Trump redobla las amenazas sobre Haití

Haití entró en una nueva crisis de poder cuando venció oficialmente el mandato del Consejo Presidencial de Transición. Este órgano colegiado había asumido el poder en 2024 con la misión de estabilizar el país, reorganizar el Estado y convocar elecciones tras años de crisis agravada por el asesinato del presidente del país, Jovenel Moïse, en 2021.

Antes de disolverse, el Consejo intentó destituir al primer ministro Alix Didier Fils-Aimé, pero Donald Trump lo “persuadió” con el arribo de tres buques de su armada que se encuentran desplegados en el Caribe. Fue una clara declaración de respaldo a Alix Didier Fils-Aimé y a su continuación en el poder. Así, el Consejo se disolvió sin haber logrado elecciones ni un acuerdo político para reemplazarse a sí mismo.

El Poder Ejecutivo quedó concentrado de facto en el primer ministro, quien continúa ejerciendo funciones sin que exista presidente ni Parlamento activo; su capacidad real de control es muy limitada. Las pandillas dominan el 90 % de Puerto Príncipe y de otras grandes zonas, ya que en los últimos seis meses se han expandido con una velocidad inusitada hacia el centro y el norte del país. Alix Didier Fils-Aimé sigue ahí por la sola voluntad de Trump.

Las pandillas se dividen los territorios y conviven organizadas bajo una coalición. La cara visible de esta asociación de pandillas es Jimmy Chérizier, conocido como Barbecue. Todas compran en forma unificada las armas que vienen desde Estados Unidos.

La crisis humanitaria en Haití ha alcanzado niveles extremadamente graves, con implicaciones en seguridad alimentaria, desplazamientos, educación, salud y protección. 5,7 millones de personas —más de la mitad de la población— enfrentan altos niveles de inseguridad alimentaria aguda. La violencia armada y la inseguridad han causado desplazamientos internos masivos: aproximadamente 1,4 millones de personas han huido de sus hogares, lo que representa cerca del 12 % de la población total. Más de la mitad de estos desplazados son niños. En muchos casos viven en condiciones precarias en escuelas, edificios públicos o albergues improvisados, con acceso limitado a alimentos, agua potable y servicios sanitarios. La venta de los niños, por parte de familias que están en estado de inanición, es alarmante. La mitad de los miembros de las pandillas son menores de edad.

Más de 1.600 escuelas cerraron durante el ciclo escolar 2024-2025, dejando sin acceso a la escuela a más de 240.000 estudiantes. Solo el 11 % de las instalaciones hospitalarias con capacidad de internación está funcionando plenamente y ha habido reaparición de brotes de cólera.

La situación caótica de Haití es responsabilidad de la intervención internacional permanente bajo la batuta de Estados Unidos.

Junto con los gobiernos de Canadá y Francia, George W. Bush organizó en 2004 el golpe de Estado contra el primer presidente electo democráticamente en Haití, Jean-Bertrand Aristide. El Consejo de Seguridad de la ONU fue cómplice de la operación al hacerse cargo del país a través de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH). Fue la operación internacional más prolongada del siglo XXI en el país. Muchos países enviaron efectivos —que cometieron vejámenes y oprimieron a los haitianos— para relevar al ejército yanqui ocupado en otras invasiones.

En 2017, la Misión de las Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia en Haití (MINUJUSTH) —formada solo por civiles y policías— reemplazó a MINUSTAH debido al desastre que habían hecho todos los efectivos militares. Después de eso, hubo diversas “misiones de seguridad”, todas con intervención extranjera, que fracasaron una tras otra.

El año pasado, las autoridades de Haití contrataron a una empresa paramilitar de Erik Prince —cofundador de Blackwater— para hacerse cargo de la seguridad del país. Prince está acusado de crímenes de guerra y su trayectoria ha demostrado que solo sabe atacar a población civil desarmada. El contrato con estos mercenarios se ha mantenido en secreto, sin publicarse ni el monto de la paga, ni el reglamento, ni la cantidad de efectivos, ni el prontuario de cada uno. Según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los operativos de la empresa privada mataron a más de 970 personas de marzo a diciembre del año pasado, incluidos 39 civiles, 16 de ellos niños. Luego de eso, Estados Unidos, con el apoyo de Panamá, impuso una resolución para autorizar una fuerza internacional mucho más grande, de 5.550 miembros, conocida como la “Fuerza de Supresión de Pandillas”, con derecho a detener y encarcelar a haitianos.

En todos los casos, lo que Estados Unidos busca es mantener una intervención en la cual los costos estén socializados entre varios países. La importancia de Haití no radica en la relevancia de sus recursos -como sería el caso de Venezuela-, sino en su ubicación en el Caribe, tan próxima a Estados Unidos, y en la necesidad de mantener un castigo histórico que, por carácter transitivo, el imperialismo yanqui le asesta a Haití en nombre del imperialismo francés. El castigo no solo por haber declarado la primera independencia de América, sino por haber realizado la primera revolución de esclavos del continente. El crimen de Aristide —que le valió el golpe en 2004— había sido reclamarle a Francia que devolviera la “indemnización” que Haití había sido obligada a pagar en 1825 por haber declarado su independencia, cuyo monto actualizado calculó en 20 000 millones de dólares.

El otro problema que representa Haití para la gestión Trump es la inmigración.

Estados Unidos requiere el control del país para frenar el flujo migratorio, al tiempo que busca repatriar a todos los exiliados haitianos que en Estados Unidos viven en carácter de refugiados.

Trump ha revocado el Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de Haití, pero esto fue revertido por un fallo judicial de una magistrada de origen latino.

Ana Reyes rechazó por segunda vez el recurso del Gobierno para forzar la eliminación de las protecciones migratorias de más de 300.000 haitianos y denunció montones de amenazas de muerte que le llegaron a través de las redes sociales.