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La crisis abierta con el Covid-19 en los lugares de estudio agudizó el derrumbe de la educación pública. La deserción estudiantil (fuerte en los primeros años en los terciarios y los CBC de las universidades) producto de la falta de recursos para atravesar las clases virtuales, es la regla. Es el resultado de la crisis económica que atraviesa a la Argentina con anterioridad a la aparición del Coronavirus, que viene golpeando sin tregua a las familias trabajadoras y que coloca a la virtualidad como instrumento de profundización de las diferencias sociales. La situación empeora con los despidos y suspensiones, el precario y tardío IFE y la eliminación de la asistencia alimentaria a comedores y merenderos.
El fracaso de la “continuidad pedagógica” es total. La casi inexistencia de entrega de becas, computadoras o acceso a Internet por parte del Estado coloca a los gobiernos nacionales, provinciales y municipales como los principales garantes del vaciamiento educativo.
Este 2020 no solo carece de presupuesto educativo nacional, sino que la pandemia ha sido la excusa perfecta de los gobiernos para embestir contra la comunidad educativa. Como botón de muestra, basta observar el caso de la Escuela de Arte de San Antonio de Areco, desmantelada por el gobierno municipal con la excusa de ser utilizada para alojar enfermos de Covid. La tendencia al cierre y privatización de los terciarios en la provincia es de larga data. Un gran porcentaje de ellos no cuenta con edificio propio, lo que vulnera su continuidad cada vez que se vencen los contratos de alquiler. Esta tendencia se fortalecerá con la pandemia, pues el Estado tendrá como pretexto una importante baja en las matrículas, causada por la deserción estudiantil que él mismo viene generando.
Una de las últimas resoluciones emitidas por el gobierno provincial, insta a los institutos terciarios a eliminar la promoción de materias, algo que ha despertado un revuelo entre estudiantes y docentes. La obligatoriedad de rendir una cantidad inmensa de finales será motivo de abandono de materias, sino de carreras completas, por cientos de estudiantes aplastados por la virtualidad. Un paso más allá fueron las autoridades del ISFDyT N°28, de la localidad de 25 de Mayo, quienes intentaron imponer las mesas postergadas de marzo con un fin de semana de anticipación a la primera de ellas. Párrafo aparte merece la situación docente. No solo los salarios no se han actualizado por la eliminación de la cláusula gatillo, sino que la carga horaria se ha incrementado de manera insoportable. La ausencia de un plan de capacitaciones que den las herramientas necesarias a los docentes para el uso de plataformas y programas informáticos ha convertido a las clases virtuales en un traumático berenjenal.
Mientras el gobierno de Axel Kicillof desembolsó sin patalear U$S 277 millones para el pago del bono BP21, la educación en la provincia, con o sin pandemia, se cae a pedazos.
Crece la organización
Estos ataques no han pasado sin reacciones. Por el contrario, existe la iniciativa, en desarrollo, a la organización. Tanto en la localidad de Azul como en Pergamino, diferentes institutos unen sus reclamos conformando Coordinadoras. Se han puesto en marcha Plenarios Educativos donde docentes y estudiantes ponen sobre la mesa las problemáticas que hoy enfrenta la educación pública y debaten una salida propia e independiente.
Desde la Tendencia de la Unión de Juventudes por el Socialismo llamamos a reforzar esta dirección. Es urgente la conformación de centros de estudiantes o cuerpos de delegados donde no los haya, que se pongan a la cabeza de organizar las luchas junto a los sindicatos docentes.
De extenderse la pandemia, deben abrirse espacios de debate para discutir junto a docentes y trabajadores de la educación la manera de continuar y organizar el vínculo académico. Es necesario resolver el problema de las evaluaciones y cómo calificar a los estudiantes que no puedan asistir de manera presencial. También rechazar la eliminación de las promociones. Organicemos asambleas en todos los lugares de estudio.
Por la defensa del salario docente, la capacitación integral a cargo del Estado y la defensa de todos los derechos laborales y educativos. Por un plan de incorporación masiva a la docencia donde se establezca un cupo máximo de estudiantes por comisión.
El Estado debe afrontar los costos necesarios para el acceso de estudiantes y docentes a los elementos tecnológicos y la capacitación necesarios. Por la liberación inmediata del depósito sin uso de las Conectar Igualdad y una inmediata ampliación del programa. Por la liberación de datos para quienes no cuenten con servicio de Internet. Por un plan de becas provinciales y municipales. Reapertura y ampliación del PROGRESAR.
No al pago de la deuda externa.
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