La CGT, las CTA y las organizaciones sociales no presentaron ninguna salida para los 6 millones de endeudados

La insolvencia de millones de trabajadores que registran las moras de los sistemas monitoreados -bancos y billeteras virtuales- no contempla a los trabajadores y a las cuevas financieras ‘informales’. En este cuadro, la Confederación General del Trabajo (CGT), las dos CTA y movimientos sociales, nucleados en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), se movilizaron a las puertas del Ministerio de Economía el jueves 20 de agosto.

Los dirigentes sindicales presentes en la concentración repitieron que la situación es insostenible, que los salarios están por el suelo y no permiten cubrir las necesidades básicas de las familias, como si la responsabilidad por esta situación no cayera sobre los sindicatos, que han firmado convenios a la baja o se han asociado a la ausencia de paritarias en combinación con las patronales. El reclamo de estos burócratas frente a los hechos consumados no se aleja, sin embargo, de los proyectos legislativos, principalmente de distintas variantes del peronismo y el radicalismo - diversos mecanismos de recorte de intereses y el alargamiento de los pagos, es decir, profundizar la insolvencia en el tiempo. El petitorio la CGT al Ministerio de Luis Caputo plantea una intervención estatal, sin definir su contenido.

Las reuniones del Consejo del Salario sirven a las patronales y al gobierno para dejar los salarios por el piso con la complicidad de la burocracia sindical. Incluso, de imponerse la suma propuesta por la CGT, un salario mínimo de 600.000 pesos, representaría el 20% una canasta básica familiar.

La burocracia sindical, que ha tolerado todos los ataques a los trabajadores, se ha visto obligada a organizar una movilización de su aparato para no ser corrida directamente de la crisis. Los dirigentes sindicales se han cuidado muy bien en sus intervenciones y declaraciones de expresar cualquier tentativa de convocar medidas de fuerza, a las cuales son hostiles.

Un análisis exhaustivo de la Revista Crisis (10/05) señala los “narco préstamos” en las villas y las barriadas más pauperizadas ante la imposibilidad de acceder a cualquier tipo de crédito legal. Las redes utilizan a los vecinos para encubrir el origen espurio del dinero y cooptar a una red cada vez mayor de personas. La explosión de esta situación ha adquirido estado público bajo diversos informes televisivos (Crónica) y las coberturas periodísticas de Diario Popular en el AMBA.

La CGT ha admitido que los endeudados adquirieron un “problema entre privados”, con el propósito de omitir una reivindicación colectiva y una movilización de masas. El estado debe intervenir los bancos y las billeteras virtuales para suspender de inmediato, por dos meses, el pago de las deudas. La finalidad de la intervención es poner fin a todo el sistema usuario del sistema financiera capitalista, mediante su nacionalización.