Las responsabilidades políticas de Milei y Torres en los incendios de la Patagonia

Entre el 2019 y el 2024, sólo en Chubut, se han quemado más de 150.000 hectáreas de bosques, entre nativos e implantados. Recientes pericias realizadas por la Justicia han determinado que el foco inicial del actual incendio fue provocado de manera intencional. Iniciado el pasado 5 de enero en Puerto Patriada, ubicado en la reserva forestal del Lago Epuyén, ubicado a 15 kilómetros de la localidad de El Hoyo, ya se han consumido, hasta el día de hoy, más de 20.000 hectáreas de bosques nativos e implantados en la Comarca Andina de Chubut y el fuego arrasó varias viviendas, dejando como saldo cientos de miles de animales muertos. Mientras se registran lluvias que traen cierto alivio a la situación, cientos de bomberos, brigadistas y vecinos autoconvocados intentan contener el fuego.

Cambio climático e incendios

Un informe de Greenpeace da cuenta de que entre octubre de 2024 y marzo de 2025 el fuego consumió 31.722 hectáreas (exclusivamente bosques) en esta región, una cifra cuatro veces mayor a la del mismo período del año anterior. En la Patagonia la temporada alta de incendios suele darse entre los meses de septiembre y fines de marzo. Al día de la fecha Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, La Rioja, San Luis, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes se encuentran bajo alerta máxima por riesgos de incendios, prácticamente todo el país se encuentra bajo la amenaza.

Thomas Kitzberger, investigador superior del CONICET, en diálogo con Infobae señaló que “esta temporada va en línea con la ‘nueva normalidad’ que indica que anualmente en la zona Andina de Patagonia Norte ya no se queman cientos o miles de hectáreas, sino decenas de miles de hectáreas”. (Infobae 11/1) Por su parte, la ingeniera ambiental Julieta Vallejo señaló que “entre las (causas) más relevantes están la sequía del suelo y el estado de la vegetación, que actúa como combustible disponible: hojas, ramas, pastos secos, etc. Cuando hay sequía y mucho calor, el suelo y la vegetación se secan, y eso convierte el ‘combustible’ mucho más inflamable. Este es el criterio que usan los organismos técnicos para definir cuándo el riesgo de incendios es extremo, utilizando un índice como el Fire Weather Index”. (idem) Los especialistas señalan que la regla 30/30/30, es decir, temperaturas superiores a 30.°C, humedad relativa por debajo del 30 % y vientos de más de 30 km/h, se convierte en un combo que potencia las condiciones para la propagación e intensidad de los incendios.

A esta situación ligada al cambio climático hay que sumar otro factor ambiental de características estructurales: la proliferación de especie invasoras, que no son autóctonas de la zona, en especial los pinos (Pinus ponderosa y Pinus radiata), que fueron introducidos décadas atrás con fines productivos, extendiéndose por vastas zonas de la Patagonia, que actúan como aceleradores de los incendios, ya que “acumulan grandes volúmenes de biomasa altamente inflamable, producen resinas combustibles y generan continuidad vertical y horizontal del combustible, lo que incrementa la intensidad de los incendios.” (La Política Ambiental 8/1) Las características de estos pinos facilitan la dispersión de brasas, creando nuevos focos de incendios y acentuando un círculo vicioso, ya que se regeneran más rápidamente que las especies nativas.

La proliferación de estas especies de pinos, además de los recurrentes incendios, “pone en riesgo directo a los bosques autóctonos añejos de la Patagonia, verdaderos reservorios de biodiversidad y reguladores climáticos. Entre las especies más afectadas se encuentran la lenga y el ñire, fundamentales para los bosques andino-patagónicos; el coihue, clave para la estructura y estabilidad de estos ecosistemas; y la araucaria o pehuén, especie emblemática y en peligro de extinción.” (Idem)

