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El gobierno de Milei acaba de intervenir por un año el puerto de Ushuaia, donde alega “irregularidades administrativas y falta de mantenimiento del mismo”. Desde 1992, la gestión del puerto está en manos de la Provincia. Juan Avellaneda, jefe del sindicato de personal superior ferroviario (UPSF), ha denunciado un presunto desvío de fondos y el mal estado del puerto. La legislatura fueguina había aprobado una ley que habilita utilizar, “por única vez”, el excedente de recaudación del puerto para sanear la obra social provincial. El convenio de transferencia de Nación a la Provincia sólo permite gastarlo en el mismo puerto. Como premio por la denuncia, Avellaneda quedó a cargo de la operatoria portuaria. Tierra del Fuego es gobernada por Gustavo Melella, un radical enrolado en el kirchnerismo. Es uno de los gobernadores excluidos por el Gobierno de la ´mesa de diálogo´, como Axel Kicillof.
El desembarco de Milei tiene varios objetivos. El. presupuesto anual del puerto es de $20.000 millones. Según una auditoria del Gobierno, en 2024 tuvo unos $4.000 millones de superávit. Los dólares que genera el turismo de cruceros con la intervención pasarían al Tesoro Nacional.
Existen varios interesados en la privatización del puerto, entre ellos, oferentes como la Global Ports Holding (GPH). El gigante británico-turco es el mayor operador de terminales de cruceros del mundo. También le interesa a la Royal Caribbean & Carnival. Pero quienes llevan ventajas políticas y económicas en esta intervención son los holdings de Estados Unidos, detrás de los cuales se guarecen motivaciones ´geopolíticas´, como lo ha manifestado reiteradamente la Armada estadounidense, que pretende instalar una base militar en la isla. Existe, además, un fuerte interés estratégico en desplazar a capitales chinos en la región.
