Crece la rebelión docente contra el pacto del Gobierno, los Rectores y la Corte Suprema

A medida que pasan las horas, las expresiones y pronunciamientos de rechazo contra el pacto para enterrar a “la Ley de Financiamiento” crecen en todo el país.

Los profesores reaccionan ante la conspiración urdida entre Milei, el Consejo de Rectores, las burocracias sindicales universitarias y la Corte Suprema. Lo que pactaron el gobierno y los rectores es el desconocimiento liso y llano de la Ley de Financiamiento universitario, que ordena la recomposición, siquiera parcial, del salario y los presupuestos de las casas de estudio. El arrebato del gobierno a los salarios, en estos casi tres años, alcanza al 50%. La Ley ha sido promulgada y ratificada por dos fallos judiciales, que rechazaron los recursos interpuestos por el gobierno para no cumplirla. La causa se encuentra en la Corte, que demora pronunciarse sobre las apelaciones de Milei. Después de dos fallos que confirmaron la ley, la Corte no tendría otro remedio que validarla.

Apoyados en esta dilación judicial, gobierno y Rectores han sellado un pacto ilegal: enterrar a La ley de Financiamiento, y “arreglar” a los universitarios con la mitad de lo que les ha sido arrebatado: un 21% de aumento ahora y y otro 3% en octubre. Contando los aumentos salariales ya producidos en 2026, las cuentas del 2026 arrojarían un 35% de incremento, algo no demasiado diferente a la inflación del año. Es la consolidación del despojo salarial de 2023, 2024 y 2025. Las autoridades del gobierno y de la Universidad se han complotado para actuar fuera del orden legal vigente, que incluye a la ley votada por el Congreso.

El pacto espurio cuenta con la silenciosa complicidad de la Corte: al demorar el fallo, facilita la extorsión oficial - aceptar el ofrecimiento fraudulento, so pena de seguir esperando un fallo que no llega. La otra pata son las burocracias sindicales de la docencia. Anoticiadas por los rectores de este pacto, aceptaron bajar a las facultades para compulsar, “por sí o por no”, en encuestas individuales, la oferta del gobierno, en vez de denunciar la extorsión, la ilegalidad de la maniobra y resolver una lucha decisiva hasta arrancar el financiamiento reclamado. Las burocracias han preparado esta entregada con una política de paros aislados y episódicos.

Pero ¿qué ha ocurrido en el día de ayer? Por un lado, las compulsas y encuestas muestran un rechazo a la "oferta" oficial, incluso bajo la manipulación de direcciones que están actuando a favor del pacto. En la FeDUBA, el sindicato afín al rectorado de la UBA, el rechazo alcanzó al 87%. En la CONADU, han rechazado ADIUC (Córdoba), el sindicato de Rosario y también el de Quilmes. En Rosario, los docentes votaron que, si CONADU levanta el paro, ellos lo van a mantener. En la Escuela de Comercio Manuel Belgrano, dependiente de la Universidad de Córdoba, una asamblea de un centenar de docentes votó “el más enérgico rechazo” a la maniobra oficial, y reclamó una urgente asamblea extraordinaria de todo el gremio. En Tucumán, Bahía Blanca y UBA (AGD), donde se realizarán asambleas hoy, se descuenta el rechazo. En San Luis, el sindicato impulsa una autoconvocatoria nacional de docentes y sindicatos, para desconocer el acuerdo incluso si es firmado por los involucrados. Un petitorio con más de un millar de firmas circula por todos los grupos y redes de la docencia, instando al rechazo.

Rechazo y desconocimiento

A despecho de este movimiento, el secretariado de CONADU ha votado “aceptar”. Se está operando la misma maniobra que tuvo lugar a comienzos del cuatrimestre, cuando fueron desconocidos numerosos mandatos en favor de la huelga indefinida y resolvieron paros parciales y desgastantes. La burocracia se rinde frente a la extorsión oficial, porque, para ella, esa extorsión es el mal menor frente al desafío de ir a una lucha decisiva. Pero la voluntad que recorre a la docencia es otra: es necesario extender las autoconvocatorias y las asambleas de base; congresos de bases docentes que pase por encima de las divisiones por gremio; convocar a la unidad docente, no docente y estudiantil para ocupar las Facultades; en rechazo del “acuerdo” ilegal, o por su desconocimiento, si llega a firmarse; huelga general de los claustros hasta que la ley de financiamiento salga, incondicionalmente, en los términos en que fue promulgada.