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Cuando el gobierno kirchnerista 'expropió' Repsol, el ministro de Economía en aquellos años había dado a conocer un informe lapidario. El grupo español estaba vaciando la empresa mediante el sencillo método de distribuir dividendos, a sus accionistas internacionales, por montos superiores a las utilidades. De este modo, el pasivo que proveía los fondos para girar más dinero que el que se ganaba, iba creciendo sin pausa. El informe concluía, con lógica pedante, que el traspaso del 51% de la compañía a YPF no debía redundar en ningún monto de indemnización. Pocas semanas más tarde, sin embargo, Kicillof reconocía un resarcimiento de u$s8 mil millones al grupo hispano. Para conseguir el dinero de la dádiva, se endeudó por medio del banco Morgan, con la carga de intereses correspondientes. Eran “los últimos días de la víctima”, Kicillof y CFK, que serían desalojados de la vivienda alquilada en Balcarce 50 por el macri-massismo.
Cuando no se han cumplido aún las 48 horas de la intervención a la cerealera Vicentin, nos enteramos, al menos por La Nación, que su patrimonio contable es cero, y el capital, uno de los rubros del patrimonio, es negativo. Los activos estarían valuados en mil millones de dólares y el pasivo en u$s1.500 millones - la diferencia se anota como pérdidas contables. Se dice que Vicentin operaba como un banco, que recibía mercadería que pagaría cuando la hubiera vendido o exportado, y que ahora sufre una ' 'corrida' - los proveedores quieren la plata.
Vicentin llegó a esta cesación de pagos, adquiriendo empresas agrarias de distinto tipo (Sancor, de engorde de ganado), que hoy no rinden lo que se esperaba ni valen lo que se pagó por ellas, y que incluso exigió nuevos préstamos para que pudieran funcionar. Otra imputación es que se quedó sin dinero a mano, porque lo fugó al exterior, mediante operaciones de exportación 'trianguladas'. Con la crisis mundial que detonó la pandemia, tampoco luce tan promisorio, como hace algunos años, el precio internacional previsible por el poroto y el aceite de soja. Estamos ante una crisis capitalista de conjunto, con sus fraudes y estafas, como lo muestra que alrededor de mil compañías de porte alto se encontrarían en concurso de acreedores. El estado no tiene condiciones de proceder a un rescate masivo. Por esta razón, la expropiación aparece como la única forma de rescate, en la que el estado recupera el funcionamiento del negocio, y luego lo privatiza, para pagar a los acreedores de la quiebra. La palabra expropiación suena muy revolucionaria, pero figura en todos los códigos que regulan los contratos. El “rescate” de la cerealera, imposible o costoso para Vicentin, lo es también para quien venga en su socorro, por eso fracasó el intento de los dueños de la cerealera de llegar a un acuerdo extra-judicial. Alberto Fernández dice que la salida es la expropiación, o sea que el estado se hace cargo del pasivo de la empresa.
De acuerdo también a La Nación, Martín Redrado, un antiguo presidente del Banco Central bajo NK y CFK, habría propuesto zanjar el litigio mediante la entrega de la empresa a sus acreedores. Entre ellos se encuentran productores y compañías cooperativas, como ACA, bancos como el Nación, Provincia y Ciudad, y acreedores internacionales. Con esto se evitaría que la acaparen Glencore-Manzano u operadores de mercado que responden a fondos internacionales. En un mercado de monopolios, esta solución es muy frágil. El Nación, por otro lado, se encuentra en una situación límite, porque los gobiernos lo obligaron a comprar deuda externa a valor de origen – una estafa que empequeñece a Vicentin, sin que a nadie se le haya ocurrido imputar del delito de desfalco a las autoridades, simplemente porque era una operación servicial para los fondos internacionales. También circula la versión de incorporar a YPF en la gestión, pero esto es lo último que quieren los productores, a los que YPF extorsiona con el precio del gas oil. La misma YPF cotiza en la Bolsa al 10% de su valor histórico, en momentos en que quiebran las compañías petroleras norteamericanas que explotan el gas y el petróleo no convencional.
El ruido político que suscita esta crisis es, en buena parte, ficticio, ya que responde a otros intereses que no están conformes con la política del gobierno en lo que atañe a sus negocios. Hay un dato contundente: la Bolsa de Cereales de Rosario no apoya a Vicentin – lo acaba de señalar su presidente a Clarín; a principios de año expulsó a Padoan, uno de los principales accionistas de la cerealera y de todo su holding de empresas. El juez de la causa autorizó la intervención, algo inusitado, aunque siga conservando el concurso de acreedores. El gobernador de Santa Fe se alineó con AF, aun a costa de una crisis en su gabinete.
La “soberanía alimentaria”, en Argentina, no se juega en esta disputa – el hambre crece en Argentina por la desocupación y la baja de salarios y jubilaciones que prosigue este gobierno, y por la expropiación, sí, expropiación de la fuerza de trabajo mediante el monotributo y el teletrabajo, o sea el despojo de las condiciones históricas de trabajo de la clase obrera.
La repercusión de esta crisis obedece a que es la punta del témpano de un derrumbe del capital en su conjunto. El capital se podría rescatar a sí mismo con los fondos que tiene acumulados en fondos internacionales, las bolsas y los bancos, pero sólo para llevar a la quiebra a todos ellos. El propósito del gobierno es armar un consorcio capitalista que rescate a Vicentin, pero esto significa un perjuicio descomunal para las finanzas públicas. No hay salida a las crisis sin nuevas crisis.
Los sindicatos del aceite no deben apoyar rescates capitalistas, esto porque el primer punto de la agenda de cualquier rescate, es atacar las condiciones salariales y laborales. Los vendedores de buzones dirán: hay que hacer un sacrificio por la patria. Deben adoptar una posición crítica frente a la intervención y a la expropiación, mediante el señalamiento de sus componendas, limitaciones y políticas que afectan los intereses de la clase obrera. Esto contribuirá al desarrollo de una conciencia socialista entre los explotados, y ayudará a capacitar al trabajador para una lucha política por su propio gobierno. Con este método, es necesario presentar a la intervención las reivindicaciones sindicales, y lo mismo al gobierno, que promete el oro y el moro a los trabajadores para neutralizarlos en la crisis, mientras baja salarios y jubilaciones y autoriza despedidos. Mientras se apresta a firmar uno de los peores acuerdos de deuda externa de la historia de Argentina.