Los liberticidas transforman a la SIDE en un grupo de tareas

Por DNU 941/2025, rubricado por Milei y su gabinete, el 31 de diciembre el gobierno liberticida modificó la Ley de Inteligencia (25.520), que por un lado centraliza el Sistema de inteligencia Nacional (SIN) y por el otro introduce reformas en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), extendiendo la injerencia y las facultades de los espías comandados por Santiago Caputo, que ha ido cultivando estrechas relaciones con el trumpismo y la derecha continental. En la lucha de camarillas libertaria, Karina Milei se hizo de la Agencia de Ciberseguridad, que estará bajo la órbita de la jefatura de Gabinete, o sea, de Manuel Adorni. Así se da de baja a la Agencia Federal de Ciberseguridad para dar paso a la creación del Centro Nacional de Ciberseguridad, organismo descentralizado que dependerá de la Secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Si bien Caputo cedió la Agencia de Ciberseguridad, al frente seguirá estando un hombre de su confianza, Darío Genua, lo que presagia nuevos enfrentamientos entre el asesor presidencial y Karina Milei, que a partir de ahora tendrá bajo su égida el manejo de los troles libertarios y el ciberpatrullaje en las redes sociales.

Las reformas introducidas en la SIDE surgen de la caracterización de los liberticidas de que “en los últimos años, el sistema de inteligencia acumuló funciones superpuestas, estructuras sobredimensionadas, dificultades para integrar información relevante dispersa en distintos organismos y zonas de incertidumbre normativa sobre el alcance real de las tareas de inteligencia nacional.” (Infobae 2/1) Estamos en presencia de una centralización de tareas para espiar, perseguir y coaccionar, en síntesis, un Estado policial, que los liberticidas lo presentan como “un sistema más cohesionado, en el que la producción de inteligencia estratégica se base en información integrada, oportuna y verificable.” (Infobae 2/1)

El DNU publicado en el Boletín Oficial introduce cambios sustanciales en la Ley de Inteligencia Nacional, que concretamente le da más poder a la SIDE libertaria presidida por Cristian Auguadra. Los cambios introducidos ponen a la SIDE en el vértice del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN), es decir que tendrá bajo su control la conducción directa de la planificación estratégica, la coordinación interinstitucional y la producción de inteligencia nacional. A su vez se le da a la SIDE mayor discrecionalidad en el manejo de los fondos reservados y los espías tendrán una mayor capacidad de acción, como por ejemplo detener a personas en flagrancia sin la necesidad de contar con una orden judicial, dando aviso a la policía, obviando la intervención de la Justicia y las operaciones en las que estén embarcados los agentes de inteligencia tendrán el carácter de encubiertas, sin dar mayores precisiones sobre estas tareas. Básicamente se convierte a los servicios de inteligencia en una especie de “policía secreta”, transformando a la SIDE en un aparato parapolicial. Para cumplir con estos objetivos, la SIDE controlará el presupuesto del SIN, dejando, de esta manera, sin autonomía a otras áreas. A partir de ahora, por poner un ejemplo, el Director General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto, que coordina la inteligencia de todas las Fuerzas Armadas, se encontrará supeditado a la SIDE, es decir a Santiago Caputo.

Con la SIDE en la cúspide de la inteligencia y contrainteligencia, el decreto redefine el organigrama del SIN, que ahora estará integrado por el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC), la Agencia Federal de Ciberinteligencia (AFC), la Inspectoría General de Inteligencia (IGI), la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas

La ley también establece que la SIDE esté al mando de coordinar las relaciones con la inteligencia de otros Estados, en especial con la CIA y el MOSSAD, que están metidos hasta los tuétanos en la inteligencia argentina, y centralizar sistemáticamente la información que surjan de las diferentes áreas para que sean monitoreados por el presidente de la Nación.

Otra de las modificaciones sustanciales es la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, que dependía del Ministerio de Defensa. Según los considerandos del DNU, su existencia generaba superposición de funciones y una estructura sobredimensionada respecto de la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto. Desde ahora, será este último organismo el encargado de la producción de Inteligencia Estratégica Militar, con una doble responsabilidad informativa hacia el Ministro de Defensa y el Jefe del Estado Mayor Conjunto. (U24 2/1)

De la lectura del DNU se desprende la creación de la Comunidad de Inteligencia Nacional (CITN) y la Comunidad Informativa Nacional (CIFN), que operarán de manera coordinada, garantizando que la información circule de forma ordenada, verificable y centralizada dentro de los márgenes del Estado. La primera estará integrada por el Sistema de Inteligencia Nacional, las áreas de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de las de seguridad federales, y se suma a este entramado a la Unidad de Información Financiera. Por su parte, la segunda integra a entes del Sector Público Nacional como Migraciones, Renaper, Aduana, Cancillería que van a aportar “información relevante para la inteligencia estratégica”, de esta manera la SIDE se hace de una base de datos impresionante, que serán utilizados de manera discrecional para coaccionar a la población.

