Vicentin, la crisis política y los trabajadores y la izquierda

Escribe Marcelo Ramal

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La cuestión de Vicentín ha dado en las últimas horas varias vueltas de tuerca que, por cierto, no serán las últimas. Después de su reunión con los directivos de la cerealera, el gobierno ratificó la decisión de expropiar la empresa, aunque no dio a conocer todavía la ley que habilita la expropiación. Por otro lado, como la empresa se encuentra concursada, son muchos los que sostienen que la ley sería inconstitucional – el avasallamiento de un poder por otro. No es indiferente, entonces, que el gobierno haya protegido la intervención con una autorización del juez de la causa. La ley de expropiación deberá dejar en manos de los tasadores públicos el resarcimiento económico que establece la Constitución, lo cual será parte de otro tramo de la crisis política, dada la presencia de acreedores de fuste, como el Banco Mundial y otros extranjeros, por 35 mil millones de pesos, y el Nación, y la Cooperativa Agraria y productores por más de 50 mil millones. En las últimas horas, trascendió que ese grupo de bancos internacionales, liderado por el Banco Mundial, estaba haciendo su propia investigación, que no se limita al concurso judicial, sino al procedimiento llamado “discovery”, que es hurgar las tenencias de Vicentin y sus accionistas en todo el sistema financiero internacional, incluido los paraísos fiscales. El grupo Vicentin, ante esto, ha renunciado al secreto fiscal y comercial.

Así las cosas, la expropiación ha desatado un amplio frente de oposición, que se filtra al interior del propio gobierno. Al menos medio gabinete del gobierno de Santa Fe se opone a la expropiación; en el de Córdoba hay un silencio ensordecedor. No debe sorprender, entonces, que el gobierno está raspando la olla para conseguir el quórum y los votos para la expropiación, y que el escenario político aparezca cada vez más incierto.

En oposición al proyecto oficial se ha articulado un bloque que incluye a Lavagna, al Frente Cívico Social de Santa Fe (socialismo-UCR) y probablemente al massismo. Contigiani, un diputado del PS ligado a la Federación Agraria, presentó un proyecto de expropiación alternativo, que prevé la formación de una sociedad mixta, donde el Estado capitaliza sus acreencias en la firma y toma su control, pero sin prescindir de la patronal de Vicentin. Para ciertos ‘agitadores’ encumbrados, como los periodistas Pagni y Billoti, “Alberto se sacó la máscara” o, más moderadamente, se acabó el palabrerío ‘anti-grieta’ - Argentina vuelve a la “guerra gaucha” o a la ‘guerra civil’ que arrancó con la 125. Esto implicaría una crisis en el comando político de la cuarentena – el trío Larreta-AF-Kicillof.

Entuerto político

Más allá de la cuestionada viabilidad parlamentaria o constitucional de este proyecto ´alternativo´, lo cierto ha dado paso a una fractura al interior de la coalición oficial. Perotti podría alinearse con la variante de Massa-Lavagna-Contigiani, y parece suceder lo mismo con el ministro de Agricultura, que salió a decir que “se enteró por los diarios de la expropiación”. La injerencia de los bancos internacionales, a su turno, cruza la crisis con la cuestión de la deuda, aún irresuelta. Los jinetes del ´proyecto alternativo´ especulan con asestarle un golpe a la fracción kirchnerista del gobierno. Ello no significa, de ningún modo, que tengan las cartas para resolver la crisis de Vicentin.

Este entrevero de intereses condiciona la forma y el alcance de la expropiación. Quienes la apoyan, en las cúpulas de los sindicatos, cometen por lo menos un error de apresuramiento. El reemplazo de una gestión capitalista que ha quebrado, por otra gestión capitalista interesada en salvar los intereses comprometidos, no es una salida para los trabajadores – ni inmediata, ni menos de conjunto.

Que se convoque a un plenario de delegados electos de todas las empresas afectadas, acompañado de la discusión de un pliego de reivindicaciones frente a esta crisis. El Frente de Izquierda ha presentado un proyecto de expropiación sin pago, que obviamente no tendrá tratamiento parlamentario, y sólo podría ser viable bajo el capitalismo y su estado y gobierno, en circunstancias excepcionales. El oficialismo necesita sus votos para sacar el proyecto que sea. La izquierda también debería convocar a un plenario de delegados electos, que esté abierto al movimiento obrero dispuesto a elegir delegados por la base.

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