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Recién ha concluido el mes de abril y la situación dentro de las escuelas especiales de la provincia de Buenos Aires se ha tornado literalmente insostenible. El caos provocado por las “reformas” del director de la modalidad, Sebastián Urquiza, han convertido al hecho educativo en una ficción que coloca a docentes y estudiantes ante el riesgo concreto de que ocurra una desgracia, que no sería tal, sino la consecuencia de decisiones desgraciadas.
Los docentes especiales podemos dar una respuesta positiva a nuestros reclamos si retomamos el camino que condujo a la histórica marcha de noviembre de 2024 y dar pasos concretos hacia un plan de lucha victorioso. Esto requiere darle un nuevo impulso al movimiento autoconvocado surgido en agosto de aquel año.
El fin de las escuelas por caracterización de estudiantes ha creado una situación de verdadero caos.
La “igualdad en la diversidad” hace que cada docente atienda un grupo que en promedio tiene ocho estudiantes con diferentes características: desde discapacidad neuromotora hasta discapacidad intelectual, pasando por sordera e hipoacusia o trastorno de la personalidad. A su vez el docente está formado en la especificidad de su escuela de origen y se pretende que dé respuestas a todos. El desprecio por la formación profesional de cada uno de ellos y el despilfarro de recursos humanos de docentes formados durante años en su especificidad es propio de funcionarios que solo están dispuestos a ejecutar un feroz ajuste y donde las consecuencias las sufren no solo aquellos estudiantes que dicen pretender “incluir”, sino la propia docencia que se desangra a diario para intentar dar una respuesta educativa y solo atina a contener una situación que la desborda. Y cuando decimos que la desangra a diario estamos usando una figura para nada exagerada: ahí están las decenas de docentes que semanalmente denuncian las situaciones de golpes, mordeduras ,etc. ante sus directivos y ante la ART. Urquiza y sus asesores creyeron que con “apretar” a los docentes para aceptar “reconvertir” su cargo específico al de “Formación General”(FG) pasaban ahora a poder abordar a cualquier estudiante , cualquiera sea su característica, un despropósito “liberticida” en la provincia del “Nacional y Popular” Kicillof.
Las reformas impulsadas desde la dirección de la modalidad son de una magnitud tal que semejan al ajuste del gobierno nacional sobre el colectivo de personas con discapacidad. Veamos.
Se ha destruido la educación por caracterización de estudiantes. Ahora en una misma escuela y en un mismo grupo, un docente formado en determinada discapacidad debe atender a estudiantes con diferentes caracterizaciones.
Se ha destruido el concepto de educación personalizada, base de la Educación Especial. Hay grupos donde, literalmente, se amontonan de 20 a 25 estudiantes.
Se han virtualmente cerrado los servicios agregados para atender a estudiantes con alteraciones del lenguaje. Cabe decir que este servicio fue creado por la modalidad hace menos de 25 años y la formación de sus docentes en muchas escuelas de la provincia corrió por cuenta de los mismos, brindando una oportunidad a muchos estudiantes de “tener voz” (con todo lo que ello significa) y seguir estudios en forma normal. Otro enorme despilfarro de recursos humanos y la condena para muchos estudiantes de tener un desarrollo diferente.
Se ha limitado al área pedagógica el servicio de Atención temprana del desarrollo, desvinculándolo del área de salud y de las redes sociales que sostenían; se ha pasado del trabajo individual al grupal equiparándolo a un jardín maternal cuando el trabajo en ambos y sus objetivos son diferentes.
En la escuela para ciegos y disminuidos visuales de J. C. Paz se dio la orden este año de cerrar el taller que hace décadas existe para adultos (pues la ceguera se puede adquirir a cualquier edad). Muchos adultos que concurren allí a aprender Braille u otras necesidades como orientación y movilidad (uso del bastón) se quedan sin nada.
El incremento exponencial de la población infantil con diagnóstico de TES ( trastorno específico del sujeto) y de TEA (trastorno del espectro autista) ha pillado al gobierno provincial sin una política preventiva y adecuada a esas infancias y se pretende que la docencia especial la tenga, cuando el abordaje de esos niños requiere de profesionales específicos y de otro tipo de establecimiento educativo-terapéutico. Muchos de estos niños vienen derivados de las escuelas de nivel (sistema educativo ordinario) donde concurrían con horario mitigado ¡y pasan a tener horario completo en las especiales! Este estudiantado requiere atención reducida no solo en tiempo sino también respecto de lo grupal. Para algunos inclusive el abordaje debería ser individual. Para que se vea la situación insostenible que se ha creado basta ejemplificar con lo siguiente: en escuelas de San Miguel y José C. Paz se ha llegado al cambio de cerraduras colocando las que no tienen picaportes (como en los neuropsiquiátricos) para evitar los constantes intentos de escape de niños que no pueden tolerar estar cuatro horas en un salón. La frustración que toda esta situación genera (pasar a solo contener dentro de cuatro paredes a niños que piden a gritos y golpes otra cosa) en la docencia que se ha preparado durante años de estudio para determinados abordajes, es total.
Mucho se habla, con justicia, del ataque del gobierno nacional a los discapacitados, pero lo que se ve en la provincia de Buenos Aires es el equivalente a un trabajo en tándem entre ambos. Está planteada en forma objetiva la unificación en la lucha de ambos movimientos.
No nos vamos a cansar de señalar que la resolución 1664/17 es la que le quita la potestad a la docencia sobre qué tipo de escuela necesita cada estudiante en base a su característica y la deja en manos de sus padres que, engañados por un discurso igualitario emanado desde los diferentes gobiernos, no pueden ver que la igualdad de oportunidades no es dar a todos lo mismo sino a cada cual lo que necesita, tan sencillo como ello. Por eso había (¡¡hay !!) escuelas y docentes para personas sordas e hipoacúsicas, escuelas y docentes para personas ciegas o disminuidas visuales; escuelas para niños con discapacidad intelectual y para niños con discapacidad motora.
Los niños con TEA y TES merecen otro abordaje, otros profesionales (que no se hallan en la docencia especial) y también otro tipo de establecimiento físico en la medida que lo requieran.
Por esto cualquier lucha debe ser encabezada por la derogación de aquella resolución; ésta nunca tuvo el objetivo de incluir sino de quitar a la docencia poder de decisión sobre cómo abordar la educación de cada estudiante. Hay que remarcar que ésta resolución se dicta bajo el gobierno PRO de María Eugenia Vidal. Solo a los que concedieron un carácter inclusivo al gobierno macrista se les pudo ocurrir saludar ésta resolución. Y nos referimos a la burocracia del SUTEBA de Roberto Baradel. Las consecuencias están a la vista.
Estamos frente a un brutal ajuste económico contra los menos favorecidos: Urquiza–Kicillof trabajan en tándem con Milei contra los discapacitados. Nunca hay que olvidar que en las guerras imperialistas como la que se encuentra en rápido desarrollo a nivel mundial, los discapacitados son las primeras víctimas. Ya hemos citado en otro artículo como los nazis ensayaron el gaseamiento que se iba a usar para matar a millones de judíos, matando al comienzo de su gobierno a 60.000 discapacitados alemanes.
Proponemos, entonces, el siguiente programa para discutir entre la docencia y las familias de nuestros estudiantes y movilizar masivamente a La Plata para derrotar a quienes nos quieren ver derrotados:
