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El acuerdo entre Fernández, Larreta y Kicillof, para seguir de cuarentena hasta el 17 de julio, apenas disimula que el ´gobierno de pandemia´ armado entre los tres está agotado. Lo dejó entrever Larreta en las últimas horas, al anunciar que la Ciudad habilitará una ´apertura´ de actividades a partir del 17, cualquiera sea la decisión de la nación o la provincia. De todos modos, el agotamiento se evidencia en el derrumbe económico y social, de un lado, y el evidente fracaso en la contención de la pandemia, del otro. El aislamiento obligatorio no puede remediar por sí solo las consecuencias de décadas de vaciamiento sanitario y miseria social.
Las manifestaciones políticas de este agotamiento se proyectan más allá de la pandemia. La negociación de la deuda ´en jurisdicción extranjera´ aparece cada vez más comprometida, a pesar de las continuas concesiones de Fernández-Guzmán. Es que los bonistas reclaman facilidades para litigar en el caso que Argentina, más temprano que tarde, entre en default. Como la crisis mundial vuelve una fantasía a la perspectiva del ´pago de la deuda con exportaciones´, un arreglo con los bonistas sólo puede prosperar con concesiones leoninas y garantías de un ajuste feroz. Un ala del gobierno se ha cortado sola en este empeño, como se ve en los acuerdos de Massa y Nielsen con el grupo de bonistas encabezados por los fondos Gramercy y Fintech. No es el único síntoma de desintegración del gobierno, si tenemos en cuenta los choques en la política de “seguridad”. Con el correr de los días, el Frente “de Todos” se torna el frente de “cada uno”.
Ese panorama del oficialismo podría llevar a festejos a la banda de Macri, Bullrich y compañía, si no fuera por el escándalo político y judicial que los coloca en el vértice de una red de espionaje. Los voceros de la oposición atribuyen esta escalada a los jueces kirchneristas y a la propia Cristina, que apuntaría a demostrar que las causas en su contra fueron originadas en esa misma usina de espías. Ello no exime a Macri y a su entorno de las evidencias acumuladas en su contra. Como presidente, Macri reprodujo el esquema de espionaje que había armado en la CABA con el ´Fino´ Palacios, y que lo puso al borde un juicio político del que fue salvado, en 2010, por el kirchnerismo.
“Consenso nacional”
El imparable declive económico, por un lado, y la fragmentación política, del otro, han colocado a los popes de la gran patronal en ´estado de alerta y movilización´. La voz de orden es: salvemos la gobernabilidad. Para eso, los jefes de la UIA -y también Duhalde- le habrían sugerido a Fernández desembarazarse de la otra Fernández. Pero el mismo mensaje le hicieron llegar a Larreta y a Vidal con relación a Macri. Bajo el lema “ni Macri ni Cristina”, se quiere prolongar al “trío de la pandemia” más allá de la cuarentena, y ensayar un gobierno de coalición de cara al escenario convulsivo que se viene. Al criticar la virulencia del juez Villena en la causa de los espías, el periodista Longobardi lamentó en TN que “el país se aleje de un consenso político en vísperas de un colapso social y económico inminente”. “Clarín” reclama acotar el alcance de la escalada judicial contra Macri, para salvar al acuerdo político que cogobernó la pandemia. Del lado del oficialismo, Capitanich le acaba de proponer un pacto de gobernabilidad al radicalismo chaqueño. Un sector del propio kirchnerismo -como De Pedro y Kicillof- podría anotarse en esta variante, asustado por el carácter explosivo del período que se viene. Algunos periodistas barajan incluso la incorporación de Melconian al gabinete económico FF, a cuenta, claro, del dúo Vidal-Larreta.
Pero las dificultades que plantea la prolongación del ´pacto político´ de la pandemia son tanto o más agudas que la agenda que debería resolver. Por un lado, acentuaría las tendencias a la disgregación en el Frente de Todos y en la oposición. En el gobierno, conduciría a un choque con la vicepresidenta. Es lo que hoy anticipa Berni, el “soldado de Cristina”, en sus provocaciones contra Fernández-Frederic. En la oposición, ese acuerdo plantearía el confinamiento del propio Macri. Contradictoriamente, un pacto de gobernabilidad conduciría a una mayor fragmentación de los bloques capitalistas en presencia, a un año de las elecciones de medio término.
Más allá de estas especulaciones, la tentativa de navegar por el medio de la crisis -en eso consiste el “trío de la pandemia”- es inviable, de cara a los tiempos que se vienen. El gobierno presentó a la intervención de Vicentin como “excepcional”, cuando la escalada de cierres y quiebras industriales en ciernes lo va a enfrentar a un reguero de situaciones similares. La salida al “colapso inminente” plantea, o la nacionalización y un plan económico único, o una reestructuración capitalista que pasa por la liquidación de capitales sobrantes, despidos y destrucción de conquistas laborales y jubilatorias. La primera variante está fuera del horizonte social del gobierno FF; la segunda, conducirá a una rebelión popular.
El movimiento obrero
La discusión de los políticos del régimen acerca de la post pandemia encierra, mientras tanto, un claro componente distraccionista – ni Argentina ni sus gobiernos ´salieron´ todavía…de la pandemia. El “trío” gobernante no puede conciliar la ´vuelta al trabajo´ (incluso parcial) con la agudización de los contagios. Hay un panorama de deliberación y de luchas en el movimiento obrero “esencial”. La pretensión de la patronal del transporte de pagarle fraccionado a los choferes por la caída en el número de pasajeros mete a la discusión salarial en un plano político, pues delata a la “economía de la pandemia” como un régimen de rescate al capital. Lo mismo ocurre con el número creciente de contagios en las industrias esenciales. El planteo de congresos de bases con mandato y plenarios en todos lados debe servir para coordinar acciones de lucha en defensa de la vida y el salario -protocolos obreros, paritarias, ningún despido- y por un programa de salida al fracaso del “gobierno de la pandemia”: nacionalización de la banca y la gran industria; desconocimiento de la deuda, plan económico único, votado en un congreso de trabajadores.
