Enfrentemos un ajuste histórico contra las Universidades
Declaración de Tendencia Universitaria Clasista-Política Obrera.
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El viernes 21, el juez Martín Cormick, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, convocó a una reunión de conciliación entre el Gobierno y los rectores. La instancia de «diálogo» fue solicitada unilateralmente por la UBA, con el argumento de ampliar la discusión hacia aspectos que no quedaron comprendidos en la cautelar que dejó firme el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia, relacionados con los hospitales universitarios, los gastos de funcionamiento y las partidas destinadas a Ciencia y Técnica.
La UBA, con Emiliano Yacobitti a la cabeza, ya había avanzado en conversaciones con el Gobierno durante el receso, con el propósito de alcanzar algún acuerdo que le permitiera mejorar sus recursos internos. Sin embargo, pese a las especulaciones de los rectores, el Gobierno no ofreció nada.
Milei no se moverá un milímetro de su política, y pretende incorporar cambios mediante el proyecto de ley de Financiamiento Universitario en el Presupuesto 2027, el 15 de septiembre próximo. Busca, demás, modificar la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Todo el arco sindical se encuentra comprometido con el Gobierno tras el acta del 10 de junio por el 21 por ciento Por eso, defiende esquema de paros aislados, incluso de menor duración que los realizados durante la primera parte del año. CONADU Histórica llevó adelante una semana completa de paro, pero hasta ahora no hay ni un balance ni perspectiva de continuidad. Todas las federaciones esperan hasta la paritaria del 1ro de septiembre, que consolidarán la pérdida salarial no sólo del 2024, sino también de los meses desde junio a septiembre.
Organicemos la lucha
La oferta del 21% entregada a fines del cuatrimestre pasado ha dada paso a un pacto entre gobierno, rectores y sindicatos para contener y detener una presión huelguística. Los paros semanales con alto acatamiento, y especialmente la huelga indefinida de la Facultad de Exactas de la UBA, ofrecieron una perspectiva opuesta a la política de las burocracias que apuestan a mesas de diálogo.
El gobierno de Milei ha confiscado un tercio del salario de los docentes universitarios; el reclamo mínimo de un aumento del 30% en el marco de la LFU es la pelea inmediata. Estamos a las puertas de la consolidación de un recorte histórico a la universidad, que sentará las bases para la privatización de las carreras de grado, ya sea por el emergente de las universidades privadas con mejores salarios, o por el arancelamiento a una porción del estudiantado, en principio.
En esta nueva etapa del conflicto universitario, el curso de la lucha estará determinado, en gran medida, por la capacidad de las bases para superar las trabas burocráticas y avanzar hacia un proceso de movilización más firme y decidido. En este sentido, será fundamental impulsar Asambleas en todas las universidades, que permitan debatir colectivamente cómo profundizar las medidas de fuerza y realizar una caracterización del escenario actual, sus desafíos y las perspectivas para el movimiento universitario.
