Escribe Daniela Magoc
Paro de médicos, clínicas que adeudan salarios, recorte en medicamentos y prestaciones.
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La crisis del PAMI se profundiza a medida que pasan los días. Cada vez son más los jubilados, pensionados y trabajadores afectados por el recorte y la ruptura de la cadena de pagos en salud.
Desde el lunes 13 de abril, los médicos de cabecera de la obra social iniciaron un paro de 72 horas. Protestan contra la resolución que establece un recorte en los ingresos de los profesionales, reduciéndolos a la mitad de los actuales.
La Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA), entidad que nuclea a los profesionales, declaró que se trata de una medida “inconsulta”, que “bajo la apariencia de un ordenamiento del sistema, implica en los hechos un recorte sustancial de los ingresos de los médicos de cabecera”. De esta forma, un médico que cobraba alrededor de $1.600.000 por mes pasará a cobrar $800.000, ya que se elimina la consulta presencial como fuente de ingreso, se incorporan más prestaciones dentro de un pago fijo y se elimina el incentivo económico a la formación profesional. Los médicos de cabecera de PAMI son los médicos de primer nivel, o sea, el primer contacto del paciente, siendo el filtro del ingreso al sistema. A partir de la consulta con un médico de cabecera se establecen las derivaciones a otras especialidades y estudios. El paro, que tiene impacto en todo el país e involucra a 8.000 profesionales, se conjuga con una deuda que la obra social tiene con sus prestadores que alcanza los $500.000 millones. El organismo les adeuda a clínicas, sanatorios, médicos y farmacias.
Esto también impacta en la cadena de provisión de medicamentos. El Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires advirtió: “ante la falta de pago de las prestaciones por parte del PAMI, nos encontramos en una situación financiera crítica que dificulta la reposición de medicamentos” y “la entrega de medicación quedará estrictamente sujeta al stock disponible en cada local”. Por su parte, la Federación de Clínicas Bonaerenses (FeCliBA) le envió el 1° de abril una carta a Esteban Leguízamo, director del PAMI, intimándolo a “recomponer el circuito de pago de las prestaciones” y establecer un cronograma de pagos. Además, exigió actualizar los valores de las prestaciones, “adecuándolos a la realidad de los costos actuales, incorporando mecanismos automáticos de ajuste por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que eviten nuevos desfasajes” (La Nación, 14/04). En Clínica Los Cedros, ubicada en San Justo, desde enero pasado unos 450 trabajadores no perciben sus salarios, mientras más de 120 pacientes, en su mayoría adultos mayores, permanecen internados con una atención cada vez más limitada (Infogremiales, 14/04). Esta situación se replica en diversas clínicas del conurbano bonaerense que trabajan con PAMI.
Desde el Ministerio de Salud, informaron que hay una "demora en la transferencia de fondos", que alcanzaría los 1.000 millones de dólares. Los gastos para prestaciones del PAMI varió -41,3 % en términos reales durante el primer trimestre del año respecto al mismo período del año anterior, según un análisis publicado la semana pasada por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) sobre la Ejecución Presupuestaria de la Administración Pública Nacional (Infobae, 15/04).
La semana pasada se reunieron el ministro de Salud, Mario Lugones, y el de Economía, Luis "Toto" Caputo, pero no anunciaron nada en concreto. La situación del PAMI llegó a ser tema en el AmCham Summit 2026, el encuentro organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos (AmCham). Allí Lugones afirmó que “el PAMI está pagando”. La crisis es de tal magnitud que algunos analistas caracterizan que la gestión de Lugones pende de un hilo. La intención de los liberticidas es vaciar la obra social y avanzar en su privatización, así como pretende retornar a un régimen de AFJP con las jubilaciones. La reducción del mal llamado gasto social apunta a cumplir con el pago de la deuda y las exigencias de los capitales extranjeros.
Los más de cinco millones los afiliados de la obra social enfrentan esta reducción de medicamentos gratuitos y la eliminación de programas de provisión. Los profesionales que se encuentran de paro relatan que reciben pacientes que deben elegir entre comprar remedios, pagar el alquiler o cubrir necesidades básicas como la alimentación. También expresan que les preguntan cuál es el medicamento de mayor importancia, para priorizarlo, ya que no llegan a comprar todos los recetados. Frente a esta grave situación, se impone la necesidad de impulsar una lucha conjunta entre los jubilados y los trabajadores del PAMI y de las clínicas que trabajan para la obra social, por la restitución de las prestaciones, el pago de los salarios adeudados, la provisión de medicación para todos los afiliados y afiliadas, por aumento de jubilaciones y salarios, por la apertura de los libros contables de la obra social con control de los trabajadores y usuarios.
Mientras se escribe esta nota, en distintos puntos del país se realizan concentraciones en las puertas del PAMI. Estas acciones, como las movilizaciones de los jubilados de los miércoles y el paro, son la punta de lanza para realizar coordinaciones y preparar la huelga general.
Fuentes:
https://www.facebook.com/appamia
El Gobierno transfirió $150.000 millones para empezar a normalizar el conflicto con las prestadoras del PAMI - Infobae
