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Hace pocos días, Ezequiel Moscoso emprendió una caminata desde la localidad de Monte Hermoso hacia la ciudad de Buenos Aires, más precisamente la Casa Rosada, en donde espera ser recibido por Alberto Fernández. Ezequiel es el tío de Kathy Moscoso, una joven de 18 años con retraso madurativo que fue asesinada en 2015 y cuyo crimen sigue impune.
El cuerpo de Katy fue encontrado luego de una semana de búsqueda en una zona previamente rastrillada. Las pericias indicaron que había sido enterrada viva. En el momento del hallazgo se produjo una pueblada que incendió literalmente la Comisaria del pueblo. En paralelo, también hubo incendios en la casa del Secretario de Seguridad de Monte Hermoso y de oficinas municipales con documentación, filmaciones vinculadas al caso, y una camioneta que contendría pruebas clave. Días después se produjo el linchamiento de un hombre señalado como testigo del entramado que rodea el femicidio. Esto sucedió luego de que la policía liberara la zona (según relatan familiares de Kathy y testigos en el juicio por el linchamiento).
En abril pasado, a poco de cumplirse 5 años del femicidio, la familia de Kathy difundió un comunicado donde denuncia directamente a distintos funcionarios del Estado como responsables de encubrimiento. La única imputada del caso hasta el momento fue una amiga de Kathy, quien también sufre de un retraso madurativo. Por encubrimiento hay más de veinte personas involucradas en su denuncia, entre ellas, los fiscales Del Cero, Foglia y Viego , comisarios, policías, funcionarios políticos, empleados municipales y bomberos. “No solo se encubre a quien mató a Kathy, sino todo el trasfondo de droga, narcotráfico y chicas explotadas” denunció el abogado de la familia entre otras irregularidades, como por ejemplo, la negación del permiso para acceder a la causa. Las setenta personas que han sido citadas a declarar lo hicieron exclusivamente por iniciativa de la familia, que también denuncian aprietes de funcionarios públicos contra testigos.
En ese entonces el secretario de seguridad de Monte Hermoso era Ricardo Triches (¡comisario separado de su cargo en Miramar por el femicidio de Natalia Melman!) ¡en cuya vivienda estaba el Centro de Monitoreo de Seguridad! Según los familiares, habría pruebas de sobra para demostrar que una de las personas que tuvo contacto con Kathy esa noche sería Mauro Fernández, el hermano de Marcos Fernández, entonces intendente de Monte (PJ-K) y dueño del local bailable donde asistió la joven. La denuncia quedó radicada ahora en el partido de Azul dificultando nuevamente el acceso a la misma por parte de la familia.
Los familiares durante estos cinco años, desde la aparición del cuerpo de Kathy apuntan como principal responsable al poder político de Monte Hermoso donde gobierna y gobernaba el PJ-K.
Ante este valiente emprendimiento, el intendente de Monte Hermoso Alejandro Di Chiara (FdT) respondió con una verdadera provocación, señalando por los medios que no permitirá el reingreso al pueblo de Ezequiel Moscoso bajo la excusa del COVID. En Monte Hermoso, el poder político está siendo apuntado como responsable de facilitar la prostitución de menores -especialmente de niñas vulnerables- junto al narcotráfico de drogas.
El femicidio de Kathy tiene que ser objeto de una campaña nacional discutida por todas las organizaciones de mujeres, de DDHH, políticas y sociales, en la cual se denuncie el entramado de encubrimiento que lo rodea. El caso encuentra parangón con otros como los de María Soledad Morales (Catamarca) y Paulina Lebbos (Tucumán), en el cual el poder político está involucrado directamente, o jugó un rol central en garantizar la impunidad de femicidas, narcos y proxenetas.
