Chile: la contrarrevolución legislativa de José Antonio Kast

Desde que fuera anunciada por cadena nacional el pasado 5 de agosto, el presidente chileno se ha lanzado a una ofensiva para aprobar en tiempo récord una serie de reformas constitucionales y paquetes de leyes represivas en el marco de lo que denominó Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT). Los proyectos del presidente Kast buscan aplastar cualquier tipo de protesta o manifestación social, como contraofensiva de la rebelión de 2019, en medio del creciente descontento social y la caída de la economía. Las reformas buscan ampliar la capacidad represiva del Estado, habilitando ocupaciones militares de barrios enteros, extendiendo facultades de detención, persiguiendo a las organizaciones, y un largo etcétera.

Kast envió al Senado esta semana su reforma constitucional en materia de “seguridad”, mientras avanza en paralelo con otros 30 proyectos que son parte de la ACOT. El proyecto de reforma fue ingresado con suma urgencia (herramienta que tiene el Ejecutivo para obligar a una Cámara a despachar un proyecto en un determinado plazo de tiempo), por lo que contempla un plazo de 15 días para su discusión. El primer proyecto de la reforma es de corte formal, pero es la piedra basal para toda la reforma ulterior: establece que la protección de la seguridad de las personas constituye un deber del Estado de rango constitucional. Con esto, habilita todo el conjunto de reformas legislativas represivas, por encima de -y vulnerando- todos los demás derechos.

Uno de sus principales ejes es la creación de un nuevo estado de excepción de seguridad pública para enfrentar situaciones de grave afectación del orden público. Este nuevo estado de excepción amplía las causales constitucionales por las cuales el presidente podrá decretarlo, considerando cualquier acción que se considere una “amenaza” grave e inminente, o que se considere “afectada” la seguridad pública. Cualquier huelga o movilización podría sea considerada causal del estado de excepción, el cual ahora también podrá extenderse por hasta 120 días, y prorrogarlo con acuerdo del Congreso. Este nuevo estado de excepción establece que el presidente “podrá suspender o restringir la libertad personal y de locomoción y el derecho de reunión” y, además, “restringir el ejercicio del derecho de asociación, interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones y disponer requisiciones de bienes”. Su ejecución establece que las zonas sobre las que se aplique quedan bajo dependencia inmediata de un Oficial General designado por el presidente. En otras palabras, la instauración de un nuevo régimen pinochetista, con aval del Congreso.

Otros aspectos de la reforma se encuentran en plena sintonía con la avanzada de Trump en América Latina bajo el rótulo de “narco-terrorismo”. De aprobarse la ley, el presidente quedará facultado para declarar qué agrupación constituye una organización terrorista o del crimen organizado y le da rango constitucional a la posibilidad de crear registros de organizaciones criminales. La reforma contempla inhabilidades y restricciones de derechos para las personas condenadas por delitos vinculados a estas figuras, quienes quedarán vetados a perpetuidad para ejercer cargos públicos y no podrán acceder durante 15 años a penas sustitutivas de privación de libertad ni a beneficios penitenciarios, aparte de limitar su acceso a prestaciones financiadas con recursos públicos.

El Gobierno también pretende modificar la ley antibarricadas, modificando la actual normativa que desde 2020 comenzó a tipificar como delito el corte “violento” de calles, para penalizar los cortes eliminando el requisito de la violencia, lo cual permitiría calificar como delito cualquier manifestación que corte el tránsito (es decir, cualquier manifestación digna de ese nombre). El proyecto del gobierno, además, busca eliminar la exigencia de que la persona imputada deba haber hecho una “interrupción completa” del tránsito, incorporando que se tipifique como delito los cortes “parciales”, y ampliar su alcance, incluyendo las interrupciones de cualquier servicio de transporte, incluido el terrestre, ferroviario, subterráneo, marítimo, aéreo, etc.

Las medidas enviadas al recinto legislativo y las que se encuentran en elaboración no se limitan a las antes mencionadas. Son más de 30 iniciativas represivas que representan una verdadera campaña maratónica del gobierno en materia de represión, que además busca que se terminen de aprobar en conjunto antes de fin de año. El Gobierno ya ha logrado avances con anteriores proyectos represivos. El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en general la moción que crea la ley Naín-Retamal 2.0 (“legítima defensa privilegiada” que otorga impunidad al accionar de policías y militares, de servicio o incluso estando de franco). En paralelo al envío de los actuales proyectos, hubo un despliegue policial con la presencia de Kast y de su ministro de Seguridad, Martín Arrau, donde mostró a presos sentados en filas con las manos hacia adelante y la cabeza agachada, en un estilo similar al usado por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

El papel de la oposición

El oficialismo (Gobierno y aliados) cuenta con mayoría tanto en Diputados como en Senadores, pero parte de los proyectos, que implican cambios a la Constitución, para lograr su aprobación requieren 4/7 favorables en ambas cámaras. El diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, aliado del gobierno, aseguró que “no tenemos 4/7 en ninguna de las dos cámaras. (…) Si queremos aprobar esto, vamos a necesitar votos de la centroizquierda”. El diario La Tercera informa que “varias de las iniciativas en seguridad son respaldadas por parlamentarios de oposición”, para la cual la idea es “no negarse en su totalidad a la agenda del Ejecutivo e ir viendo punto por punto”. Ya en mayo, un sector de los partidos que formaron parte de la alianza de gobierno del expresidente Gabriel Boric (la DC, el PS y el PPD) habían sumado sus votos para aprobar la reforma constitucional de Kast, que reforzaba las facultades de fiscalización y control de identidad de las fuerzas armadas en los estados de excepción. Estos partidos también apoyaron la mencionada “ley Naín-Retamal 2.0” de impunidad para las fuerzas represivas.

Los partidos de la anterior coalición de gobierno critican la iniciativa de Kast, pero todos se han mostrado dispuestos a negociar y “dialogar”. La senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, planteó cuestionamientos a la reforma represiva porque “deja fuera muchos aspectos y tiene una derivada legislativa que la vamos a analizar en su momento”. Sin embargo, aseguró que el PS está disponible “para avanzar en medidas contra el terrorismo y el crimen organizado”. En una entrevista radial, aseguró que “la seguridad es el problema mayor que tiene la ciudadanía” y “nuestros parlamentarios siempre han estado disponibles para votar a favor [de este tipo de leyes], han votado a favor los más de 70 proyectos que se impulsaron durante el gobierno del presidente Boric, somos autores de varios proyectos, yo soy autora de la Ley Anti-terrorista. Por lo tanto tenemos un compromiso real con el combate al terrorismo y el crimen organizado”. Finalmente, llamó a que “pongamos más carabineros en la calle”.

Un comunicado del PC sobre la actual reforma de Kast cuestiona que una de las primeras iniciativas del gobierno actual haya sido recortar en un 3 % el presupuesto del Ministerio de Seguridad, y que “recién ahora, tras cinco meses de gestión, presenta un primer esbozo de plan en esta materia”. En referencia a la reforma que permite los estados de excepción en barrios, el PC señala que antes “debe presentar el contenido preciso de su propuesta, explicar qué problema concreto busca resolver, entregar evidencia sobre su efectividad y establecer garantías claras que impidan la arbitrariedad y la discriminación”. No se olvidaron de recordar que “desde el primer día de este gobierno hemos sido una oposición dispuesta al diálogo y a trabajar por el crecimiento de Chile”.

Por el lado del FA, el expresidente Gabriel Boric ha evitado todo lo posible aparecer en público después de su derrota en las últimas elecciones y ha evitado cualquier declaración sobre la actual reforma. Su única declaración fue en la reciente presentación de un libro de un exministro de su gobierno, donde criticó la reforma, aunque se cuidó de asegurar que “quienes estamos en política tenemos que estar dispuestos a colaborar con quien quiera que sea el gobierno para políticas de estado”.

Perspectivas

El expresidente se encuentra en un imparable retroceso político desde su última derrota electoral. Ahora Boric acaba de sufrir una nueva derrota en las internas de la organización que él mismo fundó, el Frente Amplio. La disputa se dio entre la actual presidenta del partido, Constanza Martínez, y la diputada Gael Yeomans. El “boricismo” dio su apoyo a la primera, que salió derrotada. “La derrota no era lo esperado por el sector de Martínez, quien encabezó al FA en los últimos dos años, en representación del ala interna que es ligada al expresidente Boric y a otras figuras históricas del partido (...)” (La Tercera, 18/8). Un golpe en contra de Martínez fue la defensa que realizó del expresidente Sebastián Piñera (represor de la rebelión chilena), calificándolo como un defensor de los derechos humanos (lo mismo que hizo Boric en el funeral de aquel). La lista de Yeomans también atacó a su rival sosteniendo que, durante los dos años en los que Martínez fue presidenta del FA, se fueron siete mil militantes de la organización. La derrota, sin embargo, fue de conjunto para el FA: participaron de la votación unos 10.358 afiliados (el 18,4 % del padrón). El FA ya no cuenta con la presencia dirigencial y la fuerza en el mundo estudiantil que supo tener durante las movilizaciones del 2011.

A pesar de que Kast ha batido el récord de caída de aprobación en las encuestas desde que asumió la presidencia (25 % de aprobación y 60 % de rechazo), mantiene la iniciativa política y logra avanzar con su agenda represiva. Ninguna de las fuerzas “opositoras” representa una vía de desarrollo para la derrota de las iniciativas fascistas de Kast. El “bencinazo” (tarifazo de la nafta), el crecimiento del desempleo y de la inflación y la caída en la actividad económica han alimentado la bronca popular contra el gobierno, que ahora busca blindarse con las leyes represivas. Las primeras movilizaciones masivas contra Kast comenzaron en junio de este año, contra los recortes a la educación y la megarreforma. También se han registrado paros y movilizaciones de sectores portuarios y estatales. La derrota de la ofensiva contrarrevolucionaria de Kast retomará, con más fuerza, la senda de la rebelión de 2018.