Bahía Blanca: 32 represores de la dictadura militar condenados a cadena perpetua

A poco de cumplirse el 50 aniversario de la dictadura militar, el viernes 26 de diciembre del 2025 culminó la llamada "Mega Causa Zona 5 Bahía Blanca", un juicio por delitos de lesa humanidad bajo la jefatura del V Cuerpo del Ejército de Bahía Blanca y, entre otros, del nefasto Destacamento de Inteligencia 181. El juicio comenzó en febrero de 2022, extendiéndose por 121 audiencias por las que transitaron 189 testigos.

A lo largo del juicio, se probaron secuestros, torturas, homicidios, desapariciones forzadas, abusos sexuales y robos de bebés contra 333 víctimas en la ciudad, la zona y también otras provincias. Fueron acusados 32 represores, de los cuales 15 fueron condenados a prisión perpetua, 16 a otras condenas de prisión menores mientras que uno de los acusados fue absuelto, aunque ya tenía una condena previa a prisión perpetua. Otros tres represores habían sido acusados, pero fallecieron antes del dictamen. De los represores condenados, varios fueron excarcelados por haber cumplido condena bajo prisión preventiva, mientras que otros continuaran cumpliendo su condena bajo prisión domiciliaria -siguieron el juicio desde sus hogares-, a pesar del pedido hecho de la fiscalía para revocarlas. Solo tres permanecen detenidos en la cárcel de Campo de Mayo. La demora y extensión de estos juicios por delitos de lesa humanidad denunciados hace más de 50 años es responsabilidad política estatal. Las causas son en rigor motorizados por un enorme esfuerzo familiar de las víctimas y organismos de derechos humanos.

Si bien los fundamentos del fallo se conocerán en los próximos días, existen otros fallos importantes de mencionar. La primera de ellos es que Tribunal Oral Federal rechazó el pedido de la fiscalía y las querellas de calificar estos delitos de lesa humanidad como un genocidio. Esta es una reivindicación histórica porque ha sido evidente desde tiempos de la dictadura que se trató de un plan sistemático de matanza a lo largo y ancho del país del gobierno cívico-militar, es decir, terrorismo estatal; sin embargo, esta imputación ha sido rechazada desde las condenas del primer juicio a las juntas militares a la fecha, salvo pocas excepciones.

Otro fallo a destacar es aquel ordena al diario La Nueva Provincia a efectuar una rectificación pública sobre información divulgada durante la dictadura militar en donde se presentaba a personas secuestradas y asesinados como supuestos “abatidos en enfrentamientos” o como “delincuentes muertos en combate”. Son en total 37 víctimas cuya muerte debe ser rectificada y el fallo considera esta divulgación junto con la utilización de lenguaje y relatos específicos como una actividad funcional para encubrir los crimines de la dictadura. La medida es calificada por el Tribunal como “moralmente reparatoria” pero el propietario del diario en cuestión en aquel entonces, Vicente Massot, permanece en libertad y fue sobreseído de la causa que investigó el secuestro y asesinato de Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, trabajadores gráficos de La Nueva Provincia e integrantes del Sindicato de Artes Gráficas. Ambos fueron secuestrados, torturados y permanecieron desaparecidos hasta que sus cuerpos fueron hallados en “La Cueva de los Leones”. Por otra parte, ya existe otro fallo del 2015 también por condenas de delitos de lesa humanidad durante la dictadura que ordenó una rectificación pública del diario que aún no quedó firme ni se publicó rectificación alguna. Massot vendió la propiedad del diario hace años, que se rebautizó como “LaNueva.”, cuyos nuevos propietarios –vinculados a Hugo Moyano- calificaron esta última orden como un “avasallamiento a las libertades de expresión”.

Por último, el fallo incluyó disposiciones dirigidas al Estado nacional y a las Fuerzas Armadas, ordenando garantizar el mantenimiento de los sitios de memoria y corregir los legajos de ex conscriptos desaparecidos que durante años fueron registrados falsamente como desertores.

En tiempos de un gobierno pro-dictadura militar, que pretende avanzar en la constitución de un gobierno cívico-militar al colocar a las Fuerzas Armadas al frente del Ministerio de Defensa, este fallo condenatorio a los represores es una bocanada de aire fresco. Su conquista es inseparable de una incansable lucha del movimiento de derechos humanos en la Argentina que a 50 años del aniversario del golpe de 1976 debe protagonizar una gigantesca movilización popular contra el intento de montar un Estado Policial de parte de Milei, el genocidio en curso en Gaza, y contra la guerra mundial imperialista que ha penetrado por Venezuela en toda América Latina.