Tiempo de lectura: 4 minutos
El gobierno ha comenzado un circuito de negociaciones veraniegas con la expectativa de lograr, en febrero, la media sanción del Senado de su proyecto de reforma laboral. El oficialismo dispone de 21 senadores, y sumando los 10 radicales, queda a un puñado de alcanzar los 37 que habilitan el quórum y la mayoría simple. Las discusiones, por lo tanto, se concentran en los bloques o monobloques manejados por gobernadores peronistas. El contenido de la “reforma laboral” antiobrera, es compartido por ambas partes. Se encuentran en tratativas, sin embargo, sus aspectos tributarios, que el gobierno introdujo en el mismo paquete. Por su parte, la CGT ha reiterado su entera disposición a ´debatir´ el proyecto oficial, es decir sus posibilidades de proteger sus cajas y el monopolio sobre la organización sindical.
La contrarreforma laboral busca la atomización del trabajador, impedir las asambleas, ilegalizar las huelgas y convertir los lugares de trabajo en jaulas de “actividades esenciales”.
De conjunto todas las fuerzas políticas capitalistas se han declarado partidarias de una ´actualización´ laboral en estos términos. El kirchnerismo ha presentado un propio proyecto, que compatibiliza en los puntos fundamentales al de Milei. Hace rato que Cristina Kirchner reclama una “modernización laboral”. Bajo el kirchnerismo, tras la bancarrota económica de 2001, devaluación mediante, promovió “la creación de empleo al costo que fuere”, lo que se tradujo en una generalización del trabajo precario sin convenio, el monotributismo y la tercerización.
En todos sus aspectos, las facciones peronistas cultivan una misma política: dejar que Milei haga el ´trabajo sucio´, impostar una pseudooposición discursiva y esperar recoger los frutos del desgaste del oficialismo en las próximas elecciones. En la actualidad esos gobernadores ´opositores´ a Milei trasladan con gran celo el ajuste ´liberal´ a sus provincias.
Cuestiones en suspenso
El apoyo definitivo del Senado para sancionar la ley dependerá de los resultados de las negociaciones por cuestiones accesorias. En el caso de los gobernadores, pretenden una compensación por la reducción de la recaudación de impuestos coparticipables (Ganancias). No es casual que el primero en proclamar su apoyo abierto haya sido el radical Leandro Zdero, gobernador de Chaco, uno de los mayores beneficiarios del reparto discrecional de ATN. El gobierno buscará mediante mayores discrecionalidades asegurarse los votos del Senado.
En el caso de la UIA, que apoya el fondo de la ´contrarreforma´ en medio de un derrumbe industrial sin precedentes, cuestiona la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con un aporte patronal del 3 %. Como se descuenta de la carga previsional, el gobierno sostiene que es un gasto neutro para la patronal –aunque significa un desfalco de 3.000 millones de dólares anuales contra la ANSES-. Pero las patronales reclaman un blindaje completo frente a lo que llaman “la industria del juicio”, que grava con multas y penaliza con altos intereses los diversos mecanismos de fraude laboral. Hay un acuerdo general en reducir estas cargas y ese operativo ya se encuentra en marcha. El Banco Central publicó el día de ayer un nuevo mecanismo para establecer las tasas de actualización en los fallos judiciales, en perjuicio de los trabajadores. El traslado del fuero laboral a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires -dominada por el macrismo- e incluso el anuncio del TSJ porteño de que elaborará su propio índice de actualización, apunta al mismo propósito de blindar a la patronal para ejercer los despidos.
Por otro lado, en el dictamen girado al Senado el gobierno añadió un artículo, el 212, que establece que todas las disposiciones tributarias e impositivas, incluido el propio FAL entrarán en vigencia “cuando lo determine en Ministerio de Economía” (El Cronista), es decir en la medida que no afecte ´el equilibrio fiscal´. El gobierno les ofrece a los gobernadores, en todo caso, la posibilidad de seguir la “discusión impositiva” luego de la sanción de la contrarreforma antilaboral.
CGT
A la gira de los funcionarios del gobierno le sigue la de la propia CGT, aunque significativamente más devaluada. El propósito es buscar entre los gobernadores apoyos mutuos. Por lo pronto, “en la cúpula cegetista descartan un paro general”. “La gente lo rechaza”, dicen los popes de la central (La Nación, 13/1). La CGT viene de protagonizar una escueta convocatoria el pasado 18 de diciembre, incluido un brevísimo acto en Plaza de Mayo, para acentuar su disposición ´dialoguista´. “No descartan incluso una negociación directa con la Casa Rosada a través de la mesa política” (ídem). Por lo pronto serán parte de la “comisión de discusión” anunciada por el gobierno para este viernes junto a “empresarios y otros sectores”. Desde ese lugar subordinado se concentrará en la defensa de sus cajas, las cuotas sindicales y el manejo de las obras sociales y buscará limar otros aspectos que cuestionan su control de los sindicatos, como la posibilidad de habilitar convenios por empresa y la cuestión de la ultraactividad. La burocracia sindical pejotista se encuentra totalmente entregada. Es parte del “Pacto de mayo” que parió esta contrarreforma laboral y ha acentuado como nunca su desprestigio entre el activismo y los trabajadores en general.
A la clase obrera se le presenta el desafío de organizarse y establecer una política propia, quitando del medio a la burocracia, para realmente poder enfrentar al gobierno. La burocracia sindical es cómplice del gobierno antiobrero y pacta con las patronales los despidos. La política de seguidismo a estos aparatos sindicales que cultiva el FITU es reaccionaria, porque postula el seguidismo a estos aparatos contrarrevolucionarios.
Impulsemos autconvocatorias, asambleas en todos los lugares de trabajo y la unidad de las luchas en curso en función de preparar una respuesta obrera contra el gobierno.
