Milei impulsa el remate de Aysa y habilita el corte del servicio por mora

El Gobierno liberticida de Javier Milei comenzó el remate de las empresas públicas para pagar los intereses de la deuda pública. Este mes piensa lanzar los pliegos para privatizar Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa), una de las ocho empresas que quedaron habilitadas para su venta por la ley Bases. Se autorizó la venta del 90 % de las acciones que el Estado argentino posee en la empresa para juntar 500 millones de dólares. AySA presta servicio a más de 15 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y en 26 municipios del conurbano.

Los liberticidas plantean licitar directamente el 90 % a un “operador estratégico”. Un 10 % de las acciones continuará en manos de los empleados mediante un programa de propiedad participada. A fuerza de tarifazos, lograron hacer “atractiva” a Aysa para los posibles compradores, ya que durante el último año dio superávit. Esto fue posible porque las tarifas fueron dolarizadas al mismo tiempo que contemplan aumentos trimestrales atados a la inflación. Además, redujo en más de un 22 % la dotación de trabajadores, dejándola en 6069 empleados. Otras empresas que están en agenda son Intercargo (servicios aeroportuarios), Belgrano Cargas, Enarsa y Transener.

Antes de lanzar los pliegos, los ´libertarios´ están escribiendo un nuevo contrato de concesión por 20 o 30 años, y ya se plantearon cambios regulatorios importantes por decreto en julio pasado, como habilitar los cortes por falta de pago, eliminando así el derecho universal al acceso al agua potable.

El contrato viene con la facilidad, para el inversor, de acceder a préstamos del International Finance Corporation (IFC) y del BID Invest para obtener financiamiento destinado a ampliar y modernizar la red. Lo de “inversor” pasa a ser un exabrupto, ya que el comprador no va a arriesgar ni a invertir nada más que lo que necesite desembolsar para la compra de la empresa. Las ganancias están garantizadas por clientes cautivos que están obligados a pagar tarifas onerosas, y las inversiones se van a limitar a los préstamos que les otorguen estos organismos internacionales. Desde diciembre de 2023, la tarifa de agua en el AMBA aumentó un 375 %, según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet). AySA necesita inversiones porque enfrenta problemas estructurales: el 28 % de la red de agua y el 50 % de los afluentes se encuentran obsoletos, y más del 40 % del agua producida no se registra o se pierde. Todavía hay localidades sin servicio de cloacas ni agua potable. Durante el verano hay miles de usuarios que enfrentan cortes parciales y totales de agua en el conurbano, a lo que la empresa responde con el suministro miserable de agua envasada. En muchas viviendas volvieron a poner en uso sus viejos pozos o hicieron nuevas perforaciones para paliar este problema, que en los últimos años se hizo crónico.

Claramente, convertirlo en un negociado no es la solución. En los 90 el servicio ya estuvo concesionado a Aguas Argentinas, controlada por el grupo francés Suez, y el resultado fue desastroso por el incumplimiento de las obras prometidas, los aumentos tarifarios y la mala calidad del servicio. El contrato terminó rescindido en 2006 para volver a manos del Estado. El agua es un recurso estratégico que no puede pasar a manos de un monopolio privado. En 2010, el CIADI condenó a Argentina a pagar aproximadamente 405 millones de dólares más intereses por considerar que el Estado había violado compromisos asumidos al rescindir la concesión. Luego fueron pagados por el gobierno de Macri. Es una historia circular en la que siempre ganan las empresas a costa de los usuarios. Siempre para pagar deuda externa.

Milei necesita rematar los remanentes que dejó el menemismo y lo que se volvió a estatizar para arrimar a los más de 700 millones de dólares que tiene que pagar en mayo y a los 800 millones que le vencen en agosto.