, aunque esta comisión tuviera la misión de purgar a los militares por sus ´excesos´ en la ´guerra antisubversiva´. La comisión -presidida por el escritor Ernesto Sábato y de la cual fueron excluidas las organizaciones de familiares- recogió la denuncia de 9.000 casos -en aquel tiempo se descontaba que fueran muchos más, dando cuerpo a la estimación de 30.000 detenidos-desaparecidos- y los nombres de más de 700 represores. El informe final -compuesto por 50.000 fojas- se popularizó a partir de la versión de 300 páginas conocida como Nunca Más. El prólogo original de aquel tomo, redactado por el propio Sábato, exaltaba la teoría de los ´dos demonios´ en aras de promover la ´reconciliación nacional´. La entrega del informe en Casa Rosada fue acompañada por una movilización de 70.000 personas que desbarataron el intento del radicalismo de convertirla en una marcha en apoyo al gobierno. El informe de la Conadep fue la base de la acusación contra los militares.
El juicio se limitó a los miembros de las tres Juntas Militares que se sucedieron en el gobierno. Los testigos aportados por los radicales y la burocracia sindical fueron, en principio, favorables a los acusados. Una fuerte corriente radical era partidaria de evitar los juicios y apurar la sanción de la ley de Obediencia Debida, para resguardar al cuerpo de oficiales y suboficiales que había participado del genocidio. Las cosas comenzaron a cambiar cuando se escuchó el estremecedor relato de las víctimas, entre los cuales se suele destacar justificadamente el de la fallecida Adriana Calvo, fundadora de la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos (AEDD). El desarrollo del juicio fue acompañado por una sistemática campaña de terror que partía del propio aparato represivo. Llamados anónimos anunciaban amenazas de bomba contra las escuelas, con el propósito de alimentar el clima de zozobra. “La justicia identificó 550 actos terroristas, cuantiosos daños materiales, decenas de heridos y hasta víctimas fatales” ocurridos durante esos meses, entre abril y diciembre de 1985 (Clarín, 10/12).
Las condenas fueron acotadas. Videla y Massera fueron los únicos que recibieron prisión perpetua. A Viola, en cambio, que gobernó con ellos, le dictaron una pena de 17 años de prisión. Sus sucesores, Lambruschini y Agosti, recibieron condenas a 8 años y 4 años y 6 meses de prisión, respectivamente. Los integrantes de la última junta -Graffigna, Galtieri, Lami Dozo y Anaya- fueron absueltos. Pese a integrar la tercera junta, Alfonsín excluyó de la acusación al general Cristino Nicolaides.
Casi simultáneamente, se desarrolló el juicio previsto contra las cúpulas guerrilleras. Solamente comparecieron el líder de Montoneros Mario Firmenich y el exgobernador de Córdoba Ricardo Obregón Cano, destituido por un golpe policial incentivado por Perón, dado que eran los únicos que se encontraban en el país. Ambos fueron condenados. Con evidente intencionalidad política, aunque fuese simbólico, el decreto presidencial que dispuso el juicio contra los guerrilleros (157/83) precedió al que ordenó el juzgamiento de los militares (158/83).
El Juicio a las Juntas fue parte crucial de un operativo de rescate del aparato represivo y de ´restauración´ de las Fuerzas Armadas. Su propósito era contener al movimiento de lucha contra los crímenes de la dictadura, iniciado aún bajo su régimen de terror. Las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, la capitulación ante los levantamientos carapintadas y la luz verde a la masacre de La Tablada fueron los ´hitos´ que sucedieron al Juicio a las Juntas y Menem remató con los indultos.
Ninguna movilización popular recuerda el aniversario de las sentencias dictadas en el Juicio a las Juntas militares. Por el contrario, continúa recobrando vigencia cada año la conmemoración del 24 de Marzo, el aniversario del golpe militar, como una jornada de lucha masiva que reúne a varias generaciones.
En esta ocasión, la Corte Suprema y el Poder Judicial celebraron en un acto protocolar el “hito institucional” que significó para ellos. Milei, por su parte, lo recordó formalizando el nombramiento del jefe del Ejército Carlos Presti como ministro de Defensa, inaugurando un nuevo régimen de gobierno cívico-militar.
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El juicio a las juntas militares Archivo. Para acabar con el aparato represivo y el golpe, juicio y castigo a todos los culpables. Artículo publicado en Prensa Obrera días antes del inicio del Juicio a las Juntas, que comenzó el 22 de abril de 1985. Por Jorge Altamira, 21/11/2022.
