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Apenas asumió, Alberto Fernández resolvió la creación del Ministerio de Desarrollo Territorial y Habitat. Ese ministerio tiene bajo su jurisdicción la "gestión" del suelo, que antes se encontraba bajo la Agencia de Bienes del Estado. ¿A dónde apunta esta transferencia?
Desde su creación en 2012, por el gobierno de Cristina Kirchner, la AABE ha actuado como una empresa de venta de tierras púbicas a favor de millonarios negocios para la especulación inmobiliaria. La venta directa de tierras es inconstitucional, ya que se ejecuta sin pasar por el Congreso. Ahora, la "gestión" del suelo pasa de una Agencia a tener rango ministerial, donde se le rinde cuentas únicamente al Ejecutivo Nacional. El nuevo gobierno no se aparta un ápice de la vieja orientación política, ya que incorpora a la A.A.B.E. al Ministerio como orientadora de las políticas para la venta del suelo que es propiedad del Estado.
Cooptación
El pasado 5 de mayo, el nuevo ministerio resolvió crear una "mesa intersectorial de políticas de suelo", como “ámbito participativo de debate” e integrada por “el sector público, el privado, las organizaciones gremiales, las universidades y las organizaciones civiles”. Es muy claro que esta mesa será meramente consultiva. Los intereses de trabajadores y vecinos son contrapuestos con los del "sector privado", principal interesado en el negocio inmobiliario. La mesa tiene como único fin la cooptación de las asambleas vecinales que surgieron a lo largo y ancho del país a raíz de la venta indiscriminada de tierras, y para neutralizar su accionar.
El Estado ha privatizado un millón y medio de hectáreas, y hay cerca de 500.000 ha a vender en lista de espera. La mayoría de estas tierras están en manos de empresas o personas extranjeras. Los más destacados compradores, en los últimos tiempos y en la actualidad son, entre otros, Templeton y BlacRock, los verdugos de la deuda externa. La apropiación de las tierras incluye no sólo el suelo sino el subsuelo y sus recursos. En conclusión: están preparando el terreno legal y las condiciones políticas para sumar a las tierras públicas como garantía de deudas de un Estado quebrado. Y, al mismo tiempo, no tener trabas legales para futuros negocios inmobiliarios. Lo que discute el gobierno es cómo relanzar el negocio inmobiliario sobre las tierras públicas, que ya se encontraba cuestionado bajo la gestión de la AABE.
Advertimos a las asambleas vecinales que están en marcha una política de cooptación por parte del Estado Nacional. Es necesario que las asambleas deliberen y coordinen un curso de acción independiente de esta política privatizadora.
