Escribe Silvia Allocati
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El martes 10, alrededor de las 15:30hs, en la casa de María Ducolms, una vecina de Villa Inflamable, se hicieron presentes funcionarios del Polo Judicial Avellaneda-Lanús, en la provincia de Buenos Aires. El objetivo era desalojar a la conocida luchadora ambientalista y a sus familiares. Allí vive María con sus hijos, sus nietos -uno de ellos, discapacitado-, y su esposo, Mario, quien hace poco tiempo fue despedido de una de las plantas procesadoras de desechos peligrosos.
La familia viene realizando numerosas denuncias ante el ACUMAR, sin respuesta alguna. En el caso de María específicamente, se encuentra transitando un cáncer producto de la contaminación ambiental.
La policía, que se hizo presente en la casa de María con una orden de desalojo, se movilizaba en dos autos de la Delegación Departamental de Investigaciones de Avellaneda (DDI) como si fueran a detener una peligrosa delincuente y no a una conocida luchadora del barrio, en una de las zonas más contaminadas de la provincia y del país.
El operativo, orquestado con la anuencia de las autoridades municipales, se caracterizó por la violencia y el intento de intimidar a la familia y a los vecinos.
El abogado que acompañaba a María mostró que la orden que traían ni siquiera tenía la dirección correcta, sino que ordenaba el desalojo de la “unidad habitacional” situada en Sargento Ponce 3000, un número inexistente.
El argumento para proceder al desalojo era insólito: que "la vivienda es lindera a una planta procesadora".
En ningún momento se respetó protocolo alguno respecto de los menores que ocupan la vivienda. Las autoridades judiciales no tuvieron en cuenta los tratados internacionales sobre el interés superior del niño. Tampoco se respetó a la víctima, quien producto de la situación violenta y de su estado delicado de salud se descompensó. No fue asistida, a pesar de que los vecinos llamaron a la ambulancia Municipal.
El miércoles 11 se concretó el desalojo cuando topadoras de la empresa Dapsa, en un acto plagado de irregularidades, avanzaron sobre la vivienda de la familia trabajadora.
El predio fue inmediatamente ocupado por la empresa Trieco S.A., una de las cuatro empresas autorizadas por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires para el tratamiento final de los residuos peligrosos: especialmente los denominados patógenos, provenientes de los centros de salud de la zona.
Hace años que vecinos y trabajadores de Dock Sud, Sarandí, Villa Inflamable e Isla Maciel han denunciado a Trieco porque no cumple con los parámetros y protocolos establecidos para la tarea por la ley 11.347 de “Tratamiento, Manipuleo y Disposición de Residuos Patógenos”.
Las denuncias informan acerca de olores nauseabundos, humo espeso, muy oscuro e irrespirable, contaminación en tierra, aire y agua, malestares físicos en boca, ojos, piel, garganta y estómago. Investigaciones concluyen que Trieco S.A. no cumple con los parámetros y protocolos necesarios para la tarea, incumpliendo
Sin embargo, la empresa sigue funcionando con la anuencia del gobernador Axel Kicillof y el intendente Jorge Ferraresi.
María explicó que “supuestamente acá hay una orden de Laborde, del Polo Judicial de Avellaneda, que manda a desalojar todo esto (…) Luego del desalojo, los dueños de Trieco se metieron en nuestra casa. Hicieron lo que quisieron (…) Los peores contaminadores de Avellaneda en mi casa” (En la Mira, 11/02).
Hoy una familia trabajadora, la de María, se encuentra en la calle sin poder regresar a lo que les queda ya que el terreno está usurpado por la empresa denunciada. Mientras tanto, el gobierno municipal mira para otro lado.
Desde Política Obrera exigimos planes de viviendas populares bajo control de trabajadores y vecinos.
Por la inmediata devolución y reconstrucción de la vivienda a María y su familia.
