Sobre la desclasificación de los archivos de la SIDE

El último jueves, la SIDE dio a conocer, por disposición de Javier Milei, documentos desclasificados que corresponden al período del 1 de enero de 1973 al 10 de diciembre de 1983. Se trata de un compilado de 26 documentos oficiales, distribuidos en 492 páginas.

La desclasificación había sido anunciada por Manuel Adorni hace un año, cuando señaló que "el presidente Milei tiene un compromiso inclaudicable con los derechos humanos y contar la historia completa es una tarea crucial en este camino" (sic). En 2010, un DNU de Cristina Fernández, el 4/10, había ordenado relevar toda la documentación en poder de las Fuerzas Armadas del período 1976 - 1983. Luis Petri ordenó desmantelar los Archivos Abiertos ordenados por ese decreto, mientras ejerció como ministro de Defensa, una tarea iniciada por Patricia Bullrich durante el gobierno de Mauricio Macri.

En 2020, Cristina Caamaño, que oficiaba como interventora de la entonces Agencia Federal de Inteligencia (AFI) había creado un programa para relevar documentación desde la creación de la SIDE hasta el 9 de diciembre de 1985 y conformó una mesa de coordinación con organismos de derechos humanos, disuelta por el gobierno de Milei.

La SIDE peronista

Un estudio realizado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), ofrece una radiografía del accionar de los servicios de inteligencia durante el peronismo. Señala que en octubre de 1975, el Consejo de Defensa emitió la Directiva 1/75 a través de la cual se diseñaba el esquema represivo con el que las fuerzas estatales iban a “luchar contra la subversión”. La responsabilidad primaria quedó en cabeza del Ejército Argentino que, desde 1973, bajo el gobierno de Juan Domingo Perón, tenía bajo su control funcional a la SIDE, a la que se le encomendó preparar al resto de las fuerzas para las actividades psicológicas a través de la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI). Este organismo también comandaba la Junta de Acción Sicológica (JUAS), a la que se debía proporcionar información sobre la “personalidad básica nacional”, que relevaba el Departamento de Investigaciones de Opinión Pública (DIOP). Dentro de los objetivos de la acción psicológica se encontraban quebrar la voluntad de lucha del oponente, aislarlo psicológicamente y valorizar a las fuerzas estatales ante la opinión pública nacional e internacional.

La SIDE, además, tenía representación en el Centro de Operaciones Tácticas (COT) del Comando del Primer Cuerpo de Ejército y en la Central de Reunión de Información (CRI), que funcionaba bajo la órbita del Batallón de Inteligencia 601. La SIDE estaba al frente de lo que se conoce como el Grupo de Tareas 5 (GT 5), que tenía como objetivo investigar y detectar los blancos relacionados con la Junta Coordinadora Revolucionaria (JCR) y las relaciones internacionales de las organizaciones político-militares. Así, la SIDE reunió funciones de persecución política y de propaganda, a nivel nacional e internacional.

Antes del golpe del 24 de marzo de 1976, el organismo empezó a adecuarse a las tareas clandestinas que se extenderían a gran escala. El 30 de diciembre de 1975, el vicealmirante Aldo Alberto Peyronel –al frente de la SIDE– firmó la resolución secreta 835. Allí disponía que el 1 de febrero de 1976 comenzaría el encubrimiento del personal: toda autoridad debía firmar con nombre de encubrimiento y todos los agentes civiles debían ser mencionados por su nombre de encubrimiento. Quedaba excluido el personal en actividad de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad.

