Catamarca: Jalil, la transición y la trama de acuerdos con Milei

La decisión de Raúl Jalil de no buscar un tercer mandato abre formalmente la transición dentro del oficialismo catamarqueño. El gobernador anunció que respaldará a Gustavo Saadi, intendente de la Capital, como candidato a sucederlo, mientras prepara su propio desembarco en el Senado. La definición se produce en el marco de una relación cada vez más estrecha con la Casa Rosada, manifestada en la decisión de unificar las elecciones provinciales de 2027 con las nacionales

El alineamiento con Javier Milei excede la cuestión electoral. Jalil ha sido uno de los gobernadores peronistas más cercanos a la Casa Rosada. En el marco de esta colaboración, el gobierno nacional cedió la presidencia del YMAD -el ente regional que administra las concesiones mineras en Agua del Dionisio- a la provincia de Catamarca. El Estado catamarqueño pasó también a contar con mayoría en el directorio que comparte con los representantes de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Con esto pasa a controlar el proceso en marcha del proyecto minero MARA y de la reactivación de La Alumbrera y los beneficios que se derivan de ello.

La cercanía alcanza también al futuro político de Milei. Consultado en el Forbes Mining Summit sobre una eventual reelección presidencial, Jalil la consideró “muy probable”, aunque condicionado a la evolución de la economía. La declaración fue formulada en el mismo encuentro donde el gobernador defendió la continuidad de la política minera y sostuvo que el resultado de las elecciones tendría un impacto “nulo” sobre el desarrollo de la actividad (Forbes Argentina, 04/09). En esa misma intervención, Jalil también destacó que gobernadores de distintos espacios políticos coinciden en sostener el desarrollo minero y defendió el papel del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La idea de fondo es que la política minera debe mantener una continuidad independientemente de los cambios electorales. En Catamarca, esa orientación se combina con obras viales, infraestructura y acuerdos vinculados con las zonas donde se concentran los proyectos mineros.

La cuestión de los recursos nacionales permite observar otra dimensión de esta relación. En abril, la Provincia acordó con Nación un adelanto de coparticipación de $150.000 millones, destinado oficialmente a reactivar la obra pública. El capital debía ser devuelto en cuatro cuotas, con una tasa del 15 % anual sobre el saldo (El Ancasti, 12/04).

A esto se suman los recursos automáticos que ingresan regularmente a la provincia. En agosto de 2026, Catamarca recibió $174.382 millones por transferencias automáticas, según datos elaborados sobre la base de información del Ministerio de Economía. Entre enero y agosto, además, Catamarca fue la única jurisdicción que registró una variación real positiva -del 0,3%- en este tipo de transferencias respecto del mismo período de 2025 (Radar Catamarca, 13/09).

La polémica adquirió otra dimensión cuando Nación habilitó a Catamarca a hacerse cargo de la rehabilitación y mantenimiento de tramos de las rutas nacionales 38, 60 y 157, con posibilidad de establecer mecanismos de peaje. El acuerdo convierte a la Provincia en administradora de recursos y obligaciones que tradicionalmente correspondían al Estado nacional. La discusión sobre las rutas, por lo tanto, se vincula directamente con el nuevo esquema de relación financiera y política entre ambos gobiernos.

La infraestructura, a su vez, aparece crecientemente asociada a las necesidades del desarrollo minero, que se hacen con las finanzas del estado -nacional o provinciales-, sean rutas, refugios, ferrocarriles, tendidos eléctricos, etc. Entre los proyectos priorizados por la Provincia se encuentran corredores estratégicos del Oeste y la Puna, mientras que acuerdos con empresas mineras contemplan aportes para caminos y otras obras en zonas de influencia de los proyectos. El caso de MARA, que acordó aportar $5.000 millones en materiales para obras viales en Andalgalá, Belén y Santa María durante 2026-2027, muestra la articulación entre inversión minera e infraestructura pública.

Transición

La sucesión de Jalil debe se produce dentro de este marco general. En una decisión que parece definitiva, el gobernador dejará la posibilidad de un tercer mandato, cumpliendo un acuerdo establecido años atrás con la exgobernadora Lucía Corpacci, estrecha colaboradora de Cristina Fernández, por la cual el gobernador de turno se apartaría luego de dos mandatos. Así fue que Corpacci le dio paso, en ese momento, a Jalil, y ahora éste lo cede a Saadi. En ese arreglo, además, quien deja la gobernación tiene prioridad para postularse como candidato a primer senador nacional y se reserva además a designar a alguien de su riñón político la intendencia de la capital. Por lo tanto, hoy Jalil impulsa a Gustavo Saadi como próximo candidato a gobernador. Saadi, hasta el momento, no ha precisado su alineamiento con ninguna de las tendencias del PJ nacional.

Sobre estas bases, Jalil prepara su eventual desembarco en el Senado. La negociación con la Casa Rosada va a estar concentrada en la elección de senadores. La Libertad Avanza pretende contar con dos, con el apoyo del propio Jalil, y el que eventualmente obtenga por la minoría si en la elección no lo lograra la UCR. Jalil pasó de la postura inicial favorable a eliminar las Paso a dejar en suspenso su postura definitiva, condicionada a que la Casa Rosada cumpla con el acuerdo por zonas frías y zonas cálidas, y a que haya un consenso amplio entre los gobernadores para eliminar o suspender las elecciones primarias. El gobernador quiere que primero se concrete el subsidio para las zonas cálidas, para después tratar la reforma política.

En paralelo, está en curso una negociación con el PJ nacional, que tiene como timonel a Quintela, el gobernador de la Rioja, designado en la última cumbre del PJ para ´atraer´ nuevamente al redil a los gobernadores colaboracionistas.

Más allá de las disputas entre las distintas fracciones del peronismo, el dato político central es que la gestión Jalil llega a su etapa final manteniendo canales de cooperación con el Gobierno nacional en áreas decisivas: recursos, obras, rutas, minería y reforma política. La designación de Saadi aparece como mecanismo de continuidad provincial, mientras Jalil busca conservar capacidad de intervención en el escenario nacional. La transición, de este modo, no representa necesariamente un cambio de orientación, sino el reordenamiento de los actores que deberán administrar los acuerdos construidos durante estos años.