En mayo de 2025 se filtró el Plan de Inteligencia Nacional (PIN) en el que los libertarios fijaron los ámbitos de acción de la SIDE, que en principio eran comunes a los elaborados por gobiernos anteriores, como la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y el resguardo de los intereses argentinos del Atlántico Sur y la Antártida. Pero, a su vez, el PIN libertario planteó nuevas directrices orientadas a monitorear la manipulación de la percepción pública y, ante esto, la posibilidad de llevar adelante un espionaje interno contra periodistas, economistas, académicos, activistas, organizaciones sociales y todo aquel que ose criticar la investidura presidencial y, sobre todo, su plan económico. El gobierno busca neutralizar las críticas sobre el delicado sendero económico por el cual transitan Milei y Caputo, su talón de Aquiles. En este sentido, la SIDE tendrá vía libre para realizar espionaje y perseguir a todos aquellos “que generen o puedan generar una ‘pérdida de confianza’ en las ‘políticas económicas’ del Gobierno, sin tampoco precisar quiénes podrían quedar bajo la lupa” (La Nación 25/5).

Mientras el gobierno intenta eludir el debate parlamentario inmediato, desde la oposición, organismos de derechos humanos y abogados constitucionalistas salieron a rechazar por inconstitucional la reforma de la Ley de Inteligencia. El abogado constitucionalista Daniel Sabsay a través de su cuenta de X señalo que el DNU “Concede facultades extraordinarias al presidente, entre otras aberraciones, un funcionario podrá detener a personas en la vía pública” y que representa una “violación fragante de la división de poderes” en tanto “toda reforma de este tipo debe pasar por el Congreso.” Desde el CELS cuestionan que el DNU habilita la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interna y los consideran como “un retroceso histórico respecto de los acuerdos políticos de las últimas décadas dirigidos a fortalecer la conducción civil de las FF.AA. y a sostener la separación entre Defensa Nacional y Seguridad Interior, para evitar que los militares vuelvan a intervenir ante hipótesis de conflicto interno”. La discusión ahora se trasladará al plano institucional. La Comisión Bicameral de Inteligencia prevé solicitar informes al Poder Ejecutivo “para conocer el alcance real de la reforma y evaluar su legalidad.” (Aire Digital 2/1)

El gobierno a lo largo de dos años de ejercicio vino asfaltando el camino para instalar un Estado policial a través de diferentes iniciativas como la creación del Centro Nacional Antiterrorista (CNA), la puesta en pie del Departamento Federal de Investigación (DFI), la reforma Ley de Seguridad Interior que habilita la inserción de las Fuerzas Armadas en la represión interna, el protocolo antipiquetes, los perfilamientos en las movilizaciones y el aval del gatillo fácil.

Cuando asistimos a la agresión imperialista sobre Venezuela, a través de bombardeos, que tuvo como correlato la captura de Nicolás Maduro, la iniciativa fascistizante del gobierno nacional se enrola en la puesta en pie de un Estado policiaco que tiene como estrategia asestarle una derrota de características históricas a la clase obrera y reforzar el alineamiento geopolítico de la Argentina con la internacional fascista. Es con esta perspectiva que le dan superfacultades a la SIDE, que, a partir de ahora, está habilitada a juntar información de quienes busquen "desestabilizar" al gobierno y "socaven" la confianza de la opinión pública sobre funcionarios. Básicamente, todo aquel que realice críticas o lleve adelante acciones contra las políticas del gobierno y sus consecuencias, está sujeto a quedar bajo el espionaje y la coacción de la SIDE libertaria. La ampliación del aparato represivo y de inteligencia, la restricción de libertades democráticas y la persecución de los activistas y luchadores son el complemento de fuerza para hacer pasar un brutal plan de ajuste contra la clase trabajadora. La lucha contra el Estado policial no va a salir de la rosca de los partidos burgueses en el Parlamento o fuera de él. Es necesario plantear la apertura y desclasificación de los archivos en manos de los aparatos represivos y de inteligencia del Estado y su consecuente desmantelamiento.