Con toda esta conjugación de factores, los meteorólogos vienen alertando desde hace varias semanas que la zona cordillerana sufre la escasez de humedad debido a las débiles nevadas producidas durante el invierno. La escasez hídrica obedece a un cambio en el comportamiento climático, ya estudiado por el Servicio Meteorológico Nacional en Argentina, provocado por el calentamiento global. La pérdida de cobertura vegetal agrava la situación, pues los bosques no solo retienen humedad, sino que regulan las temperaturas evitando los cambios bruscos. El cuidado de los bosques cordilleranos es fundamental a su vez para la conservación de los sistemas glaciares. Su incendio acelera su derretimiento puesto que las partículas de carbono -transportadas por los vientos hacia estos- generan una cobertura oscura que absorbe la luz y el calor del sol. La comprensión del fenómeno mundial del cambio climático y de las consecuencias que devienen de él debería llevar a una planificación adecuada del abordaje de las temporadas de incendios, algo que es responsabilidad política pura y exclusiva del Estado nacional, el cual debiera asegurar el presupuesto necesario para encarar esta planificación y la coordinación misma. Esto entra en abierto choque con la política de la cloaca libertaria, que niega el cambio climático y que viene desfinanciando desde su comienzo el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Plan Nacional de Manejo del Fuego. Desde el desfinanciado SMN pronostican que las condiciones desfavorables persistirán durante enero y febrero, con temperaturas por encima del promedio y escasas precipitaciones.

El desfinanciamiento de los gobiernos

Una de las principales limitaciones para combatir los incendios en curso, al igual que en años anteriores, es el sostenido desfinanciamiento del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), organismo encargado de la prevención y lucha contra el fuego en áreas naturales, repercutiendo en los escasos recursos con los que cuentan bomberos y brigadistas, a lo que se suma la nula ayuda por parte del gobierno liberticida. Ante esta situación, organizaciones ambientalistas de la zona vienen denunciando que el gobierno de Milei introdujo un nuevo recorte para el 2026 en el SNMF y que las partidas destinadas a este organismo se han subejecutado. Dieciocho organizaciones denunciaron que "de acuerdo a la Ley de Presupuesto 2026, la partida presupuestaria del Servicio Nacional de Manejo del Fuego contará con $20.131 millones, lo que implica una caída real del 69 % con respecto a 2023 y del 78,5 % con respecto a 2025" (LPO 9/1), y agregaron que, en el 2024, año con la mayor cantidad de incendios desde 2016, el gobierno nacional ejecutó solo un 22 % del presupuesto asignados al SNMF. En 2025 se volvió a repetir la situación, dejándose “sin ejecutar el 25 % de los recursos asignados, lo que equivale a casi $20.000 millones que podrían haberse destinado a mejorar la infraestructura, el equipamiento, las capacitaciones y las condiciones laborales de las y los brigadistas", agrega el comunicado firmado por organizaciones como Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Observatorio Petrolero Sur, Abogados Ambientalistas y Greenpeace, entre otras. (Idem) Una de las instancias de prevención y detección temprana de los incendios es la de la observación aérea, a cargo del SNMF; en 2023 estaban programadas 5.100 horas de vuelo, de las cuales solo se concretaron 3.058, y para el 2026 se registra una marcada reducción, con 3.100 horas. "A esta disminución se le suma la caída en los informes de alerta temprana y de evaluación de peligro de incendios, instrumentos clave para un enfoque preventivo. En este caso, se pasa de 2.310 informes previstos en 2025 a apenas 1.850 en 2026", señalaron desde las organizaciones.

