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Los archivos encontrados en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI, ex SIDE), reunidos bajo el gobierno Macri, dan cuenta de un exhaustivo trabajo de inteligencia sobre todo el arco político de la Argentina, incluyendo a los propios macristas, así como periodistas y académicos.
Este hecho ha pasado a ocupar un lugar destacado en los medios locales, abordado desde diversos ángulos. Página/12 da un lugar especial al espionaje realizado con motivo de la cumbre del G20, EN 2018. Los archivos revelan que las acreditaciones de periodistas, locales e internaciones, fue cotejada una a una por los propios servicios de inteligencia, que no solo buscaban información relativa a la seguridad del evento, sino que se explayaban largamente sobre las conexiones políticas y empresariales de cada uno de los solicitantes.
Esta operación había sido habilitada por una “circular interna” proveniente del Ministerio de Seguridad, presidido por Patricia Bullrich al momento de los hechos, y puesto en marcha por Gustavo Arribas, ex titular de la AFI.
Los archivos dan cuenta de un largo trabajo de seguimiento a más de 500 personas, en donde no solo se incluyen a estos periodistas antes mencionados sino a actividades que se realizaban cerca de la fecha del G20. Bajo el rotulo “fuentes propias”, se pone de manifiesto el uso de infiltrados o contactos de primera mano dentro de las organizaciones que participaron de sus convocatorias.
Por otro lado, Rolando Graña, en A24, presentó escuchas del espía Alan Ruíz, que dan cuenta de todo un armado de espionaje entrelazado con el poder judicial. La red es tal que el propio juez federal Villenas, que habilitó las escuchas, es ahora quien tiene a cargo la causa contra la AFI por espionaje ilegal al Instituto Patria. Ruiz actuaba en estrecha relación con los titulares de la AFI, Arribas, antes mencionado, y su número dos, Silvia Majdalani.
La amplia red de espionaje desarrollada por la AFI incluye desde la intervención en organizaciones sociales hasta maniobras para el armado electoral del 2019. Además, incluye espionajes dentro de las propias cárceles, donde los servicios recibían informes políticos, disimulados como relativos a presos asociados a causas de narcotráfico y proxenetas.
Denuncia
Estos hechos han salido a la luz por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien el viernes 6 de junio hizo formalmente la entrega de esos archivos en el juzgado a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi. El mismo juez tiene a cargo varias causas contra CFK, que cuentan con declaraciones de Jaime Stiuso, el ex mandamás de la ex Side.
Estos carpetazos dejan expuestos a los servicios de inteligencia, durante el breve período macrista. Ni siquiera exponen las conexiones del jefe del espionaje macrista, Gustavo Arribas, con el ‘affaire’ Odebrecht, en el cual están involucrados también varios altos personeros del kirchnerismo (soterramiento del Sarmiento). Cuando, en C5N, Aníbal Fernández fue interpelado acerca de lo que pasaba antes de Macri, respondió, sin que se le retrucara, que él no lo había investigado. El entramado estatal, en sus tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, no solamente ha sido víctima de la infiltración – ha sido, sobre todo, el artífice de las actividades de espionaje.
Las figuras repetidas durante las sucesivas causas dan un amplio muestreo de esas relaciones existentes no solo en los entes locales sino internacionales. Los espías como Stiuso no tiene ninguna fidelidad “de bandera” sino que se guían por sus asociaciones con el mundo empresarial y de los altos servicios de inteligencia manejados por el imperialismo como la DEA, el servicio secreto británico o el Mossad. Esto tampoco lo expuso Caamaño. La ley anti-terrorista aprobada por el gobierno de CFK es el gran paraguas de los acuerdos internacionales de espionaje, pero su derogación no figura en ninguna de las agendas corrientes.
Las tensiones y los choques se desarrollan de manera permanente y se asocian a una actividad manejada completamente a espaldas del pueblo trabajador, que solo logra conocer la punta del iceberg cuando cobran carácter público algunos escándalos, que son lisa y llanamente operaciones de alineamiento político.
La causa abierta sobre la red de espionaje de la AFI ha sido tomada por el oficialismo para dar impulso a sus reformas de inteligencia y de la justicia. La secretaria de Seguridad, Sabina Federic, ha dado, sin embargo, carta oficial al cyberpatrullaje, que sería un espionaje ‘bueno’ porque lo patrocina un gobierno en forma oficial. Estaríamos ante la infiltración ‘transparente’, un oxímoron, si los hay. Las redes digitales se han convertido, en manos de los monopolios, en una fabulosa masa de datos, que es vendida al mejor postor, como ha sido informado, o sea de los servicios de inteligencia. Algunos ‘pensadores’ ya han incorporado esta violencia contra los derechos democráticos en lo que llaman la ‘nueva normalidad’.
El reclamo para que el estado abra sus archivos es puramente ilusorio, porque, en primer lugar, es necesario preguntarse porqué existen. Ellos forman parte del monopolio de la violencia que todo estado reclama como su derecho supremo, por eso cuenta con la colaboración de las comisiones parlamentarias de inteligencia en todo el mundo.
La libertad y el derecho a la intimidad presupone el desmantentalmiento del Estado, que solamente podría llevar a cabo un gobierno de trabajadores de alcance internacional.
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