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La Voz del Interior, el principal diario cordobés, asegura que la “estrategia de Schiaretti es no hablar del tema Vicentin” (LVI, 10/6), porque habría quedado “en una incómoda encrucijada: no podía votar en contra de la voluntad del Gobierno nacional, por la dependencia financiera de la Provincia, pero respaldar la expropiación significa enfrentarse con el sector agropecuario y el grueso de la clase media cordobesa, vital en el caudal electoral del PJ provincial” (LVI, 11/6).
El gobierno cordobés tiene una deuda de más de 170.000 millones de pesos (la mayoría nominada en dólares) y un déficit fiscal anual similar. “Schiaretti actúa en defensa propia, más que en favor de la intervenida empresa santafesina. No obstante, no marcar claras diferencias con la Casa Rosada es un reflejo de la debilidad política de Schiaretti. También, de la dependencia económica de su gestión respecto del Gobierno nacional” (LV 12/6). “El fin del ´cordobesismo´”, lo tituló La Voz del Interior.
Pero también Roberto Urquía -dueño de Aceitera General Deheza -, uno de los primeros grandes empresarios en apoyar a Fernández, ha decidido "no hablar de este tema [Vicentin] por ahora" (LN, 14/6).
Vicentin y el agro cordobés
El 27 % de los acreedores de Vicentin se encuentra en Córdoba. Se trata de 518 proveedores rurales por un monto de 5.200 millones de pesos. La lista la encabezan Monte Maíz con 563 millones de pesos, Justiniano Posse con 450 millones y Marco Juárez con 400 millones.
Pero también se destapó en estos días que “el grupo cordobés Navilli [es] otro gigante del agro con una deuda multimillonaria” (LV, 11/6). El grupo de Laboulaye, que produce el aceite Cañuelas y las galletitas 9 de Oro, posee una altísima deuda impagable.
“Este grupo es propietario de las firmas Molinos Cañuelas y Compañía Argentina de Granos (CAG), que, en conjunto, registra un pasivo, al pasado marzo, de 28.237,1 millones de pesos con una docena de entidades financieras” (ídem). El 54 por ciento de la deuda del Grupo Navilli con los bancos está en la categoría de alto riesgo y el 46 por ciento restante se considera directamente incobrable.
La diferencia con Vicentin sería que Navilli concentra su pasivo incobrable en entidades crediticias y no registra cheques rechazados, es decir, que no tiene compromisos impagos con sus proveedores. Pero eso explotará en el momento que se produzca una eventual quiebra. El Banco Macro ya le pidió la quiebra a Molinos Cañuela en marzo (LN, 14/6).
Al igual que Vicentin, el mayor acreedor es el Banco Nación, al que Navilli debe 7.171 millones de pesos en grado 4 (“alto riesgo”). El Banco de Córdoba, por su parte, suma acreencias por más de 600 millones de pesos en grado 5 (“incobrable”).
La burguesía de Córdoba se encuentra atravesada por una crisis de deudas generalizada. A pesar del silencio ordenado por el gobierno cordobés, la crisis ya ha iniciado. A diferencia del gobierno, que prefiere callar, el avispero sojero se ha revuelto. Esto explica que Marcelo Huergo, editorialista de Clarín Rural, defienda la “expropiación” para que el estado les pague a los productores, amenazados con verse arrastrados a la quiebra.
Sin embargo, el diario La Nación (14/6) da cuenta de que la decisión de avanzar con la expropiación ha generado un clima de inquietud en “el campo”, lo que dio origen a una movilización rural en la ruta 5, en Salliqueló. “En este contexto, la Sociedad Rural de Jesús María, Córdoba, también se declaró en estado de ´alerta permanente´ por la situación creada en torno de Vicentin (...) ´Velaremos por nuestros derechos y la propiedad privada, buscando el apoyo de la sociedad, las fuerzas vivas y representantes de diversos estamentos`, remarcó la Rural de Jesús María”.
La expropiación de Vicentin es un intento de salvataje por parte de un Estado también quebrado y a punto de suscribir un acuerdo con los bonistas internacionales que colocará el presupuesto nacional en la picota.
La crisis de Vicentin exhibe un hundimiento de la burguesía en su conjunto.
La crisis planteada con los agroexportadores -cuyo origen es anterior a la pandemia- ofrece dos conclusiones importantes para los trabajadores. La primera, de orden práctica para los trabajadores cordobeses cuyas luchas, por estos días, se manifiestan en las calles, es asumir la magnitud de lo que enfrentamos los explotados. Es esencial la coordinación y un congreso de trabajadores que plantee una estrategia histórica de los explotados.
La segunda conclusión nos marca el rumbo. Mientras la pandemia nos demuestra que este régimen social no es capaz de utilizar el conocimiento y el desarrollo científico acumulado en más de 400 años para centrar todos los recursos en la defensa de la salud y la vida; con la alimentación ocurre otro tanto, ya que toda la riqueza social es dilapidada por el accionar capitalista. Necesitamos un régimen de planificación en manos de los trabajadores: el socialismo.
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