“Súper-RIGI”: al servicio de las corporaciones digitales, la represión y la guerra

El gobierno ha presentado un proyecto de ley para crear un “súper RIGI”, es decir, un nuevo régimen especial para grandes inversiones que supone mayores concesiones impositivas, aduaneras, cambiarias y jurídicas de las ya previstas con el RIGI existente.

Los requisitos establecidos son: inversiones mínimas de US$ 1.000 millones en sectores que actualmente “no tienen actividad operativa en el país” y la ejecución de al menos el 20 % de ese monto durante los dos primeros años. A cambio, los beneficios son estrafalarios: se otorgará una reducción del Impuesto a las Ganancias al 15 %, mayor disponibilidad para el reparto de dividendos y utilidades, un régimen de amortización acelerada y la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal. Exime de derechos de importación y exportación a bienes vinculados con el proyecto y a los productos exportados bajo el régimen. Habilita un esquema progresivo de libre disponibilidad de divisas provenientes de exportaciones.

En materia laboral, se establecen condiciones particulares peores que las sancionadas en la contrarreforma laboral más reciente. Lo fundamental es que prohíbe en forma completa el derecho a huelga, consagrando un nuevo régimen de fuerza de trabajo esclavo. En las cargas patronales, hay rebajas al 10 % para los nuevos empleos. El Fondo de Afectación Laboral (FAL) permanece obligatorio.

El proyecto establece que las provincias y municipios deberán adherir expresamente al régimen para que los proyectos localizados en sus territorios puedan acceder a los beneficios nacionales. Más aún, limita a un máximo del 0,5 % la alícuota para Ingresos Brutos (de recaudación provincial) y prohíbe el cobro de otros impuestos provinciales como Sellos, regalías y cánones administrativos. Los gobernadores, fieles defensores de los intereses capitalistas asentados en sus territorios, han mostrado cierta disconformidad, pero no irán a ningún choque de fondo con este proyecto. Kicillof presentó en su momento su propio RIGI en ocasión de un proyecto para una planta regasificadora de gas que finalmente se asentó en Rio Negro, pero “off-shore”, es decir, con buques regasificadores.

A sabiendas de que todas estas imposiciones y concesiones son abiertamente inconstitucionales, el proyecto garantiza por sí mismo un plazo de ¡30 años! de “estabilidad normativa en cuestiones tributarias, aduaneras, cambiarias y de seguridad social”. Una inconstitucionalidad amparando otras inconstitucionalidades. También prevé que las controversias entre el Estado y los inversores puedan someterse a arbitraje internacional.

En su presentación, el ministro Luis Caputo clarificó que el proyecto tiene beneficiarios con nombre y apellido: inversiones en inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada e infraestructura digital. Incluye por ejemplo la estratégica cadena de valor del litio y la manufactura de baterías (acceso a minerales y tierras raras). Para muchos especialistas, con este súper RIGI se facilitaría que se monten los grandes “datacenters” que requieren ingentes cantidades de energía, (involucran un gran pasivo ambiental del cual también estarían eximidas las empresas) e insumos importados.

No es coincidencia entonces que este proyecto haya sido presentado luego de la visita a la Argentina, reunión de por medio en la Casa Rosada, del empresario alemán Peter Thiel, fundador de PayPal y Palantir (emprendimiento conjunto con la CIA norteamericana), con sede en Silicon Valley. Como contratista del Estado Norteamericano, sus servicios de Inteligencia Artificial se utilizan para las masacres militares perpetradas en Gaza, Irán, en las acciones de guerra en general y también en la persecución de inmigrantes y personas calificadas como “terroristas” como es el caso de activistas propalestina. Recientemente, el gobierno de Milei anunció el lanzamiento del “Gemelo Digital Social”, un gigantesco software al servicio del espionaje y la represión cibernética diseñado por Palantir a distintos gobiernos del mundo, mientras que tiene en carpeta una posible asociación con la SIDE para conformar un “ICE” argentino.

Este proyecto colonial ha sido entonces redactado en todos sus detalles con esta oligarquía tecnológica, de manera de avanzar en la alianza estratégica con Trump y su gobierno. No fue suficiente el “RIGI” previamente establecido, que ha resultado un rotundo fracaso. A pesar de todo el servilismo de Milei, Argentina ocupa el último puesto en la región en ingreso de inversiones extranjeras. Los únicos proyectos que se valieron del RIGI son relativos a la energía y minería, ya existían antes de la ley y simplemente se reciclaron para capturar beneficios fiscales y cambiarios. Según el Banco Central, la Inversión Extranjera Directa (IED) tuvo en el último trimestre de 2025 un saldo negativo de US$ 4.687 millones.