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Una fallida resolución sobre licencias por hijos e hijas a cargo durante la cuarentena, muy celebrada por las feministas de Página 12, quedó cajoneada después de que las patronales la vetaran. La resolución era una trampa que fingía ampliar derechos en el sector privado pero su único punto progresivo era que obligaba a pagar los salarios. Todo lo demás era un retroceso. Aun así, no pasó por la impugnación de las patronales.
La “resolución conjunta número 3” firmada por el ministro de Trabajo, Omar Moroni, y la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, era un retroceso si se la compara con las licencias de la Resolución 3/20 de marzo. Dice: “…la justificación de las inasistencias de los padres, madres o tutores a cargo de menores de edad que concurran a dichos establecimientos, mediante la debida certificación de tales circunstancias obrantes en sus legajos, encuadrando las inasistencias en razones de fuerza mayor…”.
Días después, se incluyó claramente al sector privado (decreto Nº 297/2020): “Los trabajadores y trabajadoras del sector privado tendrán derecho al goce íntegro de sus ingresos habituales” en los casos que estén incluidos en “grupos de riego, mayores de SESENTA (60) años de edad o embarazadas, a aquellas personas cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado de niños, niñas o adolescentes”.
La resolución vetada ayer por las patronales disminuía en 9 años ese derecho, ya que planteaba que quienes tengan hijos mayores de 6 años deberían cumplir con la totalidad de sus tareas, que podrían interrumpir en dos oportunidades para atender a sus hijos. ¿Acaso la “ministra de mujeres” piensa que un niño de 7 años se las arregla solo?
¿Qué pasó hasta ahora?
Las patronales, cuando otorgaban las licencias, reducían los salarios o no los pagaban. Esa fue la excusa para que Alcorta y Moroni sacaran una nueva resolución. Aunque limita las edades y los derechos, no fue satisfactoria para los patrones.
En los cien días de aislamiento obligatorio la Administración Pública Nacional aplicó las licencias de manera desigual. En algunos organismos se cumplieron y en otros aprovecharon aquello de: “la realización de tareas desde el lugar de aislamiento, cuando ello fuere posible” haciendo que el “ser posible” sea la regla y no la excepción. Las trabajadoras de Estado madres entregamos trabajos de madrugada o los fines de semana “en la medida de nuestras posibilidades”.
En la docencia no existió licencia alguna. Los docentes cargan con sus hijos y con los de todos los demás, preparan clases, corrigen, tratan de contener afectivamente y reparten alimentos de forma presencial cada 15 días.
Las trabajadoras esenciales de la salud pública no tienen derecho a licencia, aunque les cueste la vida: Esther Ledesma, enfermera del Hospital Gandulfo, pidió seis veces licencia por ser población de riesgo. Esther contagió a su mamá. Las dos murieron.
En el sector privado, las licencias se cumplen aún menos. Trabajadoras de la sanidad privada no tienen licencia, las de los call centers atienden los llamados de forma remota con las vocecitas cantarinas de fondo; las mercantiles no tienen ni reducción horaria- en el momento en que más facturan los comercios. Las tercerizadas de las empresas de limpieza recorren edificios públicos y privados sin la menor protección, siendo un vehículo de contagio y exponiendo su vida.
¿Perspectiva de género?
En los considerandos de la resolución muerta al nacer se decía que los menores de SEIS (6) años requieren de un cuidado directo que “dada la falta de corresponsabilidad en el cuidado, está afectando mayoritariamente a las mujeres y al Colectivo de Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis, Transgéneros, Intersex y Más (LGBTI+)”. Y agregaba que “la corresponsabilidad en las tareas de cuidado debe extenderse a todos los miembros del hogar, sea cual fuera su conformación, para evitar la feminización de estos trabajos y la sobrecarga de las mujeres”. Si un solo adulto está dispensado de sus tareas, ¿quién creen que será?
Lo que para Ely Alcorta alcanzaba para equilibrar las tareas domésticas era un acto de fe similar a que la ley Micaela convertirá a jueces y patrones en seres con empatía hacia las mujeres y su doble opresión. Justo a ellos, que se encargan de garantizarla para extraer la mayor plusvalía de nosotras y nuestras familias.
La “ministra de las mujeres” utiliza la “equidad” en beneficio de las patronales. Normar que un niño de 7 años tiene autonomía para organizar su día y su madre debe trabajar “hasta dos interrupciones por jornada” es reglamentar la doble opresión no en favor del padre sino del patrón. Contestar las obligaciones laborales, cocinar, atender las tareas escolares, contener emocionalmente, todo en simultáneo. Ya no es la jornada laboral seguida de la doméstica: están encimadas.
La ministra de las mujeres y el ministro de los trabajadores avanzaron en un proyecto que regala horas de trabajo al patrón y sienta un grave precedente. Que lo hayan frenado horas después de firmarlo, deja a las claras que empresarios y empresarias no están dispuestos a ceder ni un ápice a pesar de los subsidios a través de las ATP y los créditos a tasa cero.
No habrá normativa de Estado que frene el despotismo patronal ni siquiera mientras los chicos menores de 6 años están en casa. Habrá que arrancárselo con la organización y la fuerza de trabajadores y trabajadoras, el único lenguaje que entienden.