Muestra del desfinanciamiento llevado adelante por el gobierno nacional y los provinciales es la situación en la que se encuentran los brigadistas, que con un salario de $610.000, por debajo de la línea de pobreza, y que se encuentran en la primera línea de la lucha contra los incendios, apuntaron directamente contra el gobierno liberticida por la precariedad laboral y exigen un salario que cubra la canasta básica familiar, condiciones laborales y pases a planta permanente. Hernán Mondino, brigadista del Parque Nacional Los Alerces y delegado de ATE, por medio de un video en el que se lo ve flanqueado por sus compañeros, advirtió que “acá hay compañeros de diferentes parques nacionales, están de la Lanín, el Huapi, la Laguna Blanca, el Alerces y queremos llevar un mensaje a la comunidad, en realidad, a las autoridades principalmente”, que la situación laboral de los brigadistas “viene precaria y sin resolución desde hace mucho tiempo”, y finalizó planteando que “necesitamos las respuestas de manera urgente, si no podemos lograr eso, nos están obligando a entrar en un conflicto que no queremos entrar.”

El Consejo de Mayo propone derogar las Leyes de Tierras y del Manejo del Fuego

Entre las propuestas elaboradas y presentadas en diciembre pasado por el Consejo de Mayo, integrado por el Ejecutivo nacional y 19 gobernadores y presidido por Adorni como jefe de Gabinete, se encuentran la derogación de la ya deficiente Ley de Tierras promovida por el kirchnerismo, que establece el 15 % como "límite a toda titularidad de dominio o posesión de tierras rurales en el territorio nacional" por parte de una persona física o jurídica extranjera y la Ley del Manejo del Fuego. Por un lado, los “reformistas” aconsejaron avanzar en la eliminación de las restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros y, por el otro, derogar las modificaciones introducidas en el régimen de manejo del fuego de 2020 que, con la idea de morigerar la especulación inmobiliaria o productiva sobre tierras devastadas por los incendios, establece una prohibición de 30 a 60 años para la modificación del uso de tierras afectadas por los incendios forestales, un guiño a los especuladores inmobiliarios y a los productores agropecuarios que en su momento pusieron el grito en el cielo. En el informe del Consejo de Mayo se puede leer sobre la Ley de Tierras que “desde el año 2011, la inversión internacional en este sector ha sido obstaculizada a través de la Ley Nº26.737. Esta ley prohíbe que los extranjeros posean más de mil hectáreas productivas en el país, lo que desalienta la inversión en el sector". Los liberticidas dan luz verde a la acentuación del proceso de extranjerización y la monopolización de la tierra en manos de los agronegocios y el capital financiero e inmobiliario.

Desde el Observatorio de Tierras, integrado por investigadores de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) y el CONICET, en el contexto en el que los liberticidas pretenden derogar la Ley de Tierras, dieron a conocer un estudio que da cuenta que “el 5 % del territorio nacional está en manos de firmas o estados extranjeros. El porcentaje representa más de 13 millones de hectáreas, una extensión equivalente a la superficie total de Inglaterra.” (El Destape 10/2) Según el estudio los capitales estadunidenses encabezan el ranking con 2,7 millones de hectáreas, lo que equivale a la superficie de Tucumán, seguidos por capitales italianos y españoles, que “concentran la mitad de toda la tierra extranjerizada”, facilitando el acaparamiento de bienes comunes no reproducibles, como es el caso de Malargüe (Mendoza), donde la extranjerización supera el 15 % y se han presentado 18 nuevos proyectos mineros.

Los responsables de siempre

Mientras las menguadas cuadrillas de brigadistas combaten con escasos recursos el avance del fuego, la responsabilidad política del gobierno nacional de Javier Milei y de los gobernadores Ignacio “Nacho” Torres (Chubut), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro), al desfinanciar, de manera mancomunada, las aéreas que actúan para prevenir y combatir los incendios, se encuentra a la vista de todo el mundo. Los tres gobernadores fueron de la partida del Pacto de Mayo rubricado en la ciudad de Tucumán el 9 de julio de 2024, una herramienta de consenso que Milei utilizó para hacer pasar la motosierra sobre entes estatales, como el Servicio Meteorológico Nacional y el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Teniendo en cuenta este recorrido, los incendios en la Patagonia no responden meramente a la intencionalidad o a la fatalidad natural, sino que han estado antecedidos por decisiones políticas, que tienen su centralidad en el ajuste llevado adelante por Milei y Caputo y que es replicado por cada gobernador en su propio territorio.

El macrista gobernador de Chubut, Nacho Torres, se encuentra en el ojo de la tormenta, ya que en los últimos días se conoció que “más de 600 mil dólares destinados específicamente a programas de prevención de incendios forestales permanecieron bloqueados por decisión del Ejecutivo provincial, pese a haber sido asignados con ese fin desde el año pasado.” (La Política Ambiental 8/1) El destino de estos fondos tenía como objetivo el “manejo del combustible forestal, apertura y mantenimiento de cortafuegos, fortalecimiento de brigadas locales, infraestructura hídrica para el ataque inicial del fuego y planificación territorial en zonas de alto riesgo.” (Idem) Pero Torres no accionó en este sentido y en una nueva instancia desfinanció la prevención y combate contra los incendios, lo que se conjuga con el abandono del gobierno nacional. Fueron los bomberos de El Hoyo los que denunciaron a este último por no haber enviado la asistencia necesaria, como aviones hidrantes, helicópteros y brigadas especializadas en el manejo del fuego en bosques.

En las últimas horas, en una entrevista realizada por La Nación +, Torres aseguró que la investigación por los incendios forestales avanza y afirmó que “por primera vez en mucho tiempo vamos a dar con los responsables”, y que los supuestos avances que se han dado para dar con los responsables es producto de la recompensa que puso el gobierno nacional de $ 50 millones. (La Nación 11/1) Concretamente Torres no tiene nada al día de hoy y, tratando de deslindarse de su responsabilidad política, ha señalado en reiteradas alocuciones a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) como la iniciadora de los incendios forestales en Epuyen y otras zonas de la provincia. En su cuenta de la red social X, el contrabandista de información Torres posteó que “Desalojamos a un grupo de delincuentes que, bajo falsas banderas, decidieron usurpar tierras en el Parque Nacional ‘Los Alerces’, poniendo en riesgo el patrimonio de todos los argentinos. A las pocas horas del desalojo tuvimos tres focos de incendio simultáneos”, sin aportar ninguna prueba que sustente la acusación. En la misma sintonía, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, en un comunicado señalaron que “los indicios preliminares indican que estos delitos estarían vinculados a grupos terroristas autodenominados mapuches”, y agregaron que “detendrá y llevará a la Justicia a los responsables. El que las haces, las paga”. Comunidades mapuches y organizaciones sociales salieron a desmentir y repudiar los dichos del gobernador Torres y de la cartera de Seguridad; por medio de un comunicado señalaron las responsabilidades provinciales y nacionales sobre la situación.

Como en incendios anteriores y frente a al vaciamiento estatal, emergió la iniciativa desde abajo con brigadas autoconvocadas. Se organizaron grupos para alimentar a los brigadistas y articular las donaciones a los damnificados. A la organización destructora de los capitalistas y sus representantes en el Estado hay que oponerle la organización de los trabajadores y productores de la zona, únicos interesados en la conservación del bosque y del acuífero. En el plano estratégico, lo que se plantea es la expropiación y estatización completa de la región de la Comarca Andina. La propiedad privada y los megaemprendimientos turísticos son incompatibles con la conservación de los ecosistemas más sensibles.

Ante la situación desde Política Obrera planteamos:

Investigación, juicio y castigo a los culpables de los incendios en la Comarca Andina. Monitoreo constante del cumplimiento de las normas de conservación del bosque y de la política de prevención y ataque al fuego. Reforzamiento de planteles, presupuesto y estabilidad laboral para los trabajadores del Servicio de Lucha contra el Fuego.

Estatización de las tierras apropiadas por el capital privado nacional y extranjero.

Por una comisión de trabajadores y pobladores electos de la región, que siga los primeros tres puntos y con poder de veto sobre las políticas de los gobiernos que ponen en jaque a los bosques.