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En un comunicado del 11 de junio, la comisión directiva de la Federación Aceitera y la comisión interna y los delegados de base de la planta Vicentin de Avellaneda, manifiestan que "Apoyamos la intervención del Estado para la defensa de los puestos de trabajo en Vicentin". Expresan la confianza de que “esta medida llegue para poner fin al período de incertidumbre que viven los trabajadores del Complejo Industrial Vicentin de Avellaneda, Provincia de Santa Fe”.
Este pronunciamiento desmiente la campaña que acogieron los medios de comunicación, acerca de un apoyo a la patronal del pulpo por parte de lo que llaman “la comunidad” del norte de Santa Fe. Los obreros, los primeros afectados por la crisis y el vaciamiento de la compañía, no la apoyan. La “incertidumbre” laboral no se limita a esa región – es ostensible en la planta de San Lorenzo, al sur de la provincia, que se encuentra operando a la mitad de la capacidad. El Grupo Olio, por ejemplo, acaba de arrendar la planta, hasta fines de año, para moler sus propios granos. Estamos ante de un ejemplo claro que los Vicentin ‘no quieren o no pueden’ financiar el movimiento de la empresa, o sea que van a la quiebra o a la venta al mejor postor. En este caso los perjudicados serían los obreros, porque cobrarían del fondo residual que deje una cosa o la otra.
El problema ahora es este: ¿La intervención del estado, que decretó Alberto Fernández, despeja esa “incertidumbre”? No hay nada que permita afirmarlo. La intervención no ha definido un plan de acción, ni los recursos de que dispone para ello. Además, ha pedido que el juez del concurso otorgue el aval a la intervención, de modo que se coloca bajo la tutela del concurso de acreedores. Mientras la Federación y los delegados estaban en la tarea de redactar el comunicado, comenzaba una huelga petrolera en protesta porque YPF rechaza iniciar la discusión del convenio colectivo. La “azul y blanca” de los combustibles ha anunciado incluso que “le sobran” cinco mil trabajadores. Curiosamente, sería precisamente YPF la empresa que tanto Fernández como Nardelli pretenden asociar a Vicentin. Todo indica que la intervención oficial crea más ´incertidumbres´ de las que dice venir a superar.
El gobierno, en parte porque la intervención es una salida de apure, ha ratificado la intención de proceder a la expropiación de Vicentin, por medio de una ley que la declare de “utilidad pública”. En ese caso deberá indemnizarla, lo que sería tanto injusto como perjudicial para los contribuyentes, aunque parece que tiene pensando aminorar el costo inmediato, mediante el pago con deuda pública en lugar dinero efectivo – que no tiene – incluido a acreedores internacionales de Vicentin, que tienen el 40% del total de la deuda. Esta forma de pago sería vetada por los fondos internacionales que están negociando con Guzmán la salida al default. Fernández, por otro lado, defiende la creación de una empresa-público-privada, o sea una sociedad anónima constituida por accionistas. Una forma de explotación capitalista sería reemplazada por otra. El apoyo a una intervención no significa solamente sacar del manejo de Vicentín a los Nardelli, significa apoyar los intereses sociales y la política de esa intervención. Los trabajadores debemos oponer nuestros intereses y reivindicaciones a los intereses de una intervención, no enredarnos en ella.
Debemos presentar nuestro programa y nuestra política. En las plantas de Ricardone y Avellaneda, encuadradas por distintos sindicatos, se viene incumpliendo con una gran parte del pago de los salarios y con lo acordado por las dos paritarias firmadas, incluido el bono anual que se debía haber pagado en enero pasado. El SOEA, en San Lorenzo, ha manifestado estar dispuesto a trabajar “el 100% en comunión con la intervención”, como estuvo dispuesto a trabajar el 100% con Vicentin para aprobarles convenios a la baja
Que la intervención pague los salarios y otros rubros adeudados.
Que se adopten los protocolos de salud en los lugares de trabajo, que elaboren las comisiones internas y cuerpos de delegados, con el voto de los trabajadores.
Que el salario mínimo no baje de los $70 mil pesos, que es el costo de la canasta familiar.
Por la apertura de los libros y el control obrero de las empresas de Vicentin y de todos los acreedores financieros.
Toda Argentina es Vicentin. Todos los grandes capitales están quebrados y despiden y reducen salarios, y viven del rescate del estado. Es necesario un congreso de trabajadores que vote un plan económico y un plan de lucha.
Por un gobierno de trabajadores.
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