Violencia contra la mujer en el ejército y la policía

Estados Unidos es uno de los 10 países más peligrosos del planeta para las mujeres, debido a la alta incidencia de violencia doméstica, violencia sexual y femicidios. El ranking fue elaborado por la Fundación Thompson Reuters, insospechable de antipatía por el imperialismo. Cerca de 1,3 millones de mujeres cada año sufren ataques sexuales por parte de sus maridos o compañeros, y el principal grupo de riesgo son las chicas entre 20 y 24 años.

RAINN (Rape, Abuse & Incest National Network), la red de organizaciones contra la violencia sexual más importante del país, asegura que cada 73 segundos hay una violación. Los índices de violencia física y sexual se duplican entre las afroamericanas y latinas.

En el país de la big data, el último año registro de femicidios data de 2016: 1.809, a razón de 5 por día. Cuatro de los cinco estados que encabezan la lista mortífera pertenecen al cinturón bíblico o al corredor mormón, corroborando que la religión es vehículo privilegiado de la misoginia.

La violencia contra las mujeres se potencia en las fuerzas armadas y policiales, duplicando o triplicando los índices generales. En 2014, el Departamento de Defensa registró 20.000 casos de abuso sexual -“relaciones no consentidas”- en la Armada. De las víctimas que aún permanecían en la fuerza, el 62% había recibido represalias por denunciar los abusos. No es de extrañar que de esas 20.000 casi el 85% hubiera renunciado.

La impunidad es estructural: el año anterior a la encuesta, el teniente coronel Jeffrey Krusinki, director de la prevención de abusos sexuales en las Fuerza Aérea, había sido denunciado por acoso sexual sin consecuencias. Y el 15% de los nuevos reclutas de la Marina fue admitido, aunque tuviera en su prontuario una violación o un intento de violación. Es conocido que la brutalidad, desórdenes mentales y hasta el retraso madurativo son rasgos que favorecen el ingreso al cuerpo de marines. Tan conocido como que el imperialismo utiliza la violación como arma de guerra.

Respecto de lo que ocurre en la policía norteamericana, un informe del Centro Nacional para la Mujer y la Política indica que “al menos el 40 por ciento de las familias de los oficiales de policía experimentan violencia doméstica”. O sea que cuatro de cada 10 policías abusan o golpean a sus mujeres y, a veces, también a sus hijos. La prestigiosa revista The Atlantic, hace ya unos años, señalaba que por lo menos uno de cada 10 oficiales de siete agencias de policía admitió haber "abofeteado, golpeado o herido de alguna otra manera" a su cónyuge o pareja.

Sin embargo, la violencia en el hogar no figura en los registros de inconducta policial. Las denuncias no son elevadas por los superiores sino resueltas “extraoficialmente” entre colegas. En más del 75 por ciento de los casos confirmados en el departamento de policía de Los Angeles, el expediente sobre abuso doméstico fue omitido o minimizado. De forma coincidente, una investigación The New York Times reveló que "en muchos departamentos, un oficial será despedido automáticamente por una prueba de marihuana positiva o por robar, pero puede permanecer en el trabajo después de violar o maltratar a un cónyuge".

La violencia contra la familia se revela el correlato de los “derechos” que tienen las fuerzas de seguridad para ejercer la violencia contra el resto de la población, en representación y al servicio del Estado capitalista, con la garantía de total impunidad. Esa indulgencia tiene una explicación que va mucho más allá del “pacto entre machos” que supone el feminismo y que no se aplicaría ni ante el robo ni el consumo de drogas. Por más parloteo de género que divulgue, el régimen del capital lo que necesita son mujeres sometidas a la doble opresión. La violencia en el hogar, la desvalorización y el terror en el núcleo de los afectos, intenta maniatarlas a la familia, retenerlas fuera del ámbito social donde miles de otras mujeres buscan el camino para defender sus derechos ante la debacle capitalista.

En la Argentina

La situación no es muy distinta. Según la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia, en 2018 -el último informe publicado- el 4 % de los femicidios y femicidios vinculados (familiares, hijos o personas del entorno de la víctima de violencia, asesinados con el objetivo de dañarla) fueron cometidos por agentes de seguridad. La Casa del Encuentro informa que, entre 2008 y 2019, fueron 187 las muertes de mujeres y trans en manos de un femicida de uniforme. O sea: cada mes un integrante de las fuerzas de seguridad mata a una mujer en un contexto de violencia de género. El 21 % ya habían sido denunciados y tenían restricciones de acercamiento. Pero igual mataron con su arma reglamentaria (Clarín 8/3). En la Bonaerense, entre diciembre de 2015 y abril de 2019 se abrieron 4.800 sumarios, 4 por día, por violencia familiar (El Día, 15/5/19). Sin embargo, solo 150 efectivos fueron separados.

Es lógico que la violencia de las fuerzas de seguridad no se detenga al salir del cuartel o bajar del patrullero. Los uniformados matan vecinos por ruidos molestos, transeúntes porque imaginan robos, adolescentes por portación de cara. Y cuando cruzan la puerta de su casa, con la misma arma, a veces matan a sus mujeres. Golpean y matan porque están entrenados para matar, y porque pueden, porque tienen garantizada la impunidad.

Quien diga que un curso Micaela y un manual “con perspectiva de género” puede apaciguar esta barbarie o disuadir al régimen social de intentar someter por la violencia a las mujeres es un ingenuo o un farsante.