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Los diputados del Frente de Izquierda en la Legislatura porteña, Myriam Bregman, Gabriel Solano y Alejandrina Barry, han hecho circular una ‘rectificación’ de su voto a favor a un proyecto de ley acerca del antisemitismo. Se trata de la adhesión de Argentina a una resolución votada hace cuatro años por la “Alianza Internacional por el Recuerdo del Holocausto” (IHRA, por sus siglas en inglés). La ratificación de ese texto fue solicitada por el ministerio de Relaciones Exteriores (114/2020) a todos los parlamentos del país y a la Corte Suprema. La IHRA está solventada por las potencias imperialistas e Israel; Argentina es el único país latinoamericano entre sus 36 participantes. La ‘rectificación’ es un embuste, pero no por eso menos clarificador.
La Legislatura votó ese proyecto de ley el jueves 18 de junio, a libro cerrado. La “rectificación” se produjo ocho días más tarde, ante una avalancha de críticas resonantes de distintas organizaciones de izquierda, incluso pertenecientes al FIT-U. Pero incluso diez días antes de la votación, el 8 de junio, el proyecto ya había sido duramente denunciado por el Comité de Solidaridad con el Pueblo Palestino, que enseguida recibió el apoyo de numerosas personalidades, encabezadas por Pérez Esquivel y Nora Cortiñas. En la sesión de marras, la diputada de Autodeterminación y Libertad votó en contra de la propuesta, y enseguida difundió un comunicado que explicaba políticamente el rechazo.
El proyecto no fue tratado en bloque con otras cien leyes, como alegan los rectificados, sino por separado. La votación ‘en manada’ no fue de cien proyectos sino de 36, sin relación con el antisemitismo, votados con antelación al del que nos ocupa. Es cierto que se determinó que no hubiera discursos, pero hubo intervenciones, por ejemplo, de la legisladora del FdeT, Claudia Neira, que tuvo tiempo para agradecer por la iniciativa a las autoridades de la Comunidad Bet El. En la práctica parlamentaria, los discursos pueden ser sustituidos por textos con pedido de inserción en las actas de la sesión. De modo que la justificación del voto de adhesión a la resolución de la HIRA por un traspapeleo entre cien resoluciones votadas sobre tablas ese día, es una falta de respeto a los militantes y luchadores, lo mismo que la imposibilidad de expresarse sea en forma oral o escrita. La rectificación demorada, con conocimiento del tema, que se produce después de un aluvión de críticas, es por lo tanto una estafa política.
La rectificación aludida deja de lado el palabrerío sobre el papeleo, y señala que no habían advertido que al incluir a “las instituciones de las comunidades judías” entre los afectados por críticas y acciones antisemitas, la resolución estaba blindando al estado de Israel. Es decir que no fue el papeleo la causa del voto al proyecto sino una interpretación inadecuada de los papeles leídos. Esto, sin embargo, también es sorprendente, porque no hay ninguna razón semántica ni política para incluir a Israel entre las “comunidades judías”, en tanto se reivindica y actúa como un Estado. En Argentina, una de esas “comunidades” sufrió un atentado político criminal en 1994, y ya le había ocurrido en 1919, cuando los fascistas criollos la denunciaron como “bolchevique”. Muchos de los que critican el voto reciente de los legisladores se negaron y se siguen negando a condenar el atentado a la AMIA, sin tomarse el trabajo de distinguir una comunidad judía del estado sionista.
En verdad, el blindaje de la resolución de la IHRA al estado de Israel no se encuentra en el párrafo que se puso a votación, sino en el contexto político internacional, pues es el estado de Israel quien impulsa a la IHRA y la identificación entre judaísmo y sionismo, y el que denuncia la lucha contra el estado opresor nacional de Israel como antisemitismo. Esto debía bastar a diputados troskistas, no ya a votar en contra de este proyecto, no ya a denunciarlo sino por sobre todo a usar la tribuna parlamentaria para convocar a una campaña contra esta ley.
La filiación sionista de la resolución se encuentra, con todas las letras, en la parte de la resolución de la IHRA que el ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina no dio a conocer, o sea que ocultó. Es donde la IHRA afirma que: “Las manifestaciones (consideradas antisemitas) pueden incluir aquellas dirigidas al Estado de Israel, concebido como un colectivo judío. No se considera antisemita toda crítica que pueda ser similar a la critica a otros países”. La falacia de este planteo es indignante, pues viene a decir que es legítima toda crítica al estado de Israel, menos aquellas en la que invoca su condición sionista, como la expulsión de los palestinos para ‘recuperar’ el territorio bíblico de ese estado, que se extiende por otra parte a la otra orilla del Jordán. La IHRA condena, de este modo, a la Corte Penal Internacional, que denuncia a Netanyahu como criminal de guerra por los bombardeos a la población desprotegida de Gaza.
Felipe Solá reclama otorgar a la resolución de la IHRA rango constitucional, como un “tratado o convención de derechos humanos”. Judicializa, sin ambages, la lucha contra el sionismo como un disfraz, del antisemitismo.
En resumen, la ‘rectificación’ de los legisladores arrepentidos deja en claro la justificación de su voto: apoyar una condena abstracta del “antisemitismo”, e ignorar la campaña concreta del sionismo que exige interpretar como antisemita toda crítica y toda lucha contra la política criminal del estado de Israel. Los tres arrepentidos se han prestado a un juego contrarrevolucionario, con el pretexto de las ´definiciones´ pseudo democráticas.
Se plantea entonces la pregunta: ¿la izquierda debería suscribir un frente legal y constitucional con el macrismo y con la derecha, el centro y la izquierda del peronismo, en el caso de que obtenga una definición democrática de la lucha contra el “antisemitismo”? A esto apuntó el voto favorable al proyecto que adopta la resolución de la IHRA.
Los frentes contra toda forma de opresión no pueden ser verbales o declamatorios. Tienen que ser de lucha, prácticos. Deben además caracterizar al agente del antisemitismo, que no es otro que el fascismo – que no se iguala a los prejuicios de un trabajador, tomado en forma aislada. Los partidos patronales albergan a numerosos fascistas abiertos o disfrazados, ni hablar de las ‘fuerzas de seguridad’ apañadas por el estado y por esos partidos. No hay que olvidar la triple A del peronismo, ni la dictadura de los abuelos del macrismo. El fascismo norteamericano es pro-sionista. La resolución de la HIRA tiene un lado avieso, en el que nadie ha reparado – no condena el fascismo. Admite un fascismo laico, que no se meta con el sionismo y que funja como su aliado. Hay numerosos ejemplos de esto. Pero un fascismo que no sea anti-semita es un oxímoron: el fascismo es enemigo de cualquier autodeterminación. Por ejemplo, Israel nunca condenó los crímenes antisemitas de la dictadura, a la cual apoyó. ´Fino´ Palacios, el jefe de la metropolitana de Macri y amigo de las autoridades de Israel, ha sido acusado de encubridor de los responsables del atentado a la AMIA.
Manolo Romano, un dirigente de la segunda línea del PTS, escribió lo siguiente, el 26 de junio, en su muro de Facebook: ¿“ES CIERTO QUE... los Zamora boys votaron en contra del repudio al Holocausto en la legislatura porteña? Personalmente… Para mí Zamora no hubiera votado en contra si fuera diputado él mismo”. Como es sabido, la diputada de AyL votó en contra y denunció la resolución presentada.
Por supuesto que no es el repudio al Holocausto lo que estaba en discusión, y ningún socialista puede repudiarlo de la mano de Macri o el peronismo; es el pretexto para una adaptación parlamentarista. Los traspiés constantes que ha tenido el FIT en el parlamento, como la habilitación del presupuesto a Capitanich, la votación de la emergencia alimentaria, y varias otras como la que acaba de producirse en la Legislatura porteña, incluidos todos los proyectos orientados a parlamentarizar la crisis del Estado y las luchas sociales; esos traspiés obedecen a una política de amoldamiento al parlamentarismo, como escenario para el arribismo electoral, en perjuicio de su uso como tribuna de clarificación y de defensa de las posiciones socialistas revolucionarias.
Los ‘rectificadores’ hacen énfasis en su trayectoria de apoyo a la “causa palestina”, como una evidencia de que cometieron un error inadvertido. Las trayectorias, sin embargo, se ponen a prueba todos los días. Tampoco está en juego solamente la “causa palestina” -estamos ante la afiliación de Argentina a una alianza internacional con los Trump y los Netanyahu- que es una alianza de guerras imperialistas. De otro lado, la “causa palestina” ha sido históricamente saboteada por las direcciones palestinas. Como marxistas condenamos, de un lado, toda opresión nacional, y del otro no hacemos de las causas nacionales un fin en sí mismo, sino que las subordinamos a la revolución internacional.
Es evidente la urgencia política de los Fernández y de los aliados de ellos en el otro lado de la grieta, por apurar, en plena pandemia y aislamiento social, la adhesión legislativa e incluso judicial de la resolución de la HIRA. El derecho al aborto, en cambio, puede quedar para la próxima generación. Adoptada por el poder judicial, esta resolución dejaría establecido el delito de opinión, claro que contra la izquierda que combate la alianza internacional de las potencias capitalistas con el sionismo.
Advertimos que los Fernández pretenden cerrar “la grieta” en este punto, acosados por encontrar una salida a los procesos judiciales por la muerte no esclarecida del fiscal Nisman y el memorando de Argentina con Irán. Con más fuerza aún, advertimos que el apuro ocurre cuando es inminente el anuncio de Netanyahu de anexión de los territorios ocupados y del valle del Jordán. El pacto establecido para no tratar otros asuntos que no tengan que ver con la pandemia, será dejado de lado para hacer un servicio al sionismo.
La ‘rectificación’ no incluye esta consideración entre los daños que causa su ‘error’ inadvertido y la caracterización equivocada del proyecto puesto a votación. La ‘rectificación’ no rectifica haber admitido, sin denunciar, un proyecto de este alcance estratégico sin debate - tampoco no haber exigido el uso de la palabra. No hicieron esta vez la ‘clásica’ - denunciar los proyectos y luego votarlo; lo apoyaron sin peros. Tampoco han ejercido el derecho a presentar una delimitación por escrito, para la versión taquigráfica de la sesión. La ‘rectificación’ evita tener que dar una explicación política de una posición contrarrevolucionaria; es un pedido de disculpas por lo que presentan como una distorsión administrativa, cometida por tres representantes al mismo tiempo, incluso a pesar de las advertencias que ya habían puesto en su conocimiento.
Último, pero no menos importante: ¿por qué se ‘rectifican’ sólo los legisladores, y no lo hacen las direcciones políticas - incluso los partidos como un todo? La actividad parlamentaria es la que tiene que estar más sujeta al control de la base que cualquier otra, porque allí anida (junto a los aparatos sindicales) el arribismo político y la integración al estado. Izquierda Diario, dispuesta a competir contra el más pintado por la primacía de la información, dejó sus páginas en blanco sobre esta ofensiva del sionismo desde el mismo 4 de junio, cuando Solá lo largó en el Boletín Oficial.
La conducta de los legisladores ha sido cuestionada por diversos campos y con diversas razones. Ninguna de ellas puede esgrimir la autoridad de la crítica de nuestra corriente, la Tendencia del PO. Es lo que hemos venido señalando desde hace casi tres años. Los militantes del oficialismo y de toda la izquierda tienen la palabra.