Plenario universitario de Política Obrera votó un plan de organización e iniciativas de intervención

Escribe Anahí Rodríguez (secretaria general de la ADIUNT)

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Con una importante participación de docentes, estudiantes y no docentes de distintas universidades del país, se realizó el pasado 20 de junio un Plenario Universitario impulsado por Política Obrera para analizar la situación de las universidades tras la firma de acuerdo entre el gobierno, el CIN y las burocracias, y debatir una orientación frente a este escenario.

Participaron compañeros y compañeras de las universidades de Tucumán, Buenos Aires, Catamarca, San Luis (Capital y Villa Mercedes), Misiones, Rosario, Bahía Blanca, Entre Ríos, Quilmes, General Sarmiento y Chilecito (La Rioja).

El debate se abrió con un informe introductorio sobre la operación política que se montó entre el gobierno y los rectores, a la cual se sumaron las burocracias de las distintas federaciones docentes, no-docentes y estudiantiles universitarias para tirar abajo la Ley de Financiamiento. A partir de allí, las intervenciones se concentraron en describir el escenario en cada universidad, el estado de ánimo del activismo y las perspectivas de organización de los sectores autoconvocados que vienen cuestionando el acuerdo.

Uno de los principales ejes de discusión giró en torno al alcance de la crisis universitaria y al grado de movilización existente en la docencia y el movimiento estudiantil. En el debate se destacó que se está desarrollando un proceso de ruptura de amplios sectores docentes con las burocracias sindicales y las autoridades universitarias, que hasta el momento se habían colocado como la dirección del movimiento universitario y han sido las encargadas de contener y frenar los distintos procesos de lucha que se han desarrollados durante los últimos años.

En este marco, se valoró especialmente el paro ratificado por las diferentes asociaciones de base de CONADU Histórica al cual también adhirieron asociaciones docentes que no integran la federación y los procesos de autoconvocatoria surgidos en distintas universidades del país.

Otro de los temas debatidos fue la propuesta impulsada por algunos sectores de presentar acciones judiciales para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Durante la discusión se sostuvo que los reclamos judiciales no pueden reemplazar la movilización y que cualquier iniciativa de ese tipo solo tendría perspectivas si estuviera acompañada por un plan de lucha basado en paros, tomas y movilizaciones de masas.

Como resultado del encuentro, se aprobaron diversas resoluciones. Entre ellas, la difusión de una declaración nacional que hasta el momento ha tenido difusión virtual, sobre la situación universitaria, y apoyado en ello la promoción del debate en reuniones y asambleas acerca de la preparación de un no inicio de clases y de un paro por tiempo indeterminado para el segundo cuatrimestre. Se acordó también continuar con la participación en la próxima asamblea nacional autoconvocada y la propuesta de realizar una jornada nacional de protesta el 1° de julio, en coincidencia con las acciones convocadas por trabajadores del CONICET.

Asimismo, se resolvió elaborar un boletín nacional que recoja las experiencias de lucha de las distintas universidades y desarrollar actividades destinadas a abrir el debate político entre los estudiantes y la docencia.

Se acordó también la realización de un plenario nacional presencial para la primera quincena de setiembre con delegados electos en reuniones y asambleas para definir un curso de acción coordinada más profundo al proceso de lucha en desarrollo.

El desafío que se desprenden del plenario es fortalecer la coordinación nacional de los sectores que rechazan el acuerdo firmado y avanzar hacia una organización independiente capaz de impulsar una salida de lucha frente a la crisis que atraviesan las Universidades Nacionales.

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