Catamarca: basta de persecución en Andalgalá

La Asamblea del Algarrobo, el agrupamiento de luchadores ambientales vecinales de la ciudad de Antalgalá, que viene desde hace década llevando una lucha en la calles (ya suman más de 830 marchas en defensa del agua, el medio ambiente, la defensa de la ley de glaciares, contra el proyecto de Agua Rica, hoy transformado en el proyecto MARA) han denunciado que el Martin Camps fiscal de la justicia catamarqueña “requirió la elevación a juicio de una causa que tiene a 12 vecinos y vecinas de Andalgalá imputados por el incendio de oficinas de la empresa minera Agua Rica y destrozos en la sede del Partido Justicialista, en abril de 2021.”

Ante esto, la defensa planteó un recurso de oposición fundado en la falta de elementos probatorios que señalen a los vecinos y vecinas acusados como autores de los hechos.

En aquella oportunidad, los hechos denunciados se produjeron en el marco de una marcha multitudinaria en repudio al ilegal ascenso de maquinaria al cerro para una exploración avanzada una forma disimulada de inicio de las operaciones de la mina Agua Rica, sin embargo. En la causa abierta, ningún testigo ha afirmado haber visto a ninguno de los imputados haber participado de los hechos denunciado. Es más, en los hechos represivos desatados se allanaron y detuvieron a varias decenas de vecinos solo por el antecedente de ser luchadores en defensa del agua. La mayoría fue liberada sin cargo. Quedaron imputados 12 de ellos que ahora se pretende llevarlos a juicio sin pruebas. Se llega al absurdo de destacar como pruebas encontradas en los allanamientos botes con alcohol, que serían los insumos para provocar los incendios, pero en el año 2021 estaba en pleno auge la pandemia y el alcohol era de uso común en aquella época.

Estamos en presencia de una campaña persecutoria con causas armadas contra los luchadores, donde se han desechado sin más los elementos presentados por la defensa, no hubo una investigación real de los hechos incluso acerca de la denuncia de que la zona fue liberada y de la presencia de infiltrados provocadores, indudablemente de las fuerzas represivas o de los servicios o de las propias patotas de las mineras.

Toda esta renovada ofensiva represiva dirigida a criminalizar la protesta contra el saqueo, la destrucción del medio ambiente y de los glaciares, apunta a neutralizar cualquier reacción colectiva de una población con una larga tradición de lucha contra los negociados a favor de las mineras violando normas legales y constitucionales, como ocurrió con la conformación de la sociedad MARA, un artilugio para hacer avanzar el proyecto AGUA RICA, que estaba cuestionado por ordenanzas municipales (2016) y resoluciones de la justicia cuando se produjo la pueblada del 2010 (el andalgalazo).

Los distintos gobiernos de la provincia, tanto del PJ como los de los radicales del Frente Cívico, de la misma manera de los sectores de la justicia, actúan como agente de las mineras, como ocurrió con la fiscal Nieva que impulsó las causas persecutorias en el 2010, y luego frente a los hechos del 2021 pero que luego se vio obligada a renunciar cuando se demostró que precisamente actuaba a cuenta de las mineras instaladas en la zona.

Por otra parte, esta iniciativa de procesar a los luchadores andalgalense, se produce en circunstancias en que la Sala 1 de la Cámara Criminal y Correccional Federal resolvió revocar el sobreseimiento que la jueza María Servini de Cubría había otorgado a los funcionarios Luis De Miguel, Justo Daniel Barros, Alfredo Grau, Ángel de Jesús Mercado y Domingo Mario Marchese (de la empresa estatal YMAD), Eduardo Bautto (de la Secretaría de Política Minera), Irma Miranda (de la Sindicatura General de la Nación) e Ignacio Díaz Zavala (quien era auditor interno de YMAD), por lo cual la justicia Federal está obligada a retomar la causa iniciada en 2019 a instancias de un centenar de vecinas y vecinos de Andalgalá, que denunciaron la participación delictiva de los funcionarios al suscribir el acuerdo que dio origen a MARA. Los vecinos denunciaron que ese aval fue otorgado por los imputados pese a que un informe del IANIGLIA había confirmado la existencia de glaciares y ambiente periglacial en la zona que la empresa (hoy en manos de Glencore) pretende explotar.

En paralelo, está en curso la intimación de la CIDH al Estado argentino por violaciones a los derechos que deberá responder por las sistemáticas violaciones contra los derechos humanos de las vecinas y vecinos de Andalgalá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco del rechazo y la movilización que genera en la comunidad el proyecto de megaminería a cielo abierto denominado MARA (Minera Agua Rica-Alumbrera). El organismo internacional ya notificó al Estado nacional y le otorgó un plazo de tres meses para que presente sus observaciones en el marco de la denuncia impulsada por la Asamblea El Algarrobo

La causa contra el Estado por violaciones a los derechos humanos fue presentada en abril del año 2024 por vecinos y vecinas de Andalgalá. Luego de ser estudiada por la CIDH, se les notificó de esta decisión. El Estado argentino deberá rendir cuenta por las acciones que ha adoptado la provincia de Catamarca durante todos estos años, como ser la vigilancia, judicialización, represiones, detenciones arbitrarias, criminalización de la protesta social, persecución e intimidación. Según la denuncia, 248 andalgalenses han sido víctimas del accionar violento y violatorio de derechos humanos por parte del Estado Argentino y ante el accionar del Estado catamarqueño, y que se encuentra probado en 44 causas judiciales.

Altos funcionarios del gobierno de Milei, pero también del gobierno de Jalil se han reunidos con el CEO de la minera Glencore, titulares exclusivos del proyecto MARA, Pérez de Sola y dando cuenta del interés de los gobiernos para hacer avanzar los proyectos en curso.

En el caso de Catamarca el gobierno ya está dando pasos acelerados para readecuar la organización y el funcionamiento del YMAD, que ante la decisión de la Nación de desligarse del mismo se acordó transferirle la presidencia a un representante de Catamarca con lo que, en una dirección de 5 miembros quedarían con una mayoría de tres, decisiva para imponer las decisiones de acelerar las explotaciones en curso que estén bajo el dominio del YMAD, una de las cuales es Agua Rica y su asociación con la Alumbrera (MARA).

Por el lado de la nación, el compromiso de modificar la ley de glaciares y sostener el RIGI.

En este marco, Glencore ha anunciado que se reactivaría la Alumbrera y que, debido a la suba de los precios de diversos minerales, vuelve a ser rentable completar la explotación del yacimiento de cobre, oro, molibdeno por lo menos durante 4 años. Pero más importante que ello, es el hecho de que AGUA RICA, habría encontrado la forma de sortear los cuestionamientos ambientales y judiciales mediante el recurso de trasladar las rocas a ser trituradas y procesadas en las instalaciones de la Alumbrera mediante un mineraladucto, y luego el mineral se transportaría por los mismos mecanismos que se usaron en la explotación de la Alumbrera, que ya tiene los avales judiciales para operar.

En Mendoza y Chubut hay también procesos en curso contra los luchadores.

En contrapartida, en Mendoza se sostienen las movilizaciones contra las recientes leyes a favor de las mineras en defensa del agua y los glaciares. Ese proceso de lucha comienza a abrirse en otras provincias como es el caso de San Juan

Frente a todos estos hechos, está planteado una lucha de conjunto, coordinada, provincial y nacional, por el levantamiento de la imputaciones y procesos a los luchadores ambientales, por la defensa incondicional del agua y los glaciares y periglaciares, por defensa irrestricta del medio ambiente.