Rusia: Putin pierde terreno frente a las elecciones parlamentarias

El gobierno ruso ha fijado las elecciones para el próximo 20 de septiembre. Se realizarán más de 2.200 comicios de distintos niveles, entre ellos la renovación de la Duma Estatal. En total, estarán en juego alrededor de 20.700 escaños y otros cargos, entre ellos, la elección de gobernadores en once regiones y elecciones parlamentarias regionales en otras 39 entidades del país.

La convocatoria se produce en un momento de declive del presidente Vladimir Putin y de su partido, Rusia Unida. Incluso la encuestadora estatal VCIOM señala que la aprobación del mandatario ha descendido del 74 al 65,6 por ciento. El apoyo al partido gobernante oscila, según otras encuestas, entre el 33 y el 45 por ciento.

Entre los principales factores detrás de este desgaste figuran el cansancio por la guerra, los ataques con drones ucranianos en territorio ruso, el encarecimiento de la vida cotidiana y, especialmente, los recurrentes cortes y ralentizaciones de internet. Aunque Putin ha defendido estas medidas por razones de seguridad nacional, la oposición ha ganado terreno en los sondeos precisamente por criticarlas abiertamente.

A pesar de la pérdida de apoyo, el partido del Kremlin cuenta con cortafuegos: el uso masivo de recursos administrativos, la capacidad de movilizar el día de la elección a millones de empleados públicos, trabajadores de la industria militar y soldados, así como la tradicional baja participación electoral, sobre todo en las grandes ciudades.

Según Vedomosti, uno de los periódicos económicos más influyentes del país, el resultado de Rusia Unida podría situarse entre el 54% y el 57% de los votos. El Partido Comunista de la Federación Rusa (PCFR) obtendría entre el 13% y el 15%, el Partido Liberal Democrático de Rusia (PLDR) entre el 11% y el 13%, Nuevo Pueblo entre el 6% y el 8%, y Rusia Justa alrededor del 4 por ciento. Por fuera de Rusia Unida, los demás partidos constituyen lo que se ha dado a llamar una oposición ´leal´ que forma parte del sistema controlado por el Kremlin.

Paralelamente, las autoridades han intensificado la presión sobre el otro partido opositor legal con presencia en la Duma: Yábloko. Numerosos activistas de esta formación han sido detenidos, encarcelados, declarados “agentes extranjeros” o “extremistas”, lo que les impide participar en los comicios. Esta formación se ha opuesto públicamente a la intervención militar en Ucrania desde 2022. Es el caso de Boris Nadezhdin, exdiputado y único candidato con discurso antibelicista que intenta presentarse ahora a las elecciones a la Duma por Mytishchi, una ciudad ubicada en el óblast de Moscú. Fue incluido como “agente extranjero” el 10 de julio y detenido brevemente tres días después, acusado de “exhibición de símbolos extremistas”. Nadezhdin habría compartido una foto en línea de Alexéi Navalny, el antiguo líder de la oposición rusa, que falleció en prisión en circunstancias poco claras.

“El espíritu de Anchorage ha sido sepultado”

Estas elecciones se dan en medio de un recrudecimiento de la guerra. Ucrania ha intensificado sus ataques con drones contra la flota rusa en el mar de Azov, lo que ha obligado a Moscú a suspender el tráfico marítimo en esta vía navegable clave, generando largas colas de buques.

La situación representa un cambio drástico, ya que el mar de Azov había sido durante años utilizado como base estratégica para lanzar ataques contra Ucrania y como ruta vital para exportar petróleo, grano y otros productos hacia el mar Negro y el resto del mundo. Según fuentes citadas por CNN, Kiev ha alcanzado 116 embarcaciones rusas en solo nueve días. Medios especializados en el mapeo diario señalan que estos ataques marcan una nueva fase para aislar a la península de Crimea del territorio continental y perturbar las exportaciones rusas. Rusia, principal exportador mundial de trigo, podría enfrentar pérdidas de miles de millones de dólares (un cuarto de sus exportaciones de trigo pasa por esta ruta); los precios internacionales del cereal ya se han disparado. Este escenario ha llevado a comparaciones con la crisis del Estrecho de Ormuz.

El cambio se expresa también en la narrativa oficial: el Kremlin ha abandonado formalmente el eufemismo de “operación militar especial” y habla abiertamente de “guerra”. Refleja una percepción de conflicto más amplio y prolongado.

Según medios con llegada al Kremlin, el ataque con drones ucranianos del pasado otoño contra la residencia de Putín en Valdai, un complejo relativamente aislado y muy seguro, y a un centro de mando de las fuerzas nucleares cercanas, puede considerarse un punto de inflexión. Ucrania no habría podido ejecutar esos ataques por sí sola. Los drones requerían tecnología y componentes occidentales. Las coordenadas precisas sólo podían provenir de inteligencia estadounidense o británica. Y las rutas de aproximación se facilitaron a Kiev a partir de datos satelitales y de inteligencia suministrados por Estados Unidos. Cuando Rusia inició la “operación especial” en febrero de 2022, su liderazgo la definió tanto política como jurídicamente como una acción limitada para liberar las repúblicas rusófilas de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú. Ese marco fijaba un alcance dos territorios de esas dos regiones, hoy subsumidos en la Federación Rusa.