Hospital Garrahan: cómo se armó el ataque fascista a los delegados

Los desafueros, sanciones y despidos a trabajadores y delegados del hospital Garrahan son un claro ataque fascista, con el propósito de aleccionar al conjunto de la clase obrera. Con las medidas disciplinarias, directivos del hospital y el Gobierno atacan la filiación ideológica de los representantes gremiales sancionados y apuntan a dividir a la clase obrera. Así lo reconoció el jefe de gabinete, Manuel Adorni, quien publicó en la red X: “La era de la izquierda intentando vivir a costa de los argentinos de bien está llegando a su fin".

En una nota publicada en La Nación el 4 de febrero titulada "Cómo se gestó la decisión del gobierno de despedir a 10 dirigentes sindicales del Hospital Garrahan", directivos del hospital sostienen que el principal argumento por el que proceden a aplicar las investigaciones sumarias es que la ocupación de las oficinas de la dirección realizada en octubre de 2025 tuvo fines políticos y de campaña electoral. “Durante 2025, que fue un año electoral, hubo 40 paros y la frecuencia fue aumentando hacia las elecciones. Solo los primeros días de septiembre, tuvimos nueve paros.” afirmaron en dicho medio (La Nación, 4/02/2026) y acusan: “De los 44 delegados que participaron, diez eran candidatos a diputados por partidos de Izquierda. El Garrahan es su plataforma de campaña, no su lugar de trabajo. Son vividores del hospital porque lo utilizan para eso.” Los directivos y el Gobierno, de esta manera, convierten a un profundo conflicto salarial apoyado por la totalidad de trabajadores, profesionales y pacientes, en una conspiración política.

Por su parte, Mario Lugones, el ministro de salud que más ha favorecido a las prepagas, expresó en la red X: “no vamos a permitir que unos pocos usen el hospital como escenario político” y fue más a fondo, defendiendo la creación de la Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina al manifestar que “desde el Ministerio de Salud vivimos en primera persona las operaciones y las mentiras”.

La movilización a la dirección del hospital, que los mismos trabajadores del hospital definieron como permanencia pacífica, fue originada por descuentos de hasta $600.000 en salarios de alrededor de $800.000. Para las autoridades del hospital la ocupación de la dirección “fue un punto de quiebre”. Están en lo cierto, pues luego de meses de lucha y de esta medida es que se conquista un aumento salarial que rompe el cepo que pretendía imponer el Gobierno. Esta conquista favoreció al conjunto de los trabajadores del hospital.

En el mismo artículo las autoridades del Garrahan además expresan que las sanciones no sólo respondieron a una “necesidad estratégica” para garantizar el normal funcionamiento de los servicios, sino también a un supuesto “reclamo del personal” que no adhería a las protestas (ídem, 4/02/2026). De esta forma, pretenden introducir una cuña de división en una lucha que agrupó desde enfermeras y técnicos hasta jefes de servicio. En el mismo artículo sentencian: “No es cierto que no hablamos con los gremios. No hablamos con los políticos”. Y agregan que en el hospital intervienen otros sindicatos, como la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) y el Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA), con quienes tanto el Consejo de Administración como Pirozzo mantienen los canales de diálogo abiertos. Estos dos sindicatos son los más “políticos” de todos. Defienden la “política” del gobierno, como burócratas peronistas que son, y estuvieron completamente ausentes de los reclamos de los trabajadores y residentes. Son los que firmaron las paritarias de miseria que fueron cuestionadas y derrotadas.

El ataque al activismo del hospital sucede en las vísperas del tratamiento de la ley de contrarreforma laboral en el Senado, la cual pretende eliminar el derecho laboral y transformar a los lugares de trabajo en una dictadura patronal. La persecución invocando posiciones políticas delata la impronta fascista del gobierno.

Al momento las sanciones no son efectivas. Ahora se inicia el proceso administrativo por el cual el personal sumariado debe presentar pruebas y hacer sus descargos. Luego de esta etapa, ya con esas presentaciones, el área a cargo de la investigación administrativa puede cambiar o mantener las sanciones consideradas en cada caso y, una vez notificados los involucrados, se harían efectivas. En el caso de los delegados y representantes sindicales, la justicia laboral es la que puede levantar los fueros gremiales para imponer la sanción. Para responder a estas medidas, los trabajadores presentaron un recurso de amparo; además, el miércoles 3 de febrero realizaron una conferencia de prensa y luego un cabildo abierto en la puerta del hospital. Este lunes 9 de febrero realizarán una asamblea general en la cual definirán cómo seguir y tienen pensado movilizar este 11 de febrero.

Es necesario impulsar la más amplia solidaridad organizando en todos los lugares de trabajo el rechazo a la contrarreforma laboral y la persecución al activismo. El ataque a los delegados y activistas del hospital Garrahan es una prueba de fuerza respecto de la capacidad de la clase obrera que lucha para responder al facismo.