Semanas antes del golpe, la SIDE quedó a cargo del general Otto Carlos Paladino, que venía de ocupar el cargo de jefe de inteligencia del Estado Mayor General del Ejército. (https://www.cels.org.ar)

La SIDE peronista y la persecución a la izquierda

Los documentos relevados dan cuenta que durante el breve gobierno de Raúl Lastiri, yerno de López Rega, se conformó una comisión para indagar sobre “los antecedentes ideológicos marxistas de personas, entidades, organizaciones, físicas o de existencia ideal, publicaciones y medios de difusión”, que clasificaba a las personas con etiquetas como “sin antecedentes ideológicos marxistas” y “los antecedentes que registra no permiten considerarlo desfavorablemente, desde el punto de vista ideológico marxista”. El 18 de agosto de 1973, el general Alberto Morello, quien revestía como secretario de Informaciones del Estado, creó una comisión Asesora de la Central Nacional de Inteligencia, con representantes de los servicios de inteligencia civiles, militares y de las fuerzas de seguridad para identificar comunistas (Clarín, 19/3). La comisión presidida por Morello, que llevó adelante acciones de tipo psicológicas en los medios de comunicación, universidades y otras entidades, se convirtió en un antecedente de la Inteligencia durante la dictadura. El sistema de fichas personales en las rotulaciones incluía datos que relevaban si eran “simpatizante, adherente, contribuyente, encubridor, colaborador, afiliado, agitador, activista o dirigente ideológico o táctico” de grupos marxistas.

En 1977 el gobierno de Videla promulgó una resolución de carácter secreta, la 1047, que contemplaba que los servicios de inteligencia de la SIDE “deberán atenerse a las directivas del Comando en jefe del Ejército en lo referente a la lucha contra la subversión”, y que deberían abocarse a recolectar información, pero no participar de operaciones en el terreno. (ídem) Ya en diciembre de 1976, en un informe secreto, se detalla que el objetivo “es orientar sobre la verdadera misión de la SIDE y órganos integrantes de la misma” y que “se lleva a conocimiento de los señores Jefes que la misión de la SIDE es únicamente Informativa y no Operativa”. Por estas resoluciones “las Delegaciones Regionales deberán otorgar todo tipo y la más amplia colaboración a los Comandos Militares, pero solo en el orden Informativo y/o de Inteligencia, dejando el aspecto Operacional o Represivo a cargo de las Fuerzas Armadas y de Seguridad”. La desclasificación presentada este jueves por la SIDE actúa como autoencubrimiento, ya que, en los documentos relevados, se le da a la agencia de inteligencia una misión secundaria y de subordinación para con las Fuerzas Armadas.

La SIDE peronista fue utilizada, entre otras cosas, para la averiguación de antecedentes marxistas del personal que cumplía funciones públicas, utilizando etiquetas como “no son suficientes (marxistas) para que se constituyan en un elemento insalvable para su nombramiento, promoción y otorgamiento de becas” o que es “aconsejable su no ingreso o permanencia en la administración del Estado”.

En los primeros documentos desclasificados se pueden encontrar archivos sobre “concepciones doctrinarias y calificación de organizaciones subversivas y de organismos de derechos humanos.” En la selectiva desclasificación realizada por la SIDE libertaria no se han revelado documentación que dé cuenta de actos de represión ilegal. En su gran mayoría fueron quemados durante el último período de la dictadura, cuando Reynaldo Bignone era presidente de facto.

Las fisuras del negacionismo libertario

En la cruzada llevada adelante por los libertarios, a la cual denominan “batalla cultural”, en la línea de “memoria completa”, los negacionistas de hoy quieren poner en discusión lo que se sabe desde los tiempos de la misma dictadura, que la represión no comenzó con Videla. La maniobra urdida por los liberticidas se transforma en boomerang cuando los documentos desclasificados dan cuenta de que la dictadura actuó como un acelerador de partículas de la represión comenzada por grupos paraestatales montados por el peronismo. Liderada por José López Rega y el coronel Jorge Osinde, la Triple A es la responsable de 1.500 crímenes, sobre todo de militantes vinculados a la izquierda, como los compañeros de Política Obrera Jorge Fischer y Miguel Ángel Bufano, secuestrados el 13 de diciembre de 1974, delegados de la empresa Miluz.

En el 50 aniversario del golpe de Estado, desde Política Obrera nos movilizamos bajo las consignas de abajo el Estado policial y el gobierno cívico - militar, trazando una continuidad histórica entre la última dictadura militar y el gobierno de Milei, que ha contado con el aval de radicales, peronistas y los “republicanos” del PRO para llevar adelante un plan de guerra contra los trabajadores, de carácter internacional.