Sobre el episodio de violencia en la Media 4 y la realidad que encubre la conducción Celeste del SUTEBA

El comunicado difundido por la conducción del SUTEBA de San Martín tras los hechos ocurridos en la Media N° 4 (donde una estudiante hirió con un cúter a otro alumno, quien debió ser hospitalizado) vuelve a poner en evidencia un problema de fondo. No se trata de un error de diagnóstico sobre la violencia escolar, sino de una política consciente de encubrimiento y adaptación al poder político de turno.

La directiva expresa su “profunda preocupación” y reclama la “inmediata aplicación del protocolo”. Sin embargo, lejos de ofrecer una solución real, estos protocolos han demostrado su ineficacia. No han logrado frenar la violencia ni garantizar la protección de la docencia. Por el contrario, operan como dispositivos burocráticos que descargan la responsabilidad sobre las escuelas y los trabajadores, sin aportar recursos ni respaldo efectivo ante situaciones críticas.

Al mismo tiempo, la conducción Celeste intenta presentar estos hechos como parte de una “ola” reciente. Esta caracterización es engañosa. Desde hace años, la docencia viene denunciando un incremento sostenido de situaciones violentas, junto con el abandono estatal y el deterioro de las condiciones de enseñanza. En el propio distrito, no hace mucho, fue necesario convocar a un paro frente a una agresión brutal a una docente. Los hechos desmienten el relato oficial.

El comunicado también busca desviar responsabilidades hacia el gobierno nacional y los medios de comunicación, omitiendo deliberadamente el rol del gobierno provincial. No se puede hablar de ausencia de políticas públicas como si San Martín estuviera al margen de la provincia de Buenos Aires. Esta omisión responde a una orientación clara: la subordinación de la conducción Celeste al gobierno de Kicillof.

Esta adaptación se expresa también en el plano sindical. Frente a hechos de violencia, la conducción se limita a manifestar “solidaridad” y “ampañamiento”, pero rechaza sistemáticamente las medidas de lucha. No convoca a paros ni movilizaciones, ni organiza un plan de acción que permita conquistar las respuestas que necesitamos. En muchos casos, incluso, tiende a minimizar u ocultar los hechos para evitar cuestionamientos a la política educativa vigente.

Esto pone de relieve otro aspecto central: el sindicato dispone de recursos económicos y organizativos que podrían destinarse a la protección de la docencia (asesoramiento legal, equipos interdisciplinarios independientes, campañas activas, comités de seguridad en las escuelas), pero la conducción opta por no utilizarlos con ese objetivo. Los fondos sindicales no están puestos al servicio de enfrentar la violencia, sino de sostener una estructura que prioriza la ‘gobernabilidad’ capitalista por sobre los derechos de los trabajadores.

En este marco, la consigna de “escuelas como territorios de paz” aparece como una formulación vacía, desconectada de la realidad. En medio de una crisis social profunda (marcada por la precarización, el deterioro de las condiciones de vida y el vaciamiento de la educación pública), las escuelas son empujadas a cumplir funciones de contención sin recursos, transformándose en verdaderas “guarderías sociales”. Pretender que la “convivencia” institucional resuelva estos problemas equivale, en los hechos, a negarlos.

Desde una perspectiva socialista, la violencia escolar no puede analizarse por fuera de las condiciones sociales que la generan. Es expresión de un sistema que degrada la vida de las mayorías, erosiona los vínculos sociales y vacía de contenido a la escuela pública. Por eso, la salida no pasa por la adaptación ni por la administración de la crisis, sino por la organización y la lucha de la docencia junto a toda la comunidad educativa.