CABA: Jorge Macri ataca la lucha docente y estudiantil con demandas civiles a las familias y causas penales a dirigentes gremiales

El gobierno de Jorge Macri utiliza el amedrentamiento estatal contra la organización docente y estudiantil y contra la propia vida escolar. En estos días, 69 familias del “Lengüitas” (la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas "Sofía Esther Broquen de Spangenberg") han recibido demandas civiles del gobierno porteño por una ocupación de escuela que realizaron sus alumnos en 2022 (!) por un conjunto de reivindicaciones estudiantiles. Al mismo tiempo, denunció penalmente a tres dirigentes del sindicato Ademys por apoyar la lucha de docentes y estudiantes de la Escuela "Nini Marshall" contra el BA Aprende en julio de este año. Continuando esta saga, en los mismos días, el Ministerio de Educación porteño dispuso que las escuelas deben asumir el costo de eventuales daños y grafitis realizados por los alumnos.

Demandas civiles a las familias del Lengüitas

Las demandas civiles por “daños y perjuicios” que el gobierno porteño inició a 69 familias del Lengüitas pretenden aleccionar a los alumnos contra cualquier acción de lucha de los estudiantes.

En 2022, durante el gobierno de Rodríguez Larreta, se produjo un movimiento de tomas en las escuelas porteñas. Los estudiantes reclamaban viandas dignas, el fin de las ACAP (actividades en empresas u organismos que realizan los alumnos de 5º año) por degradar contenidos educativos y soluciones a problemas de infraestructura edilicia.

La ocupación del Lengüitas duró 10 días. A cuatro años de aquella lucha estudiantil, el gobierno de Macri-Miguel busca amedrentar toda iniciativa de lucha estudiantil demandando a las familias de los alumnos que protagonizaran aquellas tomas por algo más de 10 millones de pesos. El “motivo” de la denuncia ya de por sí indigna por su miseria: “el costo de los salarios pagados a los docentes por las horas cátedra de clases que no han podido ser dictadas, así como también al personal no docente por la jornada laboral en la escuela que no pudo ser llevada a cabo” (La Nación, 31/08). La saña contra las 69 familias del "Lengüitas" llega al punto de la opacidad. Según La Nación, “ante la consulta de este medio, desde la Procuración General de la Ciudad [organismo de asesoramiento y defensa jurídica del Estado porteño] solicitaron más tiempo para responder sobre este expediente”, evidenciando una búsqueda de estrategia para justificar el atropello.

En rigor, la demanda había sido iniciada por la ministra de Larreta, Soledad Acuña, en el mismo 2022, amparándose a su vez en el protocolo “antitomas” de 2018. Ahora, a través de la Procuración General, el gobierno de Jorge Macri materializa aquella amenaza.

Demandas penales contra dirigentes de Ademys

En el mes de julio, los estudiantes de la Niní Marshall tomaron la escuela en rechazo del ingreso de la escuela a la reforma BA Aprende, luego de jornadas de semaforazos de docentes y estudiantes, cortes de calle y pronunciamientos que denuncian el vaciamiento educativo, el despido de docentes y las condiciones laborales extenuantes que la misma conlleva. A la toma de la Niní se habían sumado también el Colegio Yrurtia y el Lola Mora.

Ahora, por haber acompañado la lucha de la Niní, el gobierno inició acciones penales con contra Soledad Mosquera (secretaria general de Ademys), Vanesa Gagliardi (secretaria de Derechos Humanos y docente de la Niní) y Eugenio Ariza (del Consejo Directivo del sindicato). Con este ataque, el gobierno de Jorge Macri emprende una acción contra la organización y acción gremial docente.

Protocolo de “cuidado” y pago de “daños”

La judicialización de la acción estudiantil y gremial docente se extiende al disciplinamiento de la misma vida escolar. A partir de ahora, no será con fondos del presupuesto educativo que se cubrirán los costos de daños "intencionales" o grafitis en las escuelas, si no con los mismos fondos de las cooperadoras escolares.

Un banco roto o puerta dañada como consecuencia de una acción presuntamente "intencional" o simplemente la pintura de un aula tras la acumulación de dibujos de los estudiantes, estará a cargo de fondos propios de la escuela. Pero cuestiones disciplinares como estas son contempladas en los reglamentos de convivencia escolar y deben ser abordadas en el ámbito en el que se producen (la escuela). Con esta medida, el Estado castiga económicamente los hechos de disciplina escolar; sosteniendo así un principio de disciplinamiento estatal de la vida escolar.

Más allá de lo señalado, al menos en este aspecto, la medida profundiza el desfinanciamiento educativo y establece un principio de descentralización presupuestaria (cada escuela debe sostener con fondos propios la reparación de daños). Hasta ahora, existen dos vías de financiamiento para las escuelas. Una parte proviene del presupuesto de la Ciudad y otra del Fondo Único Descentralizado de Educación, articulando con las cooperadoras escolares. Pero el nuevo protocolo abre la puerta a la descentralización mencionada.

Según la resolución, el equipo de conducción deberá elaborar una estrategia para subsanar el daño, pudiendo incluir “jornadas de reparación” con participación activa de los alumnos. Según Macri se busca que “estudiantes, docentes y el resto del personal escolar [dejen] las aulas, patios, comedores y el resto de los espacios comunes limpios, ordenados y en condiciones adecuadas al finalizar cada jornada escolar”, para sostener "una educación con cultura del orden y respeto por las reglas". Los hechos básicos de convivencia escolar son utilizados por el gobierno de Macri como una cuña para regimentar la vida escolar.

Las demandas a las familias del Lengüitas, las causas penales contra los dirigentes de Ademys y el llamado “protocolo del cuidado” que Macri implementa en el plano educativo son parte de una su política general de liquidación de la organización de los trabajadores, su iniciativa y derechos elementales. Con esa mima política persigue penalmente a los trabajadores del subte y desaloja sumariamente a las familias sin vivienda de la Ciudad.