Represión en Jujuy: desalojo de comunidades originarias en la Quebrada

El lunes se produjo una brutal represión en Humahuaca contra miembros de la comunidad originaria Santa Rosa, en un intento de desalojo ordenado por la justicia provincial y acompañado por un fuerte operativo policial. El operativo contó con la venia del gobierno radical de la provincia y también del intendente peronista del municipio.

El desarrollo urbano ha hecho que el territorio de esta comunidad hoy se encuentre convirtiendo en una suerte de barrio o asentamiento pegado a la ciudad, lo que eleva sustancialmente el valor de las tierras para su explotación inmobiliaria.

El operativo dejó heridos de diversa gravedad y 8 detenidos a los que la justicia imputó por diversos cargos, buscando sentar un precedente de amedrentamiento a todo el que intente resistir cualquier tipo de atropello.

Luego del escándalo mediático, el gobierno provincial, a través del Secretario de Seguridad Carlos Ariel Gil Urquiola, intentó presentarlo como un conflicto “entre privados” donde la policía sólo actuó por mandato de la justicia (El Tribuno, 11/8). La movilización de más de 100 oficiales de policía y el derrumbe de una vivienda con una retroexcavadora demuestra que se trató de un hecho muy por encima de un conflicto entre vecinos.

Un desalojo flojo de papeles

El avance represivo de la policía para cumplir la orden judicial de desalojo no tuvo reparos en nada. La propia Directora de la Dirección Provincial de Inmuebles que reconoció algunos errores en la demarcación de los territorios, con superposiciones entre algunas cedulas parcelarias y los terrenos de la comunidad.

A pesar de esta irregularidad reconocida inclusive por profesionales y técnicos, la justicia dictó sentencia sobre el caso y el juez de Primera instancia Civil y Comercial Juan Pablo Calderón sentenció el desalojo.

Los gobiernos radicales de Morales y su sucesor Sadir han tenido diversos conflictos por operaciones de especulación inmobiliaria, algunas veces chocando con comunidades originarias y otras con vecinos o campesinos que viven desde hace generaciones en sus territorios. Solo para nombrar algunos, ha habido desalojos en Guerrero, Palpalá, Finca el Pongo (Perico), La Quiaca, Yavi; pero la zona de la Quebrada de Humahuaca, destino turístico por excelencia y cuya valorización se fue por las nubes no solo por sus paisajes, sino también luego de la declaración de patrimonio de la Humanidad, es la más preciada. En los últimos años se han producido grandes desalojos y desplazamientos forzados en la zona, en función de la explotación de terrenos con fines de desarrollo comercial y turístico. Hubo conflictos con la Comunidad de Cueva del Inca en Tilcara, el desplazamiento de vecinos de Maimara que construyeron sus viviendas en terrenos ferroviarios, hoy ubicado en el centro del pueblo; el desalojo de vecinos del barrio Estación en Tilcara, y ahora, en Humahuaca contra la comunidad Santa Rosa.

Este nuevo atropello es la consecuencia directa del entramado legal y político que busca hacer grandes negocios con la tierra. El gobierno radical –en sintonía con el gobierno liberticida de Milei- se ha valido de una estructura jurídico legal afín para esta avanzada reaccionaria, partiendo del Código Contravencional. La reforma constitucional en 2023, que sumado a la derogación del decreto de emergencia territorial (Ley 26.160) a nivel nacional y el intento de imponer de la Ley de Tierras, dio la señal de largada a las patronales y especuladores para avanzar con los desalojos.

La lucha contra el acaparamiento inmobiliario y el desalojo de los pobladores originarios es una lucha inseparable junto a la clase obrera contra el gobierno nacional, provincial y municipal que defienden una agenda de intereses capitalistas ajenos a los del pueblo trabajador.