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Frente a una ola creciente de hechos de violencia en las instituciones escolares (que tuvo un punto de inflexión tras la masacre de San Cristóbal y que hoy golpea tanto a estudiantes como a docentes) el gobierno de Kicillof ha optado por una respuesta tan limitada como superficial: la implementación de “protocolos” que promueven espacios de “circulación de la palabra” y debates de apenas 15 o 20 minutos en el aula. Pretende, así, abordar una crisis social profunda con una simple charla.
En el contexto de amenazas que circularon en escuelas de distintos distritos bonaerenses, el gobierno difundió un documento de Inspección titulado “Orientaciones para la intervención institucional. Tema: Cuidado y autocuidado ante expresiones de violencia en la escuela” . Allí se delinean criterios para actuar frente a grafitis, mensajes intimidatorios y publicaciones en redes sociales.
El texto indica que, ante estas situaciones, muchas veces asociadas a desafíos virales, los equipos directivos deben promover intervenciones institucionales durante la jornada escolar. Sin embargo, más allá de las recomendaciones formales, el documento insiste en la necesidad de “fortalecer el cuidado y el autocuidado” y de concebir a la escuela como un “ámbito de escucha”.
Pero esta mirada omite una realidad innegable: escuelas con docentes sobrecargados y planteles insuficientes para atender tanto las demandas pedagógicas como las situaciones de violencia; estudiantes que enfrentan condiciones materiales cada vez más precarias producto de una crisis económica que golpea con dureza a la clase trabajadora.
La apelación al “autocuidado” encubre, en los hechos, el ajuste presupuestario. Se niegan recursos elementales para que, por ejemplo, se pueda garantizar una alimentación adecuada a estudiantes y familias atravesadas por la pobreza. Al mismo tiempo, se intenta reducir estas expresiones de violencia a un problema de “convivencia institucional”, desligándolas de su raíz social.
De este modo, el problema queda encerrado dentro de los muros de la escuela, ocultando el trasfondo de una crisis más amplia que impacta sobre la juventud y la docencia. Una crisis agravada por la expansión del narcotráfico en los barrios populares, con su correlato de consumos problemáticos y violencia.
Mientras tanto, los medios alimentan el pánico y estigmatizan a la juventud, al tiempo que el gobierno avanza con políticas regresivas como la baja de la edad de imputabilidad. Así, detrás de un discurso aparentemente “comprensivo”, se despliega una orientación represiva que recae sobre jóvenes, trabajadores y sectores vulnerables.
¿“Chistes”?
La violencia no puede explicarse ni resolverse con preguntas superficiales como “¿qué puede generar en otros?” o “¿dónde está el límite?”. Es la expresión de una juventud sin perspectivas, en un sistema que ha naturalizado la violencia a escala global: guerras, genocidios transmitidos en tiempo real -como los que sufre el pueblo palestino- y una degradación constante de las condiciones de vida.
En este marco de ajuste sobre la salud y la educación públicas, despidos masivos y salarios y jubilaciones de indigencia, cualquier protocolo resulta impotente frente a la magnitud del problema.
La salida es material, no un protocolo. Enfrentar esta situación requiere medidas concretas y recursos reales.
