La marcha fúnebre de la CGT a Tribunales

La CGT marchó ayer a los Tribunales de la calle Lavalle. Impulsa una ´doble vía´ para impugnar la contrarreforma laboral ante la Justicia: hará presentaciones tanto en el fuero del Trabajo como en lo Contencioso Administrativo. No pretende impugnar el conjunto de la ley sino cuestionar determinados puntos. Frente a las escalinatas de Tribunales se reunieron unos pocos afiliados, aunque respetuosos del protocolo Bullrich-Monteoliva, es decir sin obstaculizar el tránsito.

La movilización protocolar de la CGT a Tribunales, consumada la aprobación de la contrarreforma, no alcanza para disimular el apoyo prestado al gobierno liberticida. Comenzó con la integración de Gerardo Martínez al Consejo de Mayo, el órgano de gobernadores y empresarios afines a Milei donde se diseñó la aprobación de la Ley. En ese contexto, la CGT consiguió que el Gobierno retirara los puntos que afectaban la caja de los sindicatos (los aportes sindicales de los no afiliados, los aportes extraordinarios a las obras sociales). Para completar la faena, siguieron una movilización sin paro primero, luego a un paro sin movilización, y finalmente este escueto desfile de aparatos sindicales a Tribunales. Los mandamases políticos de la CGT -léase Cristina Kirchner, Massa y compañía- han dado el pésame por la liquidación del derecho laboral.

Es evidente que hay varios puntos de la Ley de Contrarreforma Laboral que son controvertidos con derechos consagrados en la Constitución, e incluso con tratados internacionales que tienen rango supraconstitucional. La CGT ya consiguió con argumentos similares que la reforma laboral del decreto 70/2023 fuera suspendida por el fuero laboral, por considerar que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) no era necesario con las sesiones ordinarias del Congreso. Es posible que la Justicia suspenda la aplicación de algunos artículos o capítulos completos de la reforma, dejando a la ley en un limbo jurídico. Varios estudios de abogados laboralistas ya preparan para cuestionarla a la hora de su aplicación. La Corte Suprema, que tendrá la última palabra, lleva un largo silencio sobre la inconstitucionalidad del decreto 70/23.

La CGT denunció en el documento leído frente a Tribunales que “once de las catorce ramas de actividades que representan a la totalidad de trabajadores del sector privado presentaron datos negativos en estos dos años de gestión. Como consecuencia, sumando tanto a asalariados como a los no asalariados, en los primeros dos años de este gobierno se perdieron más de 300.000 empleos”.

En todos los casos desde los sindicatos se buscó acompañar el proceso de ajuste de la patronal, buscando atenuar el impacto directo del “industricidio” sobre los trabajadores. La CGT ha manifestado su apoyo a los trabajadores de FATE en nombre de la defensa del “trabajo argentino”. Esta es concebida por la burocracia como una defensa del capital nacional frente a la competencia extranjera. Así, asumen como propia la necesidad capitalista de “ser competitivos” frente a la amenaza importadora, lo que significa en los hechos rebajar los salarios y reducir a la nada las reivindicaciones de los trabajadores.

El apoyo de la CGT a FATE es en nombre de su apoyo a Madanes Quintanilla, no a los trabajadores que ocupan la fábrica.