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El virus COVID-19 ha pegado un salto en la provincia de Formosa, con 73 casos registrados. Las medidas de contención han fracasado y la circulación comunitaria del virus parece haberse iniciado. El gobierno de Gildo Insfrán actúa con gran impericia, generando angustia e incertidumbre en la población.
La llegada del COVID-19 a Formosa, tardía, puso rápidamente al descubierto la fragilidad sanitaria de la provincia y las limitaciones del gobierno para lidiar con la situación.
El gobierno creó el Consejo de Atención de la Emergencia COVID-19, que debutó con el licenciamiento del ministro de Desarrollo Humano José Luis Décima (so pretexto de un problema de salud). Sin embargo, el “licenciamiento” habría sido una medida preventiva desde el gobierno provincial porque Décima sería responsable de negociados con el deteriorado presupuesto destinado a la salud que harían sonrojar al mismísimo Insfrán.
Entre otras cosas, este consejo es el que informa diariamente a través de sus conferencias de prensa describiendo monocromáticamente acciones referidas a contagios, a números de infractores de la cuarentena, etc. Pero guarda en secreto la información sobre la capacidad real del sistema público de salud, ya que no se cuenta con información referida a cantidad de médicos, enfermeros, auxiliares, insumos e indumentarias ni, mucho menos, respiradores. A juzgar por el nivel y la velocidad de contagio, la capacidad del sistema de salud de la provincia resultaría insuficientes.
La mayoría de los contagios comenzó en los Centros de Alojamiento Preventivo donde se alojan las personas que llegan a la provincia y deben realizar un aislamiento de 14 días. El ministro González le ha sacado el cuerpo a la situación encubriéndose en “la velocidad de circulación viral”, transfiriendo la responsabilidad a la población por “descuidar las medidas preventivas individuales”. Sin embargo, el mismo ministro encabezó una rebelión contra el dictamen judicial que indicaba que estos Centros no se ajustaban a las normas establecidas por la Organización Mundial de la Salud en sus aspectos más elementales, como ser la realización de hisopados a la totalidad de los ingresantes y cantidad de personas por habitación.
Si bien el COVID-19 es el centro de atención y preocupación, la constante suba de precios en alimentos básicos, tarifazos en luz y agua, en la provincia donde se registran los salarios más bajos del país, agudizan las carencias de los hogares de los trabajadores formoseños. Los 164 mil beneficiarios de la IFE, ayuda que tendrá el destino de una gota en el mar, son una muestra de la frágil situación social de los trabajadores de Formosa. El aumento del 15% para los estatales, con el supuesto compromiso de revisión en junio, es una verdadera vergüenza, avalada por las burocracias sindicales oficialistas y también “opositoras”.
Por todo esto es que los trabajadores debemos abrir la deliberación y actuar en cada hospital, cada dependencia estatal y cada asamblea de barrio.
Desde la Tendencia del Partido Obrero planteamos como perspectiva un congreso provincial de delegados electos en asambleas, que reúna al conjunto de los trabajadores estatales y de la salud en particular junto a los desocupados.
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