El aborto legal no es prioridad para el gobierno ‘feminista’

Escribe Ana Belinco

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En una entrevista para Radio Nacional el presidente Alberto Fernández sostuvo que postergará el envío al Congreso de la Ley de aborto usando de excusa la pandemia Covid-19, que habría alterado las urgencias y las prioridades de la agenda.

Esta misma excusa es utilizada a lo largo y ancho del mundo como punta de lanza para atacar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. En EE UU, por ejemplo, se suspendieron los abortos quirúrgicos y se dificultó el acceso a los abortos medicamentosos bajo el pretexto de que no eran intervenciones esenciales y que había que utilizar todos los recursos sanitarios para atender la pandemia.

Prioridades cambiadas

"Yo no he abdicado en mandar la ley de aborto, en absoluto, simplemente postergamos el envío por la urgencia que hoy tenemos” lanzó AF y dijo que apunta a que el tratamiento del aborto sea parte de la "agenda pos pandemia".

Es evidente, más allá de la demagogia, que no es prioritario ni urgente para el Gobierno Nacional evitar la muerte de mujeres por abortos clandestinos, lo que desmiente el relegamiento del derecho al aborto en la pandemia. Las nuevas muertes de mujeres deberían ser incluidas en las listas de decesos del Covid19.

Las prioridades están cambiadas desde siempre para el Estado capitalista. Desde el 2007 que el PJ/K cajonea el Proyecto de la Campaña por el aborto legal. Cuando se sesionó durante el macrismo se aseguró que no pasara y el Palacio se mostró en toda su esencia clasista: de cara a las Iglesias y al capital y de espaldas a las miles de mujeres que estábamos reclamando la aprobación de la ley en las calles.

Al inicio de la cuarentena, el ministerio de Salud había sostenido que la interrupción legal del embarazo (ILE) y el acceso a métodos anticonceptivos eran considerados servicios esenciales. Pero la realidad se choca de bruces con los discursos. Ya de por sí en tiempos normales hay miles de trabas para acceder materialmente a estos derechos más allá de la formalidad de la ley. En tiempos de pandemia esto se profundizó. Los hospitales prácticamente no atienden por casos relacionados a la salud reproductiva, aunque el sistema público es una de las fuentes por la cual las mujeres acceden a la anticoncepción. Por su parte, las obras sociales y las prepagas escatiman la atención y la entrega de anticonceptivos.

La reforma judicial está antes

El presidente durante la misma entrevista dijo que el próximo proyecto que enviará al Congreso será el que hace a la reforma de la Justicia Federal para que "la inteligencia se dedique a lo que se tiene que dedicar". Pero la inteligencia se dedica a cumplir sus funciones inherentes: espiar y armar operaciones para el gobierno de turno.

La necesidad de manipular la Justicia por parte del poder ejecutivo y los servicios de inteligencia es una constante en la historia argentina. La famosa Corte que designó Néstor Kirchner, para reemplazar a la de “la servilleta” de Menem, tuvo por objeto obtener la legalización de la pesificación de los ahorros en dólares. En medio de las causas contra CFK y su familia esto se vuelve prioritario para el gobierno de F/F pero las mujeres trabajadoras que mueren en abortos clandestinos pueden esperar.

Aborto: derecho esencial

Hoy más que nunca el aborto es un derecho esencial porque, por más que el presidente quiera dejar el tratamiento de la ley para la agenda pos pandemia, no se puede pausar un embarazo y tampoco se puede tolerar ni una muerta más en la clandestinidad.

El gobierno debe garantizar anticonceptivos gratuitos de calidad y sin receta así como también el suministro gratuito de misoprostol; que los servicios de salud reproductiva continúen en funciones disponiendo las precauciones sanitarias necesarias para evitar el contagio de las mujeres que deban acceder a dichos servicios. Al mismo tiempo tiene que garantizar el aborto medicamentoso sin restricciones y el aborto legal, seguro y gratuito en el hospital sin dilaciones.

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