La Procuración General de la Nación aprobó un manual para investigar preventivamente el "terrorismo"

La Procuración General de la Nación (PGN), a cargo de Eduardo Casal, que ocupa el cargo de forma interina desde 2017, aprobó mediante la Resolución PGN 56/2026 la "Guía para la investigación de incidentes terroristas previos a un ataque", destinada a fiscales federales, elaborada por la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT) y la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), con aportes de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI). El documento se presenta como una herramienta técnica de "prevención".

Casal, el jefe de todos los fiscales nacionales, fundamentó la resolución en la "creciente preocupación por la expansión de la radicalización violenta y la propaganda extremista en entornos digitales" (Infobae, 17/8).

El principio que introduce la PGN sostiene que el terrorismo no debe enfocarse solo en el atentado sino en toda la cadena de actividades previas, desde la radicalización digital hasta el reclutamiento y la planificación; Casal instruye a los fiscales federales a perseguir la intención, indefinida por definición. Convierte a los fiscales, cuya tarea ess calificar el delito, incluso mediante una investigación, en personal policial.

En la guía se puede leer que "actualmente hay consenso que el fenómeno terrorista no se reduce únicamente al atentado, el cual solo resulta ser el eslabón final de una larga cadena de concatenaciones previas". Conceptualiza a este proceso como "Ciclo Terrorista" - "un proceso criminal organizado, continuo y permanente" en el que el atentado es apenas la instancia final. Sobre esa base se construye una matriz de indicadores ideológicos, conductuales y sociales, clasificados en niveles de riesgo medio, medio-alto, alto y crítico, que abarcan desde la adhesión a "teorías conspirativas" hasta la "identificación con ideologías extremistas" y la "escalada discursiva". Siguiendo este hilo de análisis, la guía asevera que es "una empresa criminal organizada, de carácter permanente, en la cual cada uno de los aportes funcionales cumple un rol específico y necesario para la producción del resultado final de violencia". Si el planteo se toma al pide de la letra, LLA se ubica en la ‘pole position’. Javier Milei y las redes libertarias son una usina de amenazas terroristas, como “el exterminio de la izquierda, en tanto que sus relaciones con los jefes políticos de las milicias de Río de Janeiro o de la ultra franquista de España lo convierten en un promotor o encubridor del delito político contra sus adversarios. El intento de asesinato de Fernando Cerimedo contra su pareja boliviana no sería más que la prueba material de una corriente terrorista de la ultraderecha.

El documento avalado por Casal es un manual lombrosiano del siglo XXI, en el que se afirma que "determinados factores psicosociales pueden incrementar la susceptibilidad de una persona frente a procesos de captación ideológica y movilización hacia la violencia", y entre las causas que llevarían a una persona a convertirse en "terrorista", la guía identifica "sentimientos persistentes de injusticia, humillación o exclusión; crisis de identidad; necesidad de pertenencia; vulnerabilidad emocional derivada de pérdidas, traumas o aislamiento social; así como síntomas de ansiedad, depresión o irritabilidad". La enumeración califica perfectamente el marco en el que creció Adolf Hitler – desde Fidel Castro para abajo, los militaristas de izquierda eran todas personas altamente sociables y sus objetivos públicamente humanitarios.

Bajo la excusa de anticiparse al hecho "terrorista", el Estado, a través de los fiscales federales, se habilita a sí mismo a investigar, vigilar y clasificar por riesgo a personas y organizaciones por lo que dicen, publican o creen, no por lo que hacen. La PGN aclara, en letra chica de la guía, que esos indicadores "no constituyen tipos penales" ni habilitan por sí solos medidas coercitivas. Pero toda la arquitectura del documento -una lista de verificación, siete áreas de investigación, identificación de usuarios y preservación de "evidencia digital" en redes, plataformas de mensajería y videojuegos online- está diseñada precisamente para que la sospecha ideológica se convierta en objeto de investigación fiscal antes de que exista delito alguno. Es la lógica del "derecho penal de autor", que crea una situación de excepción en la que no se juzgan actos, sino "sujetos peligrosos", justificada en la guía como una "función protectora del Estado de Derecho".

El manual de Casal se inscribe explícitamente en la Estrategia Global de Naciones Unidas contra el Terrorismo y en la batería de resoluciones del Consejo de Seguridad posteriores al 11 de septiembre de 2001, Es el mismo andamiaje jurídico internacional que ha servido para justificar guerras, vigilancia masiva y la criminalización de movimientos sociales, migrantes y opositores en medio mundo. La guía se complementa con la incorporación del Ministerio Público Fiscal al Centro Nacional Antiterrorista y con el rabioso alineamiento del gobierno liberticida con la agenda de seguridad promovida desde Washington.

En ese contexto, una "guía" que habilita a fiscales a investigar publicaciones, "amenazas difundidas en entornos digitales" y procesos de "polarización social" no es un instrumento neutral contra el "yihadismo internacional": es una pieza más del Estado policiaco montado por los liberticidas, que el gobierno puede activar, con la flexibilidad que dan categorías tan ambiguas como "extremismo violento" o "movilización", contra el activismo obrero y estudiantil que resista el plan de ajuste de Milei y Caputo. La recíproca no es aceptada: “Milei fascista, vos sos el terrorista”, vocean las multitudes. Para Casal, en cambio, una acusación de terrorista contra Milei y su patota, sería tomada por los ‘fiscales’ como un indicio de terrorismo.

El propio texto de la guía es un manual de doble uso: puede presentarse como prevención de atentados con explosivos y, al mismo tiempo, ofrecer a cualquier fiscal la cobertura técnica para investigar como "indicio de riesgo" la organización de una huelga, una toma de fábrica o una campaña de agitación en redes contra el gobierno.

A los fondos reservados de la SIDE, las represiones desplegadas por el Ministerio de Seguridad y la reinserción de las Fuerzas Armadas, se suma el entramado judicial a la persecución, represión y coacción, que a su vez actúa como coraza ante los hechos de corruptela del gobierno y de su accionar anticonstitucional. La PGN, con Casal a la cabeza, se dota de facultades ampliadas de "vigilancia preventiva" cuando el ajuste de Milei y Caputo necesita disciplinar cualquier respuesta organizada de los trabajadores.

El terrorismo es el método social típico del fascismo (incendio del Reichstag) en las condiciones de una guerra mundial imperialista de aniquilamiento.