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Mientras el ajuste sobre la educación pública suele expresarse en salarios deteriorados, sobrecarga laboral y falta de recursos, hoy aparece una nueva modalidad menos visible, más silenciosa, pero igual de grave: el manejo arbitrario del sistema de licencias docentes. A través del sistema digital donde cargamos los certificados médicos -incluyendo diagnósticos, cantidad de días indicados por el profesional tratante y su matrícula médica- comenzó a implementarse una práctica preocupante: no se respetan los días prescriptos por el médico.
Lo que antes era un procedimiento administrativo, hoy se convirtió en un mecanismo de control y desgaste. Cada vez son más los casos en los que un docente solicita, por ejemplo, equis horas de reposo indicadas por un profesional, y el sistema deja la licencia “en revisión”, otorgando luego una cantidad distinta de días. No se trata de una excepción aislada: es una metodología que termina perjudicando directamente al trabajador.
Escribo con conocimiento de causa. Cargué un certificado por 24 horas y el sistema terminó otorgándome cinco días de licencia, incluyendo el feriado del 1° de mayo, el fin de semana e incluso un día en el que no tenía actividad laboral en ninguna escuela.
¿El resultado? El Estado computa esos días como utilizados dentro del cupo anual de licencias del docente, consumiéndolos de manera acelerada y sin respetar el criterio médico original. La docencia siempre ha sufrido los descuentos de días feriados o fines de semana incluyéndolos dentro de sus licencias, cuando por lógica el impacto debería recaer sólo sobre el día laborable.
La gravedad de esta situación no radica solamente en el desorden administrativo. Lo alarmante es el mecanismo político detrás de estas decisiones: el Estado desoye certificados firmados por profesionales de la salud y redefine unilateralmente cuánto tiempo “considera” necesario para la recuperación de un trabajador, agotando aceleradamente el tope de días para luego, en caso de enfermedad propia o de nuestros hijos, derivar esos días a descuento salarial.
En una profesión atravesada por el agotamiento físico y emocional, donde miles de docentes sostienen la escuela pública en condiciones cada vez más difíciles, este tipo de prácticas resultan perversas. Es un dispositivo de disciplinamiento silencioso: desgastar, limitar y condicionar el uso legítimo de las licencias médicas.
Pedir días por enfermedad puede terminar perjudicándonos salarialmente, lo cual nos lleva a dejar de ejercer un derecho. Aquí se juega no solo lo económico, sino una forma de control sobre los cuerpos y la salud de quienes enseñamos todos los días.
La defensa de la educación pública también implica defender las condiciones laborales y humanas de quienes la sostienen. Debemos desnaturalizar estas prácticas administrativas, denunciar y no aceptar que los derechos docentes puedan ser reinterpretados arbitrariamente por un sistema que, lejos de cuidar, castiga.
