Los delegados del subte enfrentan una causa por “asociación ilícita”

Desde hace años, la empresa Emova (antes Metrovías) y el Gobierno de la Ciudad vienen pidiendo a la justicia desafueros para despedir a los delegados y directivos del sindicato del subte. Esta práctica lleva años, y se realiza ante cada medida de fuerza de los trabajadores. Pero los casos que se llevaron hasta ahora ante los jueces han terminado siempre en la absolución. El que llegó más lejos fue el de un compañero que, sin saber que estaba acusado, -la citación le llegó a un domicilio anterior- no pudo comparecer. El juez sentenció al compañero por desacato y tuvo que retroceder en su resolución - paro mediante.

Pero la acusación de asociación ilícita que lleva adelante ahora la fiscal Celsa Ramírez va mucho más allá que los casos anteriores. Atribuye las medidas de fuerza a decisiones individuales, desconociendo la existencia de una organización sindical. Sobre esa base, arma una pirámide de organización delictiva en la que los directivos pasan a ser cabecillas, los delegados en organizadores y la base obrera en partícipes necesarios. Los reclamos y reivindicaciones son directamente borrados de la ecuación. Y las medidas de lucha son actos de desestabilización del sistema de transporte. Es mucho más que una acusación en masa: es un intento de liquidar a la organización colectiva de los trabajadores del subte.

Con esa línea de argumentación, la fiscal considera que los trabajadores del subte somos delincuentes. Por ahora son casi 200 los acusados. Porque a los 177 acusados originales, la fiscal sumó acusados por nuevas medidas de fuerza. Todas por distintas situaciones y reivindicaciones que la fiscal parece desconocer. Por eso, la causa está abierta para seguir inscribiendo acusados. Busca hacer desfilar por la fiscalía a todo trabajador que ose defender algún derecho.

El lunes 24 de agosto a media mañana, el Sindicato del Subte convocó a movilizar a la puerta de la sede del Ministerio Publico Fiscal en la calle Paseo Colón. Fueron citados a prestar declaración los primeros compañeros acusados. Los abogados presentaron un escrito reclamando la absolución por ser un procedimiento viciado. La fiscal lidera en la Ciudad el ranking de acusaciones escandalosas, entre ellas, la clausura de la Bombonera y una escalada de desalojos contra familias trabajadoras, actuando siempre de acuerdo a los fines políticos del Gobierno de la Ciudad.

La velocidad con la que se tratan las acusaciones de la empresa contra los trabajadores, contrasta con la lentitud con que se abordan las responsabilidades penales y civiles por la contaminación por asbesto en el subte. Luego de 6 trabajadores muertos, 150 afectados y 400 toneladas retiradas del material contaminante, ningún fiscal actuó de oficio ni acusó a ningún responsable con las pruebas en la mano. Los tiempos de la justicia son distintos dependiendo de quien acusa y a quien, nada más clasista que esto.

La política de amedrentamiento judicial busca reforzar la dictadura de la empresa, en medio de un retroceso salarial manifiesto y de la degradación de condiciones laborales y sanitarias. La verdadera asociación ilícita es la sociedad del Gobierno y la empresa. Es necesaria una campaña enérgica contra los procesamientos rompehuelgas, que debería comenzar con un paro de advertencia en el subte; por el archivo inmediato de todas las